OLAVARRÍA/REMUNERACIONES POLICIA DE INVESTIGACVIONES DE CHILE

Hechos

Vistos: A folio 1 comparece doña Roxana Andrés Olavarría Gallardo, domiciliada en la ciudad de Puerto Montt, e interpone recurso de protección en contra de la Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), RUT 60.506.000-5, que se encuentra bajo jerarquía administrativa del Prefecto Inspector don RICARDO VIRGILIO POCILE CERDA, RUT: 12.841.093-7º, Jefe de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas (JENAPERS) o por quien en derecho lo represente o subrogue, domiciliado en calle General Mackenna N° 1.314, Santiago. Señala que, la ilegalidad fue conocida por la recurrente el día 02 de Mayo de 2025 por la noticia dada por el Comisario en retiro, don Alex Álvarez Loncomilla, quien le indicó haber recibido durante el año 2024, el pago del saldo adeudado de la remuneración de asignación de grado efectivo por sentencia de protección acogida y confirmada ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique. Indica que, los

Fundamentos

motivos de fondo de la interposición del recurso de protección dice relación con 2 aspectos: El primero, con la omisión de pago de los saldos remuneratorios adeudados de la “asignación de grado efectivo”, código H0050 que es una remuneración adeudada desde el período de ingreso a la institución al 26 de abril de 2021, que corresponde a una época no regularizada por la recurrida, cuyo incumplimiento de pago afecta el derecho indubitado contenido en el Art. 19 N° 24 de nuestra constitución, sobre las remuneraciones de la recurrente quien recibió el pago de manera incompleta; y el segundo de los aspectos dice relación con la conducta pasiva de la recurrida en regular sus deberes como empleador público conculcando el derecho y garantía constitucional del Art. 19 N° 2, debido a que la PDI hace distinción arbitraria en perjuicio de la recurrente quien ha sido discriminada respecto de otros exfuncionarios a los que sí ha pagado de forma íntegra aquellos montos insolutos por el mismo período alegado en autos. El incumplimiento de las obligaciones correlativas de la prestación de pagar los saldos adeudados a la recurrente de sus remuneraciones constituye un acto ilegal y arbitrario, por el vínculo jurídico que unió a la funcionaria afectada con la PDI. Sostiene que, los preceptos obligatorios infringidos por la PDI, se encuentran no sólo en la constitución artículo 19 N° 24, y normativa general, sino que también en la propia ley específica que regula a la recurrida, en la especie son los artículos 97 y 98 del DFL 1 de 1980 del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones, el primero de los preceptos consagra el derecho a la remuneración por los servicios prestados; y el segundo, establece el derecho a la remuneración integra, los cuales fueron afectados por la PDI. Además, se configura la infracción constitucional al art. 19 N° 2, esto es la igualdad ante la ley, debido a que respecto de otros funcionarios tanto activos de la PDI y en situación de retiro han recibido íntegramente aquellos saldos adeudados desde el ingreso a la institución hasta el 26 de abril de 2021, como ejemplo de ello, cito las causas roles de protección, N° 44-2023, N° 27- 2024, N° 27-2024 y N° 89–2024 tramitadas ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique. Entre otras cosas señala que, la recurrente ROXANA ANDREA OLAVARRÍA GALLARDO es Comisaria en retiro temporal de la Policía de Investigaciones de Chile, quien ingresó a la Institución con fecha 01 de Febrero de 2004, cumpliendo labores durante toda su carrera funcionaria en la comuna de Puerto Montt hasta el 01 de Julio de 2024; comuna que siempre ha gozado el derecho a percibir “asignación de zona”, sosteniendo que, dentro de los estipendios sobre el cual la recurrente poseía un “derecho a percibir”, se encuentra el denominado “asignación de especialidad al grado efectivo”, código H0050, el cual es imponible y constituye remuneración pagadera a los funcionarios institucionales según lo dispuesto en el Decreto

Fallo

fallo de SCS Protección ROL N° 147.027–2023 caratulado “Cortes y otro contra Policía de Investigaciones de Chile (Sección Remuneraciones) que recae sobre el mismo objeto litigioso del pago de la “asignación de grado efectivo” donde el Máximo Tribunal del País, resuelve definitivamente la interpretación del Dictamen N° E98928 / 2021 de la C.G.R y falla que debe pagarse a los funcionarios, igualmente desde el ingreso a la Institución hasta el 26 de abril de 2021, que es el período reclamado en autos. Argumenta que, la recurrente tomó conocimiento de aquella irregularidad referida al enterarse con fecha 02 de Mayo de 2025 del contenido de la sentencia Rol N° 27-2024 de la Corte de Apelaciones de Coyhaique que recae en Recurso de Protección caratulado como ALVAREZ CON SECCIÓN REMUNERACIONES POLICIA DE INVESTIGACIONES, siendo beneficiario en aquella sentencia el Comisario en retiro don Alex Álvarez Loncomilla, RUT 13.735.460-8, amigo de la recurrente, quien le comunicó respecto de la sentencia favorable antes indicada. Para certeza de aquello, el beneficiario lo hizo mediante una declaración jurada simple suscrita ante Notario, que se acompaña a los autos constitucionales. De este modo, señala que, el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida priva a la recurrente del absoluto, exclusivo y perpetuo Derecho de Propiedad que posee sobre sus remuneraciones, de la que es parcialmente despojada, poniéndola además en posición desventajosa y diversa frente a los demás destinatarios de

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Puerto Montt, diecisiete de febrero de dos mil veintiséis. Vistos: A folio 1 comparece doña Roxana Andrés Olavarría Gallardo, domiciliada en la ciudad de Puerto Montt, e interpone recurso de protección en contra de la Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), RUT 60.506.000-5, que se encuentra bajo jerarquía administrativa del Prefecto Inspector don RICARDO VIRGIL