ALBERTO, CARLO/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES Y OTROS

Hechos

VISTOS Y

Fundamentos

CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, a folio 1, comparece Emmanuel Bien-Aime, habilitado en Derecho, interponiendo recurso de protección en favor de Carlo Alberto, ciudadano haitiano, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones de Chile y la Subsecretaría del Interior. Fundamenta su acción judicial en la omisión ilegal y arbitraria por parte de los recurridos al no emitir la resolución exenta que pone fin al procedimiento administrativo de solicitud de nacionalización presentada por el recurrente. Argumenta que esta omisión vulnera la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, referida a la igualdad ante la ley. Expone que el recurrente es un ciudadano haitiano que ha residido en Chile por más de 7 años y que, con fecha 12 agosto de 2023, presentó una solicitud de nacionalización con todos los antecedentes requeridos. Sin embargo, han transcurrido más de 20 meses sin obtener respuesta definitiva sobre su solicitud, lo que ha generado una constante preocupación, incertidumbre e indefensión para el afectado. Cita el artículo 20 de la Constitución Política, que establece la procedencia del Recurso de Protección contra actos u omisiones arbitrarias o ilegales que causen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de derechos fundamentales. Señala que la acción se encuentra dentro del plazo legal de 30 días, considerando que la omisión recurrida constituye un perjuicio permanente. Invoca el artículo 27 de la Ley 19.880, que dispone que los procedimientos administrativos no podrán exceder de 6 meses desde su iniciación hasta la emisión de la decisión final, salvo caso fortuito o fuerza mayor. Argumenta que no existe ningún acto administrativo fundado que haya formalizado la suspensión o ampliación de plazos por parte de la autoridad. Sostiene que la omisión recurrida vulnera múltiples principios administrativos consagrados en la Ley 19.880, especialmente el principio de celeridad (artículo 7), el principio conclusivo (artículo 8), el principio de economía procedimental (artículo 9) y el principio de inexcusabilidad (artículo 14). Cita el

Fallo

fallo de la E. Corte Suprema en la causa Rol 248.447-2023, el cual establece que la dilación en el pronunciamiento sobre una solicitud de nacionalización debe ser calificada como ilegal y arbitraria por vulnerar la garantía de igualdad ante la ley, al constituir una discriminación contra el recurrente en relación con otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han obtenido respuesta formal. Solicita que se ordene a los organismos recurridos emitir el pronunciamiento que en Derecho corresponda respecto de la solicitud de nacionalización presentada por el recurrente, en un plazo no superior a 60 días corridos o el que el tribunal estime conforme al mérito de los antecedentes. SEGUNDO: Que, a folio 5 compareció la recurrida Subsecretaria del Interior, explica que el otorgamiento de cartas de nacionalización corresponde al Ministerio del Interior mediante decreto expedido por la autoridad superior de dicho ministerio. Según lo establecido en los artículos 84 de la Ley N°21.325, 1° y 2° del Decreto Supremo N°5.142 de 1960, y 1, apartado IV, N°4 de la Ley N°16.436, esta facultad se dispone en términos potenciales, indicándose que "podrá" otorgarse esta concesión a quienes cumplan los requisitos correspondientes. Indica que conforme al artículo 157, N°8 de la Ley N°21.325, es el Servicio Nacional de Migraciones quien debe tramitar estas solicitudes para su posterior resolución por parte del Ministerio del Interior. En relación al caso concreto, la Subsecretaría inf

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Alberto Carlo Servicio Nacional de Migraciones y otros Recurso de Protección Rol N°546-2025.- La Serena, nueve de mayo de dos mil veinticinco. VISTOS Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, a folio 1, comparece Emmanuel Bien-Aime, habilitado en Derecho, interponiendo recurso de protección en favor de Carlo Alberto, ciudadano haitiano, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaci