HERRERA/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Hechos

Vistos: Comparece don Daniel Esteban Ortega Cadena, abogado, en representación de don Orangel Xaviel Segovia Herrera y de doña Carmen María Herrera, ambos de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, fundado en la supuesta omisión ilegal y arbitraria consistente en no emitir, hasta la fecha, resolución exenta que ponga término al procedimiento administrativo, aprobando o rechazando la solicitud de residencia temporal por

Fundamentos

motivos de reunificación familiar, ingresada con fecha 29 de marzo de 2025, bajo el N° 72831277. Y considerando: 1° Que el recurso de protección, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar y de urgencia, destinada exclusivamente a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales frente a actos u omisiones actuales, ilegales o arbitrarios y de carácter terminal, que produzcan efectos inmediatos en la esfera jurídica del recurrente; 2° Que, conforme a la doctrina y jurisprudencia asentada, para su procedencia se requiere que la actuación recurrida sea decisoria o terminal, vale decir, que corresponda a una resolución final dentro del procedimiento administrativo, y no a una actuación preparatoria, intermedia o propia de la mera tramitación; 3° Que es un hecho público y notorio que el Servicio Nacional de Migraciones se encuentra sometido a una elevada carga de trabajo, derivada del importante volumen de solicitudes de residencia, regularización y nacionalización en curso, situación que ha generado demoras generalizadas en la tramitación. Tal contexto estructural, aun cuando pueda ser objeto de análisis en otras sedes, no convierte automáticamente la demora en una omisión ilegal o arbitraria, ni habilita por sí sola la procedencia de la acción cautelar de protección; 4° Que, en la especie, lo que se reprocha es la falta de dictación, a la fecha, de una resolución exenta que apruebe o rechace la solicitud de residencia temporal por reunificación familiar presentada por la actora el 29 de marzo de 2025, encontrándose dicha solicitud aún en estado de tramitación, sin que se haya dictado acto administrativo terminal alguno que resuelva definitivamente su situación migratoria; 5° Que, así las cosas, no se configura en autos un acto terminal denegatorio o resolutivo que permita afirmar la existencia de una decisión administrativa que prive, perturbe o amenace actualmente un derecho fundamental del recurrente, sino que se trata de una situación vinculada a la duración del procedimiento y a la etapa de tramitación en que este se encuentra; 6° Que, si bien la demora puede generar dificultades prácticas para el actor —en materias tales como contratación de servicios, celebración de ciertos actos jurídicos, renovación de cédula de identidad y otros—, ello no basta, por sí solo, para configurar una privación, perturbación o amenaza ilegal o arbitraria de un derecho asegurado por el artículo 20 de la Constitución, tratándose más bien de consecuencias indirectas propias de un procedimiento administrativo aún inconcluso; 7° Que admitir el recurso en estas condiciones implicaría transformar la acción de protección en un mecanismo general de control, dirección o aceleración de la actividad administrativa, desnaturalizando su carácter excepcional y preventivo, y sustituyendo los cauces ordinarios que brinda la legislación administrativa (Ley N° 19.880 y Ley N° 21.325) para la conclusión, recla

Fallo

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se resuelve: que se declara INADMISIBLE el recurso de protección interpuesto a folio 1. Archívese. Rol N° Protección-154-2026 (jab).

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C.A. de Temuco. Temuco, veintitrés de enero de dos mil veintiséis. Vistos: Comparece don Daniel Esteban Ortega Cadena, abogado, en representación de don Orangel Xaviel Segovia Herrera y de doña Carmen María Herrera, ambos de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, fundado en la supuesta omisión ilegal y arbitraria consistente en