GALAZ MORENO JOHNNY CON CATHALIFAUD MOROSO PATRICIO (O)

Hechos

VISTO: En los autos rol C-30031-2016, caratulados “Galaz Moreno Johnny con Cathalifaud Moroso Patricio”, por sentencia de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve el Vigésimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago rechazó la acción sin costas. La demandante apeló de dicho fallo y una Sala de la Corte de Apelaciones de esta ciudad, por sentencia de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, lo revocó y en su lugar acogió la demanda solo en cuanto se condena al demandado a pagar la suma de $14.000.000, al demandante por concepto de daño emergente, que deberá reajustarse de acuerdo con la variación que experimente el índice de Precios al Consumidor, calculado entre la fecha en que este fallo quede firme o ejecutoriado y la del pago efectivo, con intereses corrientes fijados para obligaciones de dinero reajustables, calculados sobre las referida suma debidamente reajustada que se devenguen a contar desde que la sentencia se encuentre ejecutoriada y hasta el pago efectivo, con costas. En contra de esta última sentencia recurre la parte demandada de casación en el fondo. Se trajeron los autos en relación. Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN: Primero: Que la recurrente sostiene que en el fallo impugnado se han infringido los artículos 405 y 409 del Código Orgánico de Tribunales. Sostiene que su representado se encontraba físicamente presente al momento de suscribirse en su oficio la escritura pública y comprobó de manera personal la identidad de quienes comparecieron, ya que vio a los contratantes, constatando que estas personas fueron las que firmaron la escritura, al exhibir la cédula de identidad verificó su autenticidad y plena regularidad de estos documentos, más no había en ellas, anomalías tales como enmendaduras, re-plastificados u otras, que le pudieren hacer dudar de la autenticidad del documento y solicitó además la impresión digito pulgar derecho en la escritura junto a la rúbrica correspondiente a todas las partes, certificando a quien correspondía cada una. Indica que ni el artículo 405 del Código Orgánico de Tribunales, ni la regla primera del auto acordado señalan que su representado haya debido encontrarse físicamente frente a las partes al momento en que suscribieron la escritura, sino solo que debe encontrarse efectiva y físicamente en su oficio en dicho momento, por lo que el fallo censurado debió rechazar la acción. Segundo: Que para una acertada resolución del recurso de nulidad sustancial resulta conveniente dejar constancia de las siguientes actuaciones del proceso: 1. Comparece Johnny Enrique Galaz Moreno quien dedujo demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra de Patricio Cathalifaud Moroso. Fundamentando su acción en que con fecha 6 de septiembre de 2016 suscribió un contrato de compraventa de bien raíz por medio de escritura pública en la 12° Notaría de Santiago donde es Notario Público titular el demandado, teniendo lugar una suplantación de identidad y una falsificación de las cédulas, hechos no advertidos por el demandado, ya que al extender la escritura lo hizo teniendo a la vista las fotocopias de las cédulas de identidad de los comparecientes y no los documentos originales y las firmas fueron suscritas ante un funcionario de la Notaría. Agrega que procedió a pagar la suma de $14.000.000. al contado y en dinero efectivo, cantidad que fue recibida por la parte vendedora quienes no eran los dueños del inmueble, siendo víctima de una estafa a causa de la falta de diligencia del notario al no haber adoptado las medidas necesarias para advertir las falsas identidades de los vendedores, infringiendo el Auto Acordado de la Corte de Apelaciones de Santiago y los artículos 399, 405, 412 N°1, 425 y 443 del Código Orgánico de Tribunales. Por lo expuesto, pidió que el demandado sea condenado al pago de la suma de $20.000.000, que corresponden a $14.000.000, precio pagado de la compraventa y $6.000.000, por los intereses del crédito adquirido para la compra de la propiedad, o la suma que el tribunal determine; $5.000.000. por daño moral y $ 5.000.000. por lucro cesante, con costas. 2.- El demandado Patricio Cathalifaud Moroso, evacuó el traslado de la contestación solicitando su rechazo. Sostiene que efectivamente ocurrió una suplantación de identidad y una falsificación de las cédulas, y que el notario no posee como función la determinación de que una cédula de identidad pueda ser falsa o no, negando su incumplimiento, para luego señalar que el artículo 405 nada dice en relación con los hechos pues si se analiza en detalle las cédulas fueron objeto de análisis y sobre el artículo 412 N°2, no guarda relación con lo acaecido pues las partes sí acreditaron su identidad, y que el artículo 443 no se aplica pues las personas que firmaron eran las que aparecían en las cédulas. Afirma que la responsabilidad, si es que la hubiera, no sería extracontractual sino contractual, no pudiendo por ello la demanda prosperar. 3. El juez de primer grado rechazó la acción deducida, reflexionado que no resultó acreditado el hecho de que el demandado al extender la escritura lo hizo teniendo a la vista las fotocopias de las cédulas de identidad de los comparecientes. Tercero: Que la sentencia recurrida revocó la decisión del tribunal a quo y acogió la demanda, razonando, en lo pertinente, que el demandado delegó una función propia e inherente a su cargo, en un empleado de su Oficio, desoyendo las instrucciones impartidas por la Corte y no actuando con la debida diligencia y prudencia que su cargo de Notario le exige como deber profesional, agregando que si aquel hubiera cotejado visualmente las facciones de los comparecientes, los documentos identificativos que exhibieron y los rasgos de las firmas estampadas en éstos y de las que se consignaron en la escritura pública de compraventa, muy probablemente el perjuicio reclamado se hubiese evitado. Concluye la Corte que la conducta negligente que se ha establecido por parte del Notario demandado, específicamente en lo referido a no tomar en forma personal las firmas de los comparecientes que concurrieron a su Oficio a suscribir una escritura pública de compraventa de inmueble, implica, una contravención expresa al artículo 405 del Código Orgánico de Tribunales y acreditado, conforme a la prueba, el perjuicio sufrido por el demandante, se accede al pago de la suma reclamada a título de indemnización por concepto de daño emergente. Cuarto: Que, el asunto sometido a la decisión de esta Corte es determinar si la omisión que se atribuye al demandado de tomar las firmas de una escritura pública de compraventa de inmueble en forma personal y la comprobación insuficiente de los documentos identificativos de los comparecientes constituyen deberes legales cuya infracción causaron su responsabilidad extracontractual en los hechos o por el contrario que el demandado actuó con la debida diligencia y cuidado, lo que debió llevar a los sentenciadores a rechazar la acción. Quinto: Que, de lo que se ha expuesto queda en evidencia que, pese al esfuerzo argumentativo de la impugnante, su recurso no ha sido encaminado como debió serlo, abarcando el basamento jurídico que en propiedad e ineludiblemente resultaba ser pertinente y de rigor. Esto es así, puesto que la preceptiva legal citada en el motivo primero de este fallo y que constituye, como se ha visto, aquella en que se asila la estructura normativa sobre la cual viene construido el alegato de casación de fondo, no es bastante para abordar el examen de la resolución de la controversia de la forma en que se hizo por los juzgadores, al no venir denunciada la conculcación de las normas que, en la especie, tienen el carácter de decisoria de la litis, es decir, aquellos preceptos que debieran aplicarse en caso de dictar fallo de reemplazo, particularmente, los artículos 2314 y 2329 del Código Civil, que debieran sustentar la decisión de rechazar la acción indemnizatoria fundada en el estatuto de la responsabilidad extracontractual. Se

