ITURRIAGA NEUMANN RAÚL EDUARDO CONTRA MINISTRA EN VISITA SEÑORA PAOLA PLAZA GONZÁLEZ

Hechos

VISTOS: Se reproduce la sentencia en alzada y se tiene además presente. 1°) Que, como cuestión preliminar, es menester indicar que constituye un principio general plenamente asentado en el orden jurídico nacional e internacional el que la o las penas impuestas mediante una sentencia condenatoria firme deben cumplirse en los términos y bajo la modalidad que ella misma establece; 2°) Que, en el Derecho interno, la única norma que se refiere a la materia es el artículo 687 del Código de Procedimiento Penal, que regula exclusivamente situación del condenado que cayera en enajenación mental -supuesto fáctico que no concurre en la especie-, disponiendo en tal caso que el juez dictará una resolución fundada declarando que no se deberá cumplir la sanción restrictiva o privativa de libertad, debiendo ser entregado a la autoridad sanitaria, un establecimiento para enfermos mentales o a su familia, guardador, o alguna institución pública o particular de beneficencia, socorro o caridad, bajo fianza de custodia y tratamiento, según el caso; 3°) Que, en consecuencia, como el ordenamiento jurídico interno carece de alguna otra una regulación destinada a resolver el asunto reclamado mediante la presente acción de amparo, aparece ineludible acudir al artículo 5° inciso segundo de la Constitución Política de la República y, en su mérito, recurrir al Derecho Internacional de los Derechos Humanos cuyos instrumentos jurídicos, normativos y orientativos, entregan insumos y lineamientos adecuados para dar respuesta a la problemática en análisis; 4°) Que, en este contexto, es efectivo que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, particularmente para el caso concreto la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de Edad, admite la excepcional posibilidad de modificar el régimen de cumplimiento efectivo en un centro penitenciario por una medida acorde a las particulares condiciones de salud que presenta un recluso mayor de edad. Co

Fundamentos

considerando 3°-, en su opinión esta también debería ser rechazada, atendido que la acción de amparo no constituye la vía para modificar las formas de cumplimiento de la pena, sino que ésta sólo cautela la libertad personal y la seguridad individual, tal como lo establece el artículo 19 N°21 de la Constitución Política de la República, derechos que, en este caso, no se encuentran perturbados por la resolución adoptada por la Ministra en Visita Extraordinaria que no dio lugar a la solicitud planteada. Regístrese y devuélvase. Rol N°38841-2025. Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R., la Ministra Suplente Sra. María Carolina Catepillán L., y los Abogados Integrantes Sres. Juan Carlos Ferrada B., y Eduardo Gandulfo R. No firma el Abogado Integrante Sr. Ferrada, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por ausente.

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Santiago, trece de octubre de dos mil veinticinco. VISTOS: Se reproduce la sentencia en alzada y se tiene además presente. 1°) Que, como cuestión preliminar, es menester indicar que constituye un principio general plenamente asentado en el orden jurídico nacional e internacional el que la o las penas impuestas mediante una sentencia condenatoria firme deben cumplirse en los términos y bajo la mo