BARBOSA/ELIZALDE

Hechos

Vistos y teniendo presente: Primero: A folio 1, comparece el abogado don Pablo Daniel Peñaloza Parra, por sí y a favor de don Jorge Enrique Pirela Valero, empleado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°25.274.915-2 y doña Yuliana Barbosa Arana, empleada, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°25.317.231-2 e interpone acción de protección de garantías constitucionales en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por don Luis Eduardo Thayer Correa, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representado por don Álvaro Antonio Elizalde Soto, y de la Subsecretaría del Interior, representada por don Víctor Ramos Muñoz, por la omisión ilegal y arbitraria consistente en no emitir el decreto que pone término al proceso de carta de nacionalización, vulnerando la garantía constitucional de igualdad ante la ley prevista en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 24 y 27 de Ley 19.880, el artículo 84 de la Ley 21.325 y el artículo 2 del Decreto 5142 del Ministerio del Interior. Relata que en la actualidad los recurrentes mantienen residencia definitiva vigente en el país y con fecha 04 de abril de 2022, presentaron solicitudes de cartas de nacionalización, efectuando el pago íntegro correspondiente. Indican que, hasta la fecha no ha recibido respuesta por parte del Servicio Nacional de Migraciones ni se ha emitido el proyecto de decreto respectivo con los informes correspondientes para su remisión al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para que éste dicte el acto terminal, conforme al artículo 1 del Decreto Supremo N° 5.142. En mérito de lo expuesto y previas citas legales, solicita se ordene a los recurridos a emitir pronunciamiento respecto de las solicitudes de carta de nacionalización en un plazo máximo de 60 días, conforme al artículo 84 de la Ley 21.325 y el Decreto N°5142 del Ministerio del In

Fundamentos

motivos plausibles para litigar. Afirma que no existe omisión arbitraria ni ilegal, ya que las solicitudes son sometidas a un análisis exhaustivo, lo que puede implicar una tramitación más extensa, atendida la relevancia jurídica y práctica de la nacionalización. Precisa que se trata del ejercicio del derecho de petición del artículo 19 N°14 de la Constitución, respecto del cual la autoridad no está obligada a acceder, sino que resolverá conforme al cumplimiento de requisitos y estándares internos. Tercero: A folios 11 y 20 comparece don Diego Núñez Pesenti, abogado en representación del Servicio Nacional de Migraciones, quien solicita el rechazo del recurso por no existir un acto u omisión que pueda ser calificado como ilegal o arbitrario y que vulnere alguna garantía fundamental de la parte recurrente. En cuanto a los antecedentes de hecho, indica que los recurrentes ingresaron por primera vez al país con fecha 26 de septiembre 2015 y 10 de febrero de 2016, por el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Luego, mediante Resoluciones Exentas N°163082 de 28 de junio de 2017 y N°175344 de 12 de julio de 2017, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, se otorgó a los recurrentes permanencia definitiva en el país, permiso de residencia que se encuentra actualmente vigente. Indica que, con fecha 04 de abril de 2022 solicitaron a esa autoridad migratoria mediante plataforma web de trámite de ese servicio, carta de nacionalización N°27501455 y N°27502331 y, luego de haber pasado todas las etapas de análisis respectivas, ese Servicio, con fecha 22 de noviembre y 11 de agosto, ambos del año 2023, remitió al Sr. Subsecretario de Interior los Oficios Ordinarios N°94044 y N°72.049, por medio del cual se acompañó a dicha autoridad: ● El expediente íntegro del procedimiento administrativo respectivo. ● La calificación de este Servicio respecto de la solicitud del recurrente. ● El proyecto de decreto respectivo, dejado a la aprobación de la autoridad competente.

Fallo

En mérito de lo expuesto y previas citas legales, solicita se ordene a los recurridos a emitir pronunciamiento respecto de las solicitudes de carta de nacionalización en un plazo máximo de 60 días, conforme al artículo 84 de la Ley 21.325 y el Decreto N°5142 del Ministerio del Interior, o el que esta Corte estime conforme al mérito de autos, y en general adoptar las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, todo lo anterior con expresa condena en costas. Segundo: A folio 7 don Pedro Vidal Matus, abogado en representación del Ministerio del Interior, señalando, en síntesis, que con fecha 19 de enero de 2026, se interpuso acción de protección en favor de Jorge Enrique Pirela Valero y Yuliana Barbosa Arana, por una supuesta omisión ilegal y arbitraria consistente en la no dictación del acto administrativo terminal que resuelva su solicitud de carta de nacionalización. Expone que el otorgamiento de cartas de nacionalización se efectúa por decreto expedido con la sola firma de la autoridad superior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en ejercicio de una facultad expresamente contemplada en la ley, citando el artículo 84 de la Ley N° 21.325, los artículos 1° y 2° del Decreto Supremo N° 5.142 de 1960 y la Ley N° 16.436, normas que establecen que dicha concesión “podrá” otorgarse a quienes cumplan los requisitos legales. Indica que, conforme al artículo 157 N° 8 de la Ley N° 21.325, corresponde al Servicio Nacional de Migraciones tramitar

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C.A. de Copiapó Copiapó, catorce de mayo de dos mil veintiséis. Vistos y teniendo presente: Primero: A folio 1, comparece el abogado don Pablo Daniel Peñaloza Parra, por sí y a favor de don Jorge Enrique Pirela Valero, empleado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°25.274.915-2 y doña Yuliana Barbosa Arana, empleada, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad pa