MORA/ÑANCUPÁN

Hechos

Vistos: Que a folio 1 comparece don Celindo Marino Mora Figueroa, adulto mayor de 90 años, interponiendo recurso de protección en contra de don Juan Ñancupán Coñoepan, del Juzgado de Garantía de Villarrica y de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), solicitando que se deje sin efecto la orden de desalojo y descerrajamiento dictada en su contra, la que —afirma— vulnera sus garantías constitucionales, en particular el derecho a la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad, todo ello en el contexto de un procedimiento judicial en curso. Solicita además la suspensión de toda medida de fuerza mientras se resuelva el fondo de la acción. Que el actor denuncia una serie de supuestas irregularidades en el procedimiento que culminó con la orden de desalojo, entre ellas la falta de notificación adecuada, la imposibilidad de acceder oportunamente a los antecedentes judiciales y la actuación parcializada de funcionarios judiciales. Alega que, pese a existir una sentencia firme que le reconoce el derecho a ser indemnizado por las mejoras realizadas en el inmueble, la orden de desalojo fue emitida sin que se cumpliera previamente dicha obligación. Que, sin embargo, de los propios antecedentes expuestos por el recurrente se desprende que los hechos denunciados se encuentran actualmente sometidos al imperio judicial, es decir, están siendo conocidos y resueltos por los tribunales ordinarios de la República, en el marco de procedimientos jurisdiccionales regulares, con todas las garantías y recursos procesales que la ley contempla para la defensa de los derechos e intereses de las partes. Que el recurso de protección, conforme al artículo 20 de la Constitución Política de la República y al Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, constituye una acción cautelar, de carácter excepcional y subsidiario, destinada a restablecer de forma rápida y eficaz el imperio del derecho en casos de af

Fallo

Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, constituye una acción cautelar, de carácter excepcional y subsidiario, destinada a restablecer de forma rápida y eficaz el imperio del derecho en casos de afectación evidente y actual de derechos fundamentales, siempre que dicha afectación no pueda ser adecuadamente reparada o resuelta por los mecanismos ordinarios de impugnación. Que en la especie, los actos que se reprochan emanan de un órgano jurisdiccional legalmente competente, en el ejercicio de su función constitucional de administrar justicia, en el marco de un proceso judicial vigente, en el cual existen medios idóneos y adecuados para impugnar cualquier resolución estimada ilegítima o arbitraria, tales como recursos de reposición, apelación o incluso incidentes de nulidad, por lo que no corresponde que esta Corte, mediante la acción de protección, revise o modifique lo obrado en sede judicial. Que admitir a tramitación este recurso importaría desnaturalizar el carácter excepcional y subsidiario del recurso de protección, transformándolo en una instancia paralela o sustitutiva de los procedimientos judiciales ordinarios, lo que resulta jurídicamente improcedente. Que, por otra parte, esta Corte no puede dejar de tener presente que el acto recurrido se inscribe en un proceso judicial que tiene por objeto resolver un conflicto sobre la posesión y restitución de un inmueble, materias que —como ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia— no son suscepti

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C.A. de Temuco Temuco, cuatro de julio de dos mil veinticinco. Vistos: Que a folio 1 comparece don Celindo Marino Mora Figueroa, adulto mayor de 90 años, interponiendo recurso de protección en contra de don Juan Ñancupán Coñoepan, del Juzgado de Garantía de Villarrica y de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), solicitando que se deje sin efecto la orden de desalojo y descerraja