SUAREZ/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES ONES

Hechos

Vistos y teniendo presente: Primero: Que Marielis Daniela Suárez Suárez, ciudadana colombiana, representada por el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión ilegal y arbitraria consistente en no dictar resolución que ponga término al procedimiento administrativo iniciado con su solicitud de residencia definitiva, presentada el 12 de abril de 2023. Expone que, tras ingresar a Chile como turista y posteriormente obtener visa temporal, solicitó residencia definitiva cumpliendo con todos los requisitos legales y efectuando oportunamente el pago de derechos. Sin embargo, refiere que pese al tiempo transcurrido, no ha recibido pronunciamiento, encontrándose en un estado de incertidumbre e indefinición que afecta el normal desarrollo de su vida. Sostiene que la omisión vulnera la igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución, además de los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 24 y 27 de la Ley N°19.880, así como el artículo 37 de la Ley N°21.325 y el artículo 46 de su reglamento, que imponen a la Administración el deber de resolver en plazo. Recalca que han transcurrido más de dos años desde la solicitud, excediéndose con creces el máximo de seis meses fijado por la ley. Argumenta que la omisión denunciada es de carácter permanente, por lo que el recurso se interpone dentro del plazo legal, según lo ha reconocido la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, que ha calificado como ilegal y arbitraria la dilación excesiva en la resolución de solicitudes migratorias. Aduce que la falta de pronunciamiento constituye una amenaza y perturbación actual a sus derechos, privándola de certeza jurídica y de la posibilidad de ejercer plenamente sus derechos civiles y sociales. Solicita acoger el recurso de protección, ordenando al Servicio Nacional de Migraciones emitir resolución que apruebe o rechace su solicitud de residencia definitiva en un plazo no superior a 60 días,

Fallo

Por tanto, afirma que la pendencia de la solicitud no genera privación ni amenaza a garantías constitucionales. En subsidio, alega que eventuales dificultades prácticas que enfrente la recurrente frente a terceros —organismos públicos o privados que desconozcan la vigencia de su estatus— deben ser reclamadas respecto de esos entes, y no contra el Servicio de Migraciones, conforme lo ha resuelto reiteradamente la Corte Suprema. Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Cuarto: Que la presente acción constitucional se encamina a establecer la afectación a la garantía de igualdad ante la ley, en razón de no haberse otorgado por la autoridad administrativa una respuesta oportuna respecto de la situación migratoria del recurrente. Quinto: Que, conforme a lo expuesto precedentemente, y de los antecedentes allegados, se constata que la recurrente no ha obtenido respuesta a la solicitud de permanencia definitiva presentada en abril de 2023. De esta manera, corresponde examinar si la omisión denunciada puede ser calificada de arbitraria o ilegal. Sexto: Que la recurrida ha reta

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San Miguel, uno de septiembre de dos mil veinticinco. Vistos y teniendo presente: Primero: Que Marielis Daniela Suárez Suárez, ciudadana colombiana, representada por el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión ilegal y arbitraria consistente en no dictar resolución que ponga término al procedimiento adminis