SARRAMEDA MEDINA INDIRA GABRIELA/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE

Hechos

VISTOS: La comparecencia de don Juan Eduardo Guzmán Zúñiga, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, en representación de doña INDIRA GABRIELA SARRAMEDA MEDINA, de nacionalidad venezolana, domiciliada en calle Galilea 4455, departamento N.º 3, comuna de Antofagasta, quien de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, deduce acción de amparo constitucional en contra de la Dirección Regional de Antofagasta del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta N.º 1057 de fecha 15 de diciembre de 2025, mediante la cual se ordena la expulsión de su representada del territorio nacional y se dispone un impedimento de ingreso al país por el plazo de cinco años, vulnerando con ello el derecho a la libertad personal y seguridad individual consagrado en el artículo 19 N.º 7 letra a) de la Constitución Política de la República, solicitando a esta Corte restablecer el imperio del derecho, dejando sin efecto la resolución impugnada. Informó el Servicio Nacional de Migraciones, instando por el rechazo del recurso. Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia. CON LO RELACIONADO Y

Fundamentos

CONSIDERANDO: PRIMERO: Que la parte recurrente funda su acción constitucional de amparo señalando que la amparada ha sido objeto de la Resolución Exenta N.º 1057, de fecha 15 de diciembre de 2025, emanada del Servicio Nacional de Migraciones, mediante la cual se ordenó su expulsión del país y se le impuso una prohibición de ingreso por el plazo de cinco años, debido a su ingreso al territorio nacional por un paso no habilitado, lo cual fue constatado en el parte policial N.º 2440 de fecha 23 de octubre de 2025. Argumenta que, si bien ingresó por un paso no habilitado, carece de antecedentes penales en Chile y en su país de origen, lo cual es reconocido por la propia recurrida. Destaca que la ciudadana extranjera posee un arraigo familiar efectivo en la ciudad de Antofagasta, sustentado en su convivencia de más de dos años con su pareja de nacionalidad chilena, don Ezequiel Narciso Meléndez Orellana, quien además solventa económicamente el hogar mediante un trabajo formal bajo un contrato indefinido y registrando pagos ininterrumpidos de cotizaciones; y, fundamentalmente, en su calidad de madre de una niña, de diez años de edad, quien reside en el país habiendo postulado a la residencia temporal en trámite, y que se encuentra inserta en el sistema escolar cursando Quinto Básico en el Liceo de Hombres “Mario Bahamonde Silva” y en el sistema de salud pública a través del Fondo Nacional de Salud. En cuanto a los fundamentos de derecho, invoca la vulneración a la protección de la familia y al interés superior del niño, acusando que la resolución impugnada carece de la fundamentación exigida por la Ley N.º 19.880 y no pondera debidamente las circunstancias personales de la amparada mandatadas en el artículo 129 de la Ley N.º 21.325. Concluye solicitando a esta Corte que acoja la acción de amparo, restablezca el imperio del derecho, y deje sin efecto la Resolución Exenta N.º 1057 en todas sus partes, con expresa condena en costas. SEGUNDO: Que, informó don Guillermo Quezada Bruzzone, abogado en representación del Servicio Nacional de Migraciones, instando por el rechazo de la presente acción constitucional, por considerar que el acto administrativo impugnado fue dictado por autoridad competente, en ejercicio de sus atribuciones legales y con apego a la normativa migratoria. En cuanto a los antecedentes de hecho, el Servicio precisa que la amparada registró un ingreso clandestino al territorio nacional eludiendo el control policial, migratorio, sanitario y aduanero, lo cual fue constatado mediante el Informe Policial N.º 2440 de fecha 23 de octubre de 2025 de la Policía de Investigaciones de Chile. Explica que la extranjera fue notificada del inicio del procedimiento sancionatorio de expulsión con fecha 23 de octubre de 2025, otorgándosele el plazo legal de diez días hábiles para formular sus descargos. Asegura que la extranjera remitió sus descargos con fecha 07 de noviembre de 2025 acompañando prueba documental relativa a su situación personal y fa

Fallo

por tanto un deber constitucional que debe cumplir cualquier órgano del Estado, en el ejercicio de sus potestades, sean regladas o discrecionales. QUINTO: Que tales atribuciones conforman una herramienta de la autoridad administrativa que se caracteriza por otorgar un margen acotado de libertad para decidir de una manera u otra, pero no obstante ello, jamás puede invocarse para encubrir una arbitrariedad que prive, perturbe o amenace los derechos fundamentales de alguna persona, pues por aplicación del artículo 6 de la Constitución Política de la República, la autoridad está obligada a respetar todas las normas del texto constitucional, entre las que se incluye el derecho a la libertad personal y al debido proceso. SEXTO: Que, a la luz de los antecedentes expuestos, la controversia sometida a conocimiento y resolución de la Corte se circunscribe a determinar la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de la Resolución Exenta N.º 1057, de fecha 15 de diciembre de 2025, dictada por la Dirección Regional de Antofagasta del Servicio Nacional de Migraciones. En este sentido, corresponde a esta judicatura evaluar si la autoridad administrativa, frente al ingreso clandestino de la recurrente, efectuó el análisis exigido en el artículo 129 de la Ley N.º 21.325 respecto a las alegaciones de arraigo familiar y social, así como la falta de antecedentes penales, aportadas oportunamente en sede administrativa y reiteradas en esta sede jurisdiccional. SÉPTIMO: Que, del análisis de lo

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Antofagasta, cuatro de mayo de dos mil veintiséis. VISTOS: La comparecencia de don Juan Eduardo Guzmán Zúñiga, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, en representación de doña INDIRA GABRIELA SARRAMEDA MEDINA, de nacionalidad venezolana, domiciliada en calle Galilea 4455, departamento N.º 3, comuna de Antofagasta, quien de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución