DARLY SAINT HUBERT /SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Hechos

Vistos y teniendo presente: Primero: Que Pablo Daniel Peñaloza Parra y Joaquín Andrés Contreras Roa, abogados, en representación de Darly Saint Hubert, de nacionalidad haitiana, deducen acción constitucional de amparo en contra del Servicio Nacional de Migraciones por la Resolución Exenta N° 24604732, de 30 de diciembre de 2024, mediante la cual se rechazó su solicitud de residencia definitiva presentada el 19 de noviembre de 2022 y se dispuso su abandono del país en el plazo de diez días. Señalan que la resolución funda el rechazo en que su representada no habría remitido copia de la sanción por residir en el país con el permiso de residencia vencido, requisito exigido para otorgar la residencia definitiva de acuerdo con el artículo 88 N° 1 de la Ley N° 21.325, pese a que, notificada de la prevención de previo rechazo el 2 de agosto de 2024, remitió comprobante de pago de la multa y, tras extraviar dicho documento, efectuó un nuevo pago asociado a la sanción pecuniaria N° 2500300021419, el 12 de diciembre de 2025. Refieren que la extranjera ingresó al país como residente temporal, ha desarrollado actividades lícitas remuneradas y ha cumplido el pago de sus cotizaciones previsionales, no registrando antecedentes penales en Chile ni en su país de origen, según certificados que acompañan. Alegan que la resolución recurrida desconoce estos antecedentes y aplica en forma estrictamente formalista la causal de rechazo, sin considerar que la multa fue efectivamente pagada, incluso por un monto superior al que correspondía, lo que tornaría desproporcionada la orden de abandono. Invocan el artículo 19 N° 7 letra a) y el artículo 21 de la Constitución Política de la República, sosteniendo que el amparo es la vía idónea para impugnar órdenes de abandono que afectan la libertad ambulatoria de personas extranjeras. Sostienen que la resolución impugnada es ilegal y arbitraria por carecer de razonabilidad y proporcionalidad, en cuanto mantiene una medida gravosa pese a haberse

Fundamentos

motivos laborales por un año, prorrogada luego por resolución de 24 de septiembre de 2021 por un nuevo año, vigente hasta el 12 de octubre de 2022. Indican que el 19 de noviembre de 2022 solicitó permiso de residencia definitiva bajo ID N° 60747932 y que, en el curso de dicha tramitación, mediante comunicaciones electrónicas de 19 de abril de 2023 y 8 de mayo de 2024 se le requirió acompañar certificado de antecedentes del país de origen debidamente legalizado y traducido, remitir por correo certificado el documento original y regularizar su residencia irregular pagando la multa correspondiente a los artículos 107 y 119 de la Ley N° 21.325, adjuntando la resolución de sanción pagada dentro de los plazos conferidos. Señalan que la interesada sólo aportó constancias de tramitación de antecedentes y comprobantes de envío, pero no la resolución de multa pagada, por lo que el 2 de agosto de 2024 se le notificó “pre-rechazo” fundado en multa no pagada y falta de certificado de antecedentes legalizado, otorgándole diez días para descargos, sin que éstos fueran presentados. Explican que, ante la falta de subsanación, mediante Resolución Exenta N° 24604732 de 30 de diciembre de 2024 se rechazó la solicitud de residencia definitiva por no remitir copia de la sanción por residir con permiso vencido, requisito exigido por el artículo 88 N° 1 de la Ley N° 21.325, y se dispuso su abandono del país en el plazo de diez días, resolución notificada al correo electrónico registrado. Precisan que, aunque la extranjera sostiene haber reconocido su falta y pagado la multa, de los registros consta que inicialmente efectuó un pago bajo el artículo 106 de la Ley N° 21.325, relativo al retraso en obtener cédula de identidad y no a residencia irregular, y que el pago de multa por el artículo 107 fue realizado recién el 3 de octubre de 2025, esto es diez meses después de dictada la resolución impugnada, por lo que no pudo ser considerado al resolver. Añaden que en la resolución se reservaron expresamente los recursos administrativos de la Ley N° 19.880, los que no fueron interpuestos, y que no consta el abandono voluntario del país por parte de la extranjera. En cuanto al derecho, señalan que la solicitud de residencia definitiva se rige por la Ley N° 21.325 y su Reglamento, siendo el Servicio Nacional de Migraciones la autoridad competente para otorgar, rechazar o revocar permisos de residencia conforme al artículo 157 N° 5 de la ley y al artículo 42 del Decreto Supremo N° 296. Indican que el artículo 37 exige postular a residencia definitiva dentro de los plazos fijados, imponiendo a quienes lo hacen con permiso vencido el pago de multa por residencia irregular conforme a los artículos 107 y 119, requisito que la amparada no cumplió oportunamente pese a las reiteradas notificaciones. Sostienen que el Servicio dio cumplimiento al artículo 91 de la Ley N° 21.325 al comunicar la causal de rechazo y otorgar plazo de diez días para descargos antes de dictar el acto termin

Fallo

Por estas consideraciones y lo dispuesto, además, en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge el recurso de amparo en favor de Darly Saint Hubert en contra del Servicio Nacional de Migraciones, solo en cuanto se dispone que el Servicio Nacional de Migraciones deberá estudiar los antecedentes y emitir un nuevo pronunciamiento. Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad. Amparo N°1675-2025

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San Miguel, veintinueve de diciembre de dos mil veinticinco. Vistos y teniendo presente: Primero: Que Pablo Daniel Peñaloza Parra y Joaquín Andrés Contreras Roa, abogados, en representación de Darly Saint Hubert, de nacionalidad haitiana, deducen acción constitucional de amparo en contra del Servicio Nacional de Migraciones por la Resolución Exenta N° 24604732, de 30 de diciembre de 2024, mediant