BRAUCHLE/ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A.

Hechos

Vistos: Se reproduce únicamente la parte expositiva de la sentencia en alzada. Y se tiene en su lugar, y además, presente: Primero: Que, en estos autos, se interpone recurso de protección en contra de la isapre recurrida, por el acto calificado de ilegal y arbitrario consistente en realizar el ajuste del precio del plan de salud al porcentaje de cotización obligatoria (que asciende al 7%) ofreciendo a cambio beneficios que –en opinión del recurrente– no compensan adecuadamente el alza, lo que afecta las garantías constitucionales del artículo 19 numerales 2, 9 y 24 de la Constitución Política de la República. Segundo: Que, es preciso dejar asentado que en estos autos no se ha discutido por las partes que, con ocasión de la referida alza del plan de salud, se le haya otorgado al afiliado nuevos beneficios, cuya fiscalización - conforme a la normativa vigente- que le corresponde a la Superintendencia de Salud Tercero: Que, a efectos de dilucidar la controversia planteada en el presente recurso, es necesario consignar que el artículo 9 de la Ley N° 21.674 establece: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso octavo del artículo 188 del decreto con fuerza de ley N° 1, promulgado en 2005 y publicado en 2006, del Ministerio de Salud, de forma excepcional y por una sola vez, todos aquellos contratos de salud que tengan un precio pactado que sea inferior a la cotización legal obligatoria, se ajustarán al valor de dicha cotización. Este ajuste se realizará previa instrucción de la Superintendencia de Salud, la que podrá estar incluida en la circular que trata el artículo 2° de la presente ley u otra distinta. Respecto de los contratos de salud que sus precios finales hayan sido o deban ser adecuados de conformidad al artículo 2° de la presente ley, este ajuste operará sobre el valor del plan obtenido al aplicar lo dispuesto en el numeral 1) de dicho artículo. Previo a hacer efectivo el ajuste, la Institución de Salud Previsional deberá ofrecer a la persona afiliada nuevos beneficios. Asimismo, ofrecerá los planes alternativos cuyo precio pactado sea más cercano al valor de su cotización legal para salud y hayan sido comercializados dentro de los seis meses anteriores al ofrecimiento. Las condiciones generales de cada plan de salud ofrecido deberán ser las mismas que se estén ofreciendo a esa fecha a los nuevos contratantes del respectivo plan y no podrán importar una discriminación entre dichos afiliados. Para lo anterior, las Instituciones de Salud Previsional notificarán el ajuste a todas las personas afiliadas afectadas, dentro del plazo y en la forma que disponga la Superintendencia en la respectiva circular. En la misma oportunidad y forma, deberán informar de los beneficios y planes alternativos mencionados en el inciso anterior. La persona afiliada podrá optar por mantener su plan ajustado al nuevo valor con los beneficios ofrecidos, aceptar alguno de los planes alternativos, o bien desafiliarse de la Institución de Salud Previsional. En el evento de que nada diga, se entenderá que la persona acepta mantener su plan con los nuevos beneficios propuestos por la Institución. Con todo, dentro de los seis meses siguientes a la notificación, las personas afiliadas podrán solicitar cambiarse a alguno de los planes que les fueran ofrecidos por su Institución de Salud Previsional, para lo cual no se les podrá exigir una nueva declaración de salud, manteniéndose la entregada al momento de celebrar el contrato que fue ajustado”. Cuarto: Que, la Circular IF 470 de fecha 7 de junio de 2024, dictada por el Intendente de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, señala en el numeral 3 del título VII que: “La procedencia del ajuste excepcional a la cotización obligatoria no está condicionada al hecho de que también proceda la adecuación por cambio de tabla de factores a que se refiere al artículo 2° de la Ley. La única condición que impone la Ley para su procedencia es que trata de contratos de salud que tengan un precio pactado que sea inferior a la cotización legal obligatoria. Así, este ajuste a dicha cotización legal obligatoria se debe aplicar a todos los contratos que cumplan la condición, aún cuando no se les deba aplicar la adecuación a la TFU.” A su turno, en el numeral 4 agrega: “Sin embargo la aplicación del artículo 9° implica que, si bien el precio pactado se ajustará, este ajuste irá aparejado con nuevos beneficios o planes alternativos acordes al nuevo precio, lo que no ocurriría si se aplicara sólo el artículo 2°”. Quinto: Que, por su parte, el artículo 11 de la ley citada en el

Fundamentos

considerando segundo señala: “La Superintendencia de Salud fiscalizará todo aspecto que resguarde la correcta aplicación de los artículos 2° y siguientes de la presente ley. Para el cumplimiento de esta función, podrá requerir toda la información financiera, contable y operativa a las Instituciones de Salud Previsional y podrá tratar datos personales, para lo cual podrá requerir al Fondo Nacional de Salud, Ministerio de Salud y demás organismos públicos, instituciones privadas de salud y prestadores de salud, toda información agregada o desagregada, registro o dato que sea necesario. Los datos personales que sean obtenidos en este proceso estarán bajo la protección que establece la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. En el evento que las instituciones privadas señaladas en el inciso anterior no remitan la información dentro de los plazos establecidos por la Superintendencia de Salud o retarden injustificadamente su entrega, podrán ser sancionadas con las multas establecidas en los artículos 121, número 11, y 220 del decreto con fuerza de ley N° 1, promulgado en 2005 y publicado en 2006, del Ministerio de Salud”. Sexto: Que, tal como ha explicado anteriormente esta Corte Suprema, la naturaleza del contrato de salud corresponde a la de un contrato tipo, suscrito por adhesión, redactado y propuesto por una institución de salud previsional, pero también es un contrato parcialmente dirigido –al menos, respecto de algunas de sus cláusulas–, en particular como consecuencia de la intervención de la autoridad pública, esto es la Superintendencia de Salud, que en presencia de reglas de orden público de protección debe instar por la consideración y respeto de los intereses de los afiliados. Al respecto, es pertinente subrayar que, si bien, la obligación del referido órgano regulador se puede ejercer a instancia de la persona interesada, nada obsta que la institución referida la ejerza de oficio, en coherencia con el fin de su labor. Séptimo: Que, en este orden de ideas, es preciso dejar sentado que el ajuste del precio del plan de salud al porcentaje de un mandato legal sólo exige al efecto ofrecer a la persona afiliada a saber, “nuevos beneficios” y “planes alternativos”. Al respecto, resulta ilustrativa la historia de la ley, que en el Informe de la Comisión Mixta en Sesión 19, Legislatura 372, de 12 de mayo, 2024 consigna que la Ministra de Salud, doña Ximena Aguilera, refiriéndose al borrador de "protocolo de entendimiento" alcanzado entre el Ejecutivo y la gran mayoría de los integrantes de la Comisión Mixta acordó que la aplicación de la tabla de factores debe ser simultánea con la implementación de los contratos vigentes que deben ir a la cotización legal de 7%, para lo cual se deben ofrecer a los usuarios nuevos beneficios, todo ello en un solo momento o tiempo. Octavo: Que, en consecuencia, la disconformidad de la afiliada con la oferta recibida no puede considerarse por sí sola una afectación a un derecho constitucional indubit

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Santiago, treinta de julio de dos mil veinticinco. Vistos: Se reproduce únicamente la parte expositiva de la sentencia en alzada. Y se tiene en su lugar, y además, presente: Primero: Que, en estos autos, se interpone recurso de protección en contra de la isapre recurrida, por el acto calificado de ilegal y arbitrario consistente en realizar el ajuste del precio del plan de salud al porcentaje de