BANCO DEL ESTADO CON ORLANDO VERA OPORTO

Hechos

Vistos: Se reproduce la sentencia de dieciséis de abril de dos mil veinticuatro, dictada en autos rol N° 27688-2023, seguidos ante el Tercer Juzgado de Policía Local de Puerto Montt, con excepción de la frase contenida en el segundo párrafo de la motivación vigésima primera, desde la expresión “Así también…” hasta el respectivo punto final. Y se tiene, en su lugar y, además, presente: Primero: Que el Banco del Estado de Chile, demandado principal y actor reconvencional, dedujo recurso de apelación en contra del referido fallo, en aquella parte que rechazó la querella infraccional y la demanda civil deducidas por el Banco en contra de don Orlando Vera Oporto, ordenándose la restitución de fondos a este último; y, a su vez, se acogió la querella infraccional y la demanda civil interpuestas por el referido consumidor en contra de la entidad bancaria, condenándose a ésta al pago de una multa de 300 Unidades Tributarias Mensuales a beneficio municipal, al pago de $3.250.247 por concepto de daño emergente y de $1.000.000 por daño moral, con costas. Fundó su arbitrio, en síntesis, en que los antecedentes del proceso permitirían presumir, a lo menos, la culpa grave del usuario, desde que las operaciones desconocidas, por un total de $4.482.925, sólo pudieron ser ejecutadas mediante el conocimiento y utilización de claves, dispositivos y mecanismos de validación que se encontraban bajo el exclusivo dominio del cliente, de modo que aquéllas habrían sido realizadas por éste o por un tercero que accedió a tales elementos por haber sido entregados o expuestos en forma gravemente negligente. Sostuvo, asimismo, que la sentenciadora erró al estimar insuficiente la prueba rendida por su parte, puesto que los documentos acompañados, relativos a campañas preventivas, creación de claves y mecanismos de autenticación, darían cuenta tanto del correcto funcionamiento de los canales de seguridad como del descuido del usuario. Cuestionó, además, la multa de 300 UTM impuesta al banco, por

Fallo

fallo impugnado en cuanto a la apreciación del perjuicio indemnizable, estimando en justicia, el monto otorgado a la actora a título de daño moral. Quinto: Que en lo relativo a la aplicación de la multa impuesta, la sentencia sustenta el máximum decidido, en la configuración, en el caso concreto, de la agravante contemplada en la letra b) del artículo 24 de la Ley N° 19.496. Sin embargo, del mérito de los antecedentes, no se observa un daño patrimonial grave a la consumidora, atendido el monto de las operaciones y el contexto en que se desarrollaron los hechos y la respectiva restitución parcial del monto fijado en la ley. Por lo anterior, no configurándose circunstancias modificatorias de responsabilidad, se condenará al proveedor infractor al pago de una multa equivalente a 100 unidades tributarias mensuales, a beneficio municipal, en los términos contenidos en el fallo de primera instancia. Por estas consideraciones y de conformidad a lo señalado en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y artículos 1, 7 y demás pertinentes de la Ley N° 18.287 y Ley N° 20.009, se decide: Que se confirma, sin costas del recurso, la sentencia de dieciséis de abril de dos mil veinticuatro, dictada en autos rol N° 27688-2023, seguidos ante el Tercer Juzgado de Policía Local de Puerto Montt, con declaración que se condena al proveedor Banco del Estado de Chile, al pago de una multa de 100 unidades tributarias mensuales, a beneficio municipal, por infracción a lo d

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Puerto Montt, once de mayo de dos mil veintiséis. Vistos: Se reproduce la sentencia de dieciséis de abril de dos mil veinticuatro, dictada en autos rol N° 27688-2023, seguidos ante el Tercer Juzgado de Policía Local de Puerto Montt, con excepción de la frase contenida en el segundo párrafo de la motivación vigésima primera, desde la expresión “Así también…” hasta el respectivo punto final. Y se