ORTIZ GARCIA JOSE GREGORIO/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Hechos

VISTOS: Comparece Marcela Cristina Giacaman Pérez, abogada, en favor de JOSÉ GREGORIO ORTIZ GARCÍA, de nacionalidad venezolana, quien deduce acción constitucional de amparo en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, impugnando la Resolución Exenta N.º 2500100311429, de 11 de diciembre de 2025, mediante la cual se rechazó su solicitud de residencia definitiva, se dispuso su abandono del territorio nacional dentro del plazo de quince días y se le impuso prohibición de ingreso al país por el plazo de cinco años, por estimar que dicho acto es ilegal y arbitrario y vulnera su derecho a la libertad personal y seguridad individual, solicitando dejar sin efecto el acto impugnado y, en su lugar, otorgar la residencia definitiva, así como adoptar las demás medidas necesarias para reestablecer el imperio del derecho. Informa el Servicio Nacional de Migraciones, al tenor de la acción deducida. Puesta la causa en estado, se trajeron los antecedentes para dictar sentencia. CON LO RELACIONADO Y

Fundamentos

CONSIDERANDO: PRIMERO: Que la presente acción cautelar se funda en que el amparado ingresó al territorio nacional y obtuvo una visa de residencia temporal, procediendo con fecha 29 de mayo de 2023 a presentar una solicitud de residencia definitiva. Refiere que fue notificado de la Resolución Exenta N.º 2500100311429, de 11 de diciembre de 2025, la cual rechaza su solicitud y ordena su abandono del país. Expone que el motivo esgrimido por la autoridad para adoptar tal decisión, consistente en no haber acompañado el certificado de antecedentes penales de su país de origen y su contrato de trabajo, es falso. Afirma que dichos documentos fueron acompañados tanto al inicio del trámite como en la oportunidad en que el Servicio Nacional de Migraciones emitió un aviso de previo rechazo solicitándolos. Sostiene que la medida decretada resulta desproporcionada, ilegal y arbitraria, por cuanto el amparado tiene toda su vida en Chile, no ha cometido delitos y se dedica al trabajo, de manera que la orden de abandono vulnera el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual aseguradas en el artículo 19 N.º 7 letra b) y en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, particularmente en su dimensión ambulatoria. Finalmente, solicita que se tenga por interpuesta la acción, se acoja el recurso, se deje sin efecto la orden de abandono del país impuesta mediante Resolución Exenta N.º 2500100311429, de 11 de diciembre de 2025, y se ordene otorgar la residencia definitiva, con expresa condena en costas. SEGUNDO: Que evacúa informe don Guillermo Quezada Bruzzone, abogado de la Dirección Regional de Antofagasta del Servicio Nacional de Migraciones, quien solicita el rechazo de la acción, sosteniendo que el 17 de abril de 2023 el amparado presentó su solicitud de residencia definitiva, la cual no pudo prosperar. Al revisar los antecedentes, la autoridad constató que el extranjero no acreditó actividad lícita en el país, sustento económico, ni acompañó certificado de antecedentes penales debidamente legalizado o apostillado. Señala que, mediante comunicación electrónica de 10 de abril de 2024, se notificó al interesado las observaciones detectadas, otorgándole un plazo de diez días para acompañar antecedentes destinados a subsanar las deficiencias y desvirtuar las causales de rechazo informadas. El Servicio determinó que los nuevos antecedentes aportados no lograron subsanar las omisiones. Agrega que, debido a lo anterior, mediante Resolución Exenta N.º 2500100311429, de 11 de diciembre de 2025, se rechazó la solicitud de residencia definitiva por no cumplir los requisitos legales, dictándose en consecuencia la orden de abandono del territorio nacional dentro del plazo de quince días y una prohibición de ingreso por cinco años. Respecto al contrato de trabajo aportado por el recurrente en sede judicial, fechado el 26 de septiembre de 2022, alega que su sola existencia no resulta suficiente para acreditar estabilidad laboral ni sustento económic

Fallo

por tanto un deber constitucional que debe cumplir cualquier órgano del Estado, en el ejercicio de sus potestades, sean regladas o discrecionales. QUINTO: Que tales atribuciones conforman una herramienta de la autoridad administrativa que se caracteriza por otorgar un margen acotado de libertad para decidir de una manera u otra, pero no obstante ello, jamás puede invocarse para encubrir una arbitrariedad que prive, perturbe o amenace los derechos fundamentales de alguna persona, pues por aplicación del artículo 6 de la Constitución Política de la República, la autoridad está obligada a respetar todas las normas del texto constitucional, entre las que se incluye el derecho a la libertad personal y al debido proceso. SEXTO: Que, del mérito de las alegaciones y antecedentes acompañados a la presente causa, la controversia sometida al conocimiento y resolución de esta Corte consiste en determinar si la Resolución Exenta N.º 2500100311429, dictada por el Servicio Nacional de Migraciones con fecha 11 de diciembre de 2025, constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnere la garantía consagrada en el artículo 21 de la Constitución Política de la República. Específicamente, corresponde dilucidar si el rechazo de la solicitud de residencia definitiva y la consecuente orden de abandono resultan injustificados a la luz de las alegaciones de la recurrente respecto a haber aportado la documentación requerida por la autoridad migratoria durante la tramitación del procedimiento administr

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Antofagasta, veinticinco de mayo de dos mil veintiséis. VISTOS: Comparece Marcela Cristina Giacaman Pérez, abogada, en favor de JOSÉ GREGORIO ORTIZ GARCÍA, de nacionalidad venezolana, quien deduce acción constitucional de amparo en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, impugnando la Resolución Exenta N.º 2500100311429, de 11 de diciembre de 2025, mediante la cual se rechazó su solicitud de