MARIA VICTORIA YAÑEZ ROJAS / AGENTES DEL ESTADO

Hechos

VISTOS: Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción del

Fundamentos

considerando trigésimo cuarto, el cual se suprime. Y, TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE: 1°) Que, conforme se detalla en la contestación de la acusación fiscal, la defensa planteó la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y, en su mérito, solicitó que la pena dictada, en caso de ser privativa de libertad, se decrete su cumplimiento en el domicilio de los condenados, justificando ello en la avanzada edad de los sentenciados, 92 años en el caso de Reyes Basaur, 87 años respecto de Santibáñez Obreque, 90 años en relación a Hevia Febres y 71 años en torno a la inculpada Ulloa Ovalle. 2°) Que, en esta materia, por la edad de los referidos encartados y por señalarlo así el inciso final del artículo 1° de la Ley 19.828, ellos integran el grupo etario denominado como adultos mayores de la cuarta edad y, en su favor, cobra plena aplicación la aludida Convención pues este instrumento internacional se encuentra incorporado al ordenamiento jurídico nacional a través del artículo 5° de la Carta Fundamental y en cuyo texto se establece una obligación insoslayable para el Estado como parte firmante del mismo, en cuanto se compromete a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, sin discriminación de ningún tipo, entendiendo que, en este caso, se trata del juzgamiento de adultos mayores que encuadran, en plenitud, en lo que entiende la Convención como “persona mayor”, de allí que existe una responsabilidad y un compromiso internacional en torno a su aplicación que no puede rehuirse bajo la premisa que no existe un cuerpo normativo nacional que prevea la situación penitenciaria de los condenados por crímenes de lesa humanidad, lo cual los colocaría en una situación discriminatoria que no es tolerable, sobre todo si el inciso final del artículo 13 de la Convención establece: “Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.”. 3°) Que, sobre este último aspecto – la falta de regulación –, es pertinente recordar que nuestra Carta Fundamental, lo cual es replicado en el Código Orgánico de Tribunales, establece con claridad que son los tribunales de justicia a los que les corresponde la misión de conocer de los conflictos, juzgarlos y hacer ejecutar lo juzgado, siendo esto último un aspecto que, en doctrina, se le ha denominado como el tercer ámbito del derecho penal o derecho penal ejecutivo que, algunos, lo sitúan más bien en una rama del derecho administrativo, siendo una de las principales tareas del servicio público a cargo de Gendarmería de Chile. En tal sentido, tal como expone el destacado autor nacional, don Carlos Künsenmüller L., “el derecho penitenciario, que

Fallo

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 514, 527 y 534 del Código de Procedimiento Penal, I. Que, se CONFIRMA la sentencia apelada, dictada con fecha siete de septiembre de dos mil veintitrés, por el Ministro en Visita Extraordinaria, don Max Antonio Cancino Cancino, en la causa Rol N° 93-2016, CON DECLARACIÓN que, a los sentenciados Juan de Dios Reyes Basaur, Sergio Hevia Febres y Héctor Vicente Santibáñez Obreque, para el cumplimiento de la pena impuesta en estos autos, se le concede la modalidad de reclusión domiciliaria total, controlada mediante el monitoreo telemático respectivo. El tribunal de ejecución dispondrá la realización del informe de factibilidad técnica, debiendo, en caso que el resultado de aquel sea negativo, disponer una medida de control distinta que asegure la supervigilancia de la pena por parte de la autoridad penitenciaria que corresponda. II. Que, se mantienen las decisiones del tribunal de alzada, en orden a aprobar el fallo consultado de fecha siete de septiembre de dos mil veintitrés, en aquella parte que absuelve al inculpado Eduardo Mauricio Núñez Contreras, del cargo de haber sido autor del delito de secuestro con grave daño en la persona de María Victoria Yáñez Rojas. En un mismo sentido, se aprueban los sobreseimientos definitivos y parciales consultados de fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, escritos a fojas 450, 450 vuelta y 1156, en relación a Alejo Esparza Martínez; de veintiséis de agos

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Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco. En cumplimiento a lo ordenado por la decisión precedente y teniendo en consideración, además, lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta el siguiente fallo. VISTOS: Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción del considerando trigésimo cuarto, el cual se suprime. Y, TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE: 1°) Que,