Fallo

fallo y una Sala de la Corte de Apelaciones de esta ciudad, por sentencia de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, lo revocó y en su lugar acogió la demanda solo en cuanto se condena al demandado a pagar la suma de $14.000.000, al demandante por concepto de daño emergente, que deberá reajustarse de acuerdo con la variación que experimente el índice de Precios al Consumidor, calculado entre la fecha en que este fallo quede firme o ejecutoriado y la del pago efectivo, con intereses corrientes fijados para obligaciones de dinero reajustables, calculados sobre las referida suma debidamente reajustada que se devenguen a contar desde que la sentencia se encuentre ejecutoriada y hasta el pago efectivo, con costas. En contra de esta última sentencia recurre la parte demandada de casación en el fondo. Se trajeron los autos en relación. Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN: Primero: Que la recurrente sostiene que en el fallo impugnado se han infringido los artículos 405 y 409 del Código Orgánico de Tribunales. Sostiene que su representado se encontraba físicamente presente al momento de suscribirse en su oficio la escritura pública y comprobó de manera personal la identidad de quienes comparecieron, ya que vio a los contratantes, constatando que estas personas fueron las que firmaron la escritura, al exhibir la cédula de identidad verificó su autenticidad y plena regularidad de estos documentos, más no había en ellas, anomalías tales como enmendaduras, re-plastificados u otras, que le pudieren hacer dudar de la autenticidad del documento y solicitó además la impresión digito pulgar derecho en la escritura junto a la rúbrica correspondiente a todas las partes, certificando a quien correspondía cada una. Indica que ni el artículo 405 del Código Orgánico de Tribunales, ni la regla primera del auto acordado señalan que su representado haya debido encontrarse físicamente frente a las partes al momento en que suscribieron la escritura, sino solo que debe encontrarse efectiva y físicamente en su oficio en dicho momento, por lo que el fallo censurado debió rechazar la acción. Segundo: Que para una acertada resolución del recurso de nulidad sustancial resulta conveniente dejar constancia de las siguientes actuaciones del proceso: 1. Comparece Johnny Enrique Galaz Moreno quien dedujo demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra de Patricio Cathalifaud Moroso. Fundamentando su acción en que con fecha 6 de septiembre de 2016 suscribió un contrato de compraventa de bien raíz por medio de escritura pública en la 12° Notaría de Santiago donde es Notario Público titular el demandado, teniendo lugar una suplantación de identidad y una falsificación de las cédulas, hechos no advertidos por el demandado, ya que al extender la escritura lo hizo teniendo a la vista las fotocopias de las cédulas de identidad de los comparecientes y no los documentos originales y las firmas fueron suscritas ante un funcionario de la Notaría. Agrega que p

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PAGE Santiago, veintiuno de marzo de dos mil veintitrés. VISTO: En los autos rol C-30031-2016, caratulados “Galaz Moreno Johnny con Cathalifaud Moroso Patricio”, por sentencia de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve el Vigésimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago rechazó la acción sin costas. La demandante apeló de dicho fallo y una Sala de la Corte de Apelaciones de esta ciudad, por senten