GARABITO/ODI

Hechos

Vistos: Con fecha 10 de octubre del año 2025, comparece don Sergio Ernesto Garabito Tapia, cédula nacional de identidad 7.853.253-K, domiciliado en Quebrada Las Chipanas, comuna de Chimbarongo, quien interpone recurso de protección en favor de Rosa Elena Tapia Zúñiga y en contra de Víctor Hugo Odi quien, a su juicio, sin derecho o justificación normativa, ha ejecutado actos ilegales y arbitrarios de perturbación de garantías constitucionales. Expone que la recurrente tiene 93 años, padece un delicado estado de salud, respaldado por informe de evaluación cognitiva, conductual y funcional y, en la actualidad, se encuentra totalmente incomunicada debido al bloqueo del camino, producido por la acción del recurrido, quien procedió a bloquear una servidumbre de tránsito que ha sido ocupada por más de 100 años como un camino, la que cerró poniendo un candado que impide el ingreso. Expone que el presente recurso tiene como fundamento las acciones de auto tutela ejercidas por el recurrido que perjudican a su parte, al limitar el acceso, a través de una servidumbre de tránsito que existe en el predio, que tiene una data de tiempo inmemorial, de más de 100 años, y que ha sido bloqueada arbitrariamente, obstaculizando el libre tránsito que se ha realizado por dicho camino, perjudicando a la familia poder asistir a un adulto mayor que, mantiene una condición de salud delicada. Solicita, en definitiva, se acoja el recurso y se adopte todas las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar su debida protección ante el actuar arbitrario e ilegal, con costas. A folio 22, comparece el recurrido, quien evacúa el informe requerido, alegando la improcedencia de la acción por cuanto, no es efectivo que exista en el sitio reclamado una servidumbre, así como tampoco un camino público ni de propiedad del recurrente, ya que nunca ha existido un camino de libre tránsito. Agrega, que es el único y exclusivo dueño del predio denominado Hijuela Número Oc

Fundamentos

considerando: 1.- Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio. 2.- Que, el acto que se considera como ilegal y arbitrario, corresponde a la instalación por parte del recurrido de un candado, en un camino de servidumbre que ha sido utilizado desde antigua data, que impide el acceso a la propiedad de la recurrente, que es una persona adulta mayor que presenta variadas enfermedades. 3.- Que, por su parte, el recurrido alego la improcedencia de la acción por no existir una servidumbre legalmente constituida, ya que el acceso por el cual se pretende transitar corresponde a un camino interior de su propiedad privada, que fue cerrado legítimamente para proteger la seguridad y controlar el predio, existiendo otros accesos que permiten el ingreso de la actora a su propiedad, sin que exista una obligación de mantener abierto un portón de uso privado. 4.- Que, para resolver el asunto sometido a conocimiento de esta Corte, cabe señalar que por el presente recurso se sostiene que el recurrido impediría el acceso a la propiedad de la Sra. Tapia, mediante la instalación de un candado en el portón de un camino de servidumbre y, por su parte, el recurrido afirma que no existe la servidumbre señalada, agregando que el actor no ha acreditado mediante instrumentos que ello sea efectivo y, de los antecedentes incorporados al proceso, tampoco es posible determinar con certeza aquello. 5.- Que, lo informado por Carabineros de Chile tampoco aclara la situación, toda vez que se limitó a constatar la entrega de las llaves del cuestionado candado. 6.- Que, en consecuencia, no se ha logrado establecer, como un hecho indubitado, la afectación de las garantías constitucionales invocadas por la actora. En efecto, debe recordarse que el recurso de protección reviste un carácter cautelar y urgente, destinado a restablecer de inmediato el imperio del derecho frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que impliquen una vulneración manifiesta de derechos fundamentales. Para su procedencia resulta indispensable la concurrencia de una situación fáctica previa, clara y no controvertida, presupuesto que en la especie no se configura, toda vez que para determinar si el portón cuestionado se encuentra en una servidumbre de tránsito o no y que con ello se afecta el acceso al domicilio de la Sra. Tapia, es requisito previo acreditar que la servidumbre invocada realmente existe, lo que no aparece demostrado en autos. Tal cuestión, por su naturaleza, excede el ámbito propio de esta acción cautelar, que no constituye una vía idónea para declarar, constituir o modificar derechos, sino únicamente para amparar aquellos

Fallo

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de Rosa Elena Tapia Zúñiga, en contra de Víctor Hugo Odi. Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad. Rol Corte 1629-2025-Protección.

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C.A. de Rancagua Rancagua, diecinueve de mayo de dos mil veintiséis. Vistos: Con fecha 10 de octubre del año 2025, comparece don Sergio Ernesto Garabito Tapia, cédula nacional de identidad 7.853.253-K, domiciliado en Quebrada Las Chipanas, comuna de Chimbarongo, quien interpone recurso de protección en favor de Rosa Elena Tapia Zúñiga y en contra de Víctor Hugo Odi quien, a su juicio, sin derecho