CARLOS FURNISS FISHER CONTRA COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ

Hechos

VISTOS: Comparece CARLOS ADOLFO FURNISS FISHER, empleado, domiciliado para estos efectos en Pasaje El Roble 6, Punta Arenas, quien señala que interpone recurso de protección en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ dependiente de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes y de la Antártica Chilena, servicio público centralizado y desconcentrado territorialmente del Ministerio de Salud de Chile, representado para estos efectos por su Presidente, don Juan Cristobal Cárdenas Galli, kinesiólogo, todos ellos con domicilio para estos efectos en Avenida Manuel Bulnes 0136, de esta ciudad. Lo anterior, por haber dictado e incurrido en los actos que a continuación expone y los cuales devienen en ilegales y arbitrarios, perturbando y privando el ejercicio de su derecho de igualdad ante la ley, de integridad psíquica y de propiedad, todos ellos garantizados por la carta fundamental, y con el objeto que esta Corte arbitre las medidas que se solicitan para reestablecer el imperio del derecho y brindar protección al recurrente. Ello en conformidad a las consideraciones que a continuación pasa a exponer. Señala que desde hace 49 años es conductor de camiones de transporte de carga internacional y nacional y que los últimos 7 años ha trabajado en la empresa privada Soporte Terrestre SpA, del rubro transporte de carga interurbana, conduciendo camiones de transporte de carga dentro de la región. Añade que sus remuneraciones se constituyen por un sueldo base fijo ascendente a $500.000 (quinientos mil pesos) aproximadamente, más un componente variable que acordó con su empleador por cada viaje interurbano que realiza dentro del mes. Cita a modo de ejemplo, que un viaje de Punta Arenas a Puerto Natales ida y vuelta tiene un valor de $50.000 (cincuenta mil pesos) más $10.000 (diez mil pesos) de viático. Consigna que este componente variable es liquidado mensualmente en sus remuneraciones bajo la glosa “bono de producción”, monto al que se arriba luego

Fundamentos

considerando que que no es posible observar o constatar que la COMPIN de Magallanes haya cometido algún acto ilegal o arbitrario que signifique alguna infracción a alguna de la garantías constitucionales invocadas por la recurrente, ya que su actuar ha sido de permanente apego a la normativa vigente aplicable al presente caso. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente. Se trata por ende, de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados. SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada. TERCERO: Que, en la especie se ha deducido recurso de protección estimando la recurrente, ilegal y arbitrario las resoluciones exentas 0121/IS de fecha 16 de junio de 2025 y 0137/IS de fecha 03 de julio de 2025, respectivamente, dictadas por la recurrida y que rechazan un reclamo interpuesto por recurrente, en orden a la base de cálculo seguida por la Isapre Consalud, para efectos del pago de dos licencias médicas, resoluciones que además juzga carentes de fundamento, afectando con ello

Fallo

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por CARLOS ADOLFO FURNISS FISHER, en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN). Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado. Comuníquese, Regístrese y archívese oportunamente. ROL N°370-2025.PROTECCION

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Punta Arenas, veinte de agosto de dos mil veinticinco. VISTOS: Comparece CARLOS ADOLFO FURNISS FISHER, empleado, domiciliado para estos efectos en Pasaje El Roble 6, Punta Arenas, quien señala que interpone recurso de protección en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ dependiente de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes y de la Antártica Chilena, servicio p