ARIZA TORO / SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Hechos

Vistos y teniendo presente: Primero: Que Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, interpone recurso de protección en favor de Lorenzo Antonio Ariza Toro, de nacionalidad venezolana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la dictación de la Resolución N°2500100277217, de 24 de noviembre de 2025, que declaró inadmisible su solicitud de residencia definitiva. Expone que el recurrente ingresó a Chile en calidad de turista, cambió luego su condición migratoria a residente temporario y obtuvo visados temporales con el propósito de establecerse y desarrollar su proyecto de vida en el país. Señala que, tras el vencimiento de su segunda visa temporaria, el 31 de mayo de 2023 solicitó el beneficio migratorio de residencia definitiva. Sin embargo, posteriormente fue notificado de la resolución recurrida, que declaró inadmisible su solicitud invocando el artículo 65 N°4 del Decreto N°296, señalando que contaría con una infracción migratoria grave. Alega que la resolución es contraria a derecho porque no especifica cuál sería concretamente la sanción migratoria que justifica la inadmisibilidad, ni precisa qué hipótesis específica del artículo 65 N°4 se le aplica, pese a que dicha disposición contempla diversas letras y supuestos, lo que evidencia falta de debida fundamentación legal. Sostiene además que existe una actuación contradictoria de la autoridad administrativa, pues inicialmente el Servicio habría acogido a trámite su solicitud de residencia definitiva y le habría dado curso, para luego cambiar de manera drástica su decisión y declararla inadmisible, afectando la expectativa legítima generada en su favor. Invoca en ese sentido el principio de confianza legítima y la regla según la cual nadie puede ir válidamente contra sus propios actos. Señala que, habiendo transcurrido el plazo del artículo 31 de la Ley N°19.880 y habiéndose admitido a trámite la solicitud, no correspondería volver sobre ella para declararla inadmisible. Añade que desde su ingreso a Chile

Fallo

se resuelve su solicitud. Concluye que no existe acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el ejercicio legítimo de garantías constitucionales del recurrente, especialmente su libertad personal y seguridad individual, pues la autoridad actuó dentro del marco legal y, además, la derivación a residencia temporal mantiene en regla su situación migratoria. Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal —contrario a la ley— o arbitrario —producto del mero capricho de quienes incurren en él—, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental. Cuarto: Que la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería establece un régimen de requisitos estrictos para el acceso a la residencia definitiva. En este sentido, el artículo 157 N°5 de la citada ley otorga al Servicio Nacional de Migraciones la facultad

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San Miguel, uno de abril de dos mil veintiséis. A los folios 13 y 14: Téngase presente. Vistos y teniendo presente: Primero: Que Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, interpone recurso de protección en favor de Lorenzo Antonio Ariza Toro, de nacionalidad venezolana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la dictación de la Resolución N°2500100277217, de 24 de noviembre de 2025, que