BUSTOS TOLEDO JOSE CONTRA CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Hechos

Vistos: De la sentencia de única instancia dictada por el Primer Juzgado de Letras de Angol, se reproducen sus

Fundamentos

motivos primero a décimo quinto, eliminándose los demás y el párrafo final del considerando décimo cuarto Asimismo, se reproducen los motivos sexto a decimoctavo de la sentencia de unificación de jurisprudencia que antecede. Y se tiene, además, presente: 1º.- Que, para resolver la litis, se debe establecer si el demandante en el ejercicio de las funciones que le fueron encomendadas, desplegó un quehacer específico y acotado en el tiempo -como lo ordena el artículo 11 de la Ley N° 18.834-, o si, por el contrario, desarrolló una labor permanente bajo las condiciones de subordinación y dependencia de su mandante. 2°.- Que, en relación con la manifestación del ejercicio de la subordinación y dependencia, la prestación de servicios en forma permanente durante seis años en forma continua para el servicio en labores que le son propias en recintos de la entidad; la existencia de beneficios propios de un contrato de trabajo como licencias médicas y permisos especiales, y el hecho que las funciones se prestaban en horarios fijados previamente, respecto de programas con permanencia en el tiempo, son antecedentes suficientes para concluir que el actor se desempeñó en aquella calidad. 3°.- Que, atendida la presencia de los supuestos fácticos establecidos, se concluye de manera inconcusa que el demandante desarrolló para la demandada una labor de manera dependiente, por cuenta ajena y por la cual recibió mensualmente una retribución monetaria, es decir, en las condiciones señaladas en el Código del Trabajo, puesto que sus funciones se extendieron en el tiempo y bajo las órdenes de aquélla, de manera que, en esas circunstancias, la naturaleza de la relación contractual es de carácter laboral, al cumplirse los requisitos que contempla el artículo 7 del Código del Trabajo y, por lo tanto, no se circunscribe a la descrita en el artículo 11 de la Ley N° 18.834. 4º.- Que, sobre la base de los hechos asentados y su calificación jurídica, resulta evidente que el término de los servicios del actor se produjo el 31 de diciembre de 2021 por despido verbal, amparándose en una contratación a honorarios permitida por la ley, la que, como se dijo, no fue tal, sino que se trató de una relación de naturaleza laboral que genera las consecuencias propias de esa vinculación, establecidas en el Código del ramo, debiendo accederse a las indemnizaciones y compensaciones reclamadas por el demandante en la forma que se indicará. 5º.- Que, en cuanto a lo pretendido por el actor por concepto de nulidad del despido, considerando que el

Fallo

fallo sólo constató una situación preexistente, debe entenderse que la obligación de enterar las cotizaciones previsionales se encuentra vigente desde que comenzaron a pagarse las remuneraciones por parte del empleador, esto es, desde la data en que las partes iniciaron realmente la relación laboral. No obstante lo expuesto, tratándose, en su origen, de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado –entendida en los términos del artículo 1° de la Ley N° 18.575–, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la referida institución, cual es que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido. En otra línea argumentativa, la aplicación –en estos casos–, de la institución contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que, para ello, requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido. Por lo razonado, no procede aplicar la nulidad del de

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Santiago, tres de abril de dos mil veinticuatro. Dando cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 483 C del Código del Trabajo, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo en unificación de jurisprudencia. Vistos: De la sentencia de única instancia dictada por el Primer Juzgado de Letras de Angol, se reproducen sus motivos primero a décimo quinto, eliminándose los demás y el párra