RINCON/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Hechos

Vistos: A folio 1, el día 23 de septiembre de 2024, compareció el abogado Pablo Peñaloza Parra, quien actuando en favor de Anderson Marcelo Rincon Vezga, de nacionalizada venezolana, interpuso acción cautelar de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por estimar que ha incurrido en una actuación que califica como ilegal o arbitraria, consistente en la dilación injustificada en el otorgamiento de su carta de nacionalidad, solicitada el día 22 de septiembre de 2023. Expuso que, en la fecha indicada, el recurrente solicitó el beneficio migratorio de nacionalización pero a la fecha no ha recibido respuesta del recurrido, cuestión que lo mantiene en situación de incertidumbre. Consecuentemente con lo expuesto, denuncia vulnerada la garantía del artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República y pide se acoja la acción ordenándose a la recurrida pronunciarse sobre su solicitud en un plazo no superior a 60 días, con costas