MARCANO/A.F.P. UNO S.A.

Hechos

Vistos y teniendo presente: Primero: Que María Angelica Marcano Escobar, de nacionalidad venezolana, interpone acción de protección constitucional en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en haber rechazado su solicitud de retiro de fondos para extranjero al amparo de la Ley N°18.156, lo que vulnera los derechos garantizados en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República. Expone que el 27 de octubre de 2025 presentó su solicitud de la devolución de fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley 18.156 y por medio de correo electrónico de 18 de febrero de 2026 se le informó el rechazo de su solicitud, fundándolo en que “…Certificado Institución de Seguridad Social: Las Certificaciones electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana y sin que señalen las coberturas con que cuenta el afiliado y respecto de las cuales no se pueda inferir un determinado período de cobertura, cuando se limitan a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano no sirven para acreditar afiliación”. Refiere que el sentido de la ley 18.156 en sus artículos 1° y 7° es claro al señalar que el técnico solo tiene que estar afiliado a la seguridad social de su país de origen, manifestar en el contrato de trabajo o en sus anexos la voluntad de mantener la afiliación referida y en el caso de que ellos registraren cotizaciones en una AFP podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, por lo que la recurrida desatiende el sentido literal de la ley, aunado al hecho de incorporar requisitos que no están expresamente señalados, lo que se traduce en un actuar arbitrario e ilegal. Refiere que el rechazo de la recurrida desconoce la validez de instrumentos auténticos y verificables electrónicamente, i

Fallo

Por tanto, la Superintendencia concluye que no procede la devolución solicitada, reiterando que la ley N°18.156 debe interpretarse de manera restrictiva y solo aplica cuando se cumplen todas las condiciones copulativas exigidas. Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental. Quinto: Que, en este caso, el objeto del recurso es determinar si el rechazo de la solicitud de la devolución de fondos impetrada por la recurrente a A.F.P UNO S.A. constituye un acto arbitrario e ilegal que afecte el derecho a la igualdad ante la ley y el de propiedad de la recurrente. Sexto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, e

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San Miguel, veintisiete de mayo de dos mil veintiséis. Vistos y teniendo presente: Primero: Que María Angelica Marcano Escobar, de nacionalidad venezolana, interpone acción de protección constitucional en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en haber rechazado su solicitud de retiro de fondos para extranjero al amparo