BRICEÑO ALGARÍN JUNIRE ELINA/ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

Hechos

Visto: A folio 1 compareció el abogado Pablo Peñaloza y deduce recurso de protección en favor de doña Junire Briceño Algarin en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A. por lo que considera una actuación ilegal y arbitraria consistente en la negativa a restituir los fondos previsionales en conformidad a lo dispuesto en la Ley N°18.156. Explica que la persona extranjera a cuyo favor recurre es de nacionalidad venezolana y que solicitó la devolución de sus fondos previsionales ya que cumple con todos los requisitos legales para ello, pese a lo cual la recurrida rechazó su solicitud utilizando un criterio formalista que desatiende la finalidad de esta normativa especial. Considera ilegal y arbitraria la decisión de la recurrida y acusa vulneración a las garantías de igualdad ante la ley y derecho de propiedad. Luego de citar jurisprudencia que estima atingente al asunto planteado, solicita que se acoja el recurso de protección y se tenga como válida la documentación acompañada, ordenando que la recurrida realice un nuevo pronunciamiento conforme a derecho. A folio 6 rola el informe de la AFP recurrida, la que solicita el rechazo de la acción cautelar deducida en su contra. En primer término, afirma que esta no es la vía idónea para resolver una materia que es de lato conocimiento y de carácter contradictorio. Enseguida, niega la existencia de actos ilegales o arbitrarios que conculquen o amenacen garantías constitucionales de la persona extranjera a cuyo favor se recurre. Respecto a la negativa que acusa la recurrente, hace presente que ella tiene su origen en que “Falta Constancia de afiliación vigente el cual debe estar apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Documento aportado por el afiliado corresponde a una constancia de cotización por lo que no es el documento solicitado.” A folio 8 informó la Superintendencia de Pensiones y luego de efectuar algunas consid

Fundamentos

CONSIDERANDO: PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto. SEGUNDO: Que, no existe discusión alguna en cuanto a la ocurrencia del acto que motiva la interposición del recurso de protección, esto es, que la AFP PROVIDA S.A. negó lugar a la petición de devolución de los fondos previsionales de la actora. TERCERO: Que, para una adecuada comprensión del asunto planteado, conviene tener presente que la Seguridad Social, en palabras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. En este contexto, Chile cuenta con un sistema que tiene por finalidad proteger a los ciudadanos frente a diferentes contingencias, como la salud, la vejez, el desempleo y los accidentes laborales, el que funciona a través de una estructura mixta, que incluye tanto entidades públicas como privadas, y que se financia principalmente mediante las cotizaciones previsionales de los trabajadores y empleadores, además de aportes del Estado. CUARTO: Que, por otra parte, es útil señalar que el sistema de seguridad social resulta aplicable a todos los trabajadores, cualquiera que sea su nacionalidad. Sin perjuicio de lo anterior y tratándose de ciertos trabajadores extranjeros -personal técnico- existe una normativa especial que establece una exención a la obligación de efectuar imposiciones en los organismos chilenos bajo determinadas condiciones. En efecto, la Ley N° 18.156 le permite al personal técnico extranjero y a las empresas que los contraten, marginarse del cumplimiento de las leyes de previsión y por lo tanto no están obligados a realizar imposiciones en los organismos de seguridad social chilenos, en la medida que cumplan con los siguientes requisitos: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de pr

Fallo

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de doña Junire Elina Briceño Algarin. Se previene que la ministra Nancy Bluck Bahamondes, sin perjuicio de compartir los razonamientos de esta Corte, concurre al rechazo teniendo únicamente presente que a su entender, la materia discutida requiere un procedimiento de lato conocimiento y corresponde a los asuntos descritos en la letra c) del artículo 420 del Código del Trabajo. Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad. Redacción de la ministra señora Nancy Bluck Bahamondes. N°Protección-8389-2025. En Valparaíso, veintisiete de enero de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.

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Jepv. C.A. de Valparaíso. Valparaíso, veintisiete de enero de dos mil veintiséis. Visto: A folio 1 compareció el abogado Pablo Peñaloza y deduce recurso de protección en favor de doña Junire Briceño Algarin en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A. por lo que considera una actuación ilegal y arbitraria consistente en la negativa a restituir los fondos previsionales en con