CASTEDO SOLIZ PAULA ANDREA CONTRA SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Hechos

Vistos: Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus

Fundamentos

fundamentos séptimo a decimo cuarto, que se eliminan. Y se tiene en su lugar y, además, presente: 1°) Que el artículo 7 de la Ley N° 21.325 dispone que “El Estado promoverá que los extranjeros cuenten con las autorizaciones y permisos de residencia o permanencia necesarios para su estadía en el país, y para el desarrollo de sus actividades y el ejercicio de sus derechos, de conformidad con la Constitución Política de la República, la ley y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.” 2°) Que se incumple por la Administración dicha obligación de protección y respeto del derecho a un procedimiento racional y justo, así como de promoción de la obtención de las autorizaciones y permisos de residencia o permanencia, al rechazar, el diecinueve de julio de dos mil veinticuatro, la solicitud de residencia temporal, fundando esa determinación en no haber allegado certificado de antecedentes apostillado o debidamente legalizado, sin que se le haya otorgado un tiempo prudente para su obtención, máxime si todo indica que la amparada no se impuso de la resolución de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, por lo que el plazo de 10 días concedido el treinta de octubre del mismo año -para acatar las observaciones hechas por la administración- resultaba insuficiente a la luz de la naturaleza de los trámites demandados. Desde esa perspectiva, no es posible pasar por alto las graves consecuencias que conlleva para la amparada la decisión adoptada por la recurrida, teniendo especialmente presente que aquélla ha acreditado arraigo familiar y laboral en el país, ha residido en Chile por más de 6 años y con anterioridad le ha sido otorgada residencia temporal por la autoridad migratoria. 3°) Que por todo lo anterior, la actuación recurrida resulta, en definitiva, ilegal por desproporcionada a la luz de los antecedentes acreditados en esta sede, todos los cuales deben ser reevaluados por la autoridad migratoria para determinar la idoneidad de la medida, razones todas que llevarán a acoger la presente acción constitucional con el propósito de adoptar las medidas conducentes para restablecer el imperio del derecho. Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, se revoca la sentencia apelada de doce de septiembre de dos mil veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en el Ingreso Corte N°2403-2024, y en su lugar

Fallo

se declara que se acoge el recurso de amparo interpuesto a favor de la ciudadana boliviana Paula Andrea Castedo Soliz, por lo que se deja sin efecto la Resolución Exenta N° 24350558 de diecinueve de julio de dos mil veinticuatro que rechazó la solicitud de residencia temporal y conjuntamente dispone el abandono del país de la amparada, debiendo la autoridad recurrida continuar con la substanciación del procedimiento administrativo incoado y pronunciarse sobre el fondo de la petición, otorgando previamente a Paula Andrea Castedo Soliz un nuevo plazo de sesenta (60) días para efectos de incorporar la documentación requerida faltante. Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Matus, quien fue del parecer de confirmar la decisión apelada en virtud de sus propios fundamentos. Regístrese y devuélvase. Rol N°47.957-2024.

Texto Completo (Preview)

Santiago, tres de octubre de dos mil veinticuatro. Vistos: Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus fundamentos séptimo a decimo cuarto, que se eliminan. Y se tiene en su lugar y, además, presente: 1°) Que el artículo 7 de la Ley N° 21.325 dispone que “El Estado promoverá que los extranjeros cuenten con las autorizaciones y permisos de residencia o permanencia necesarios para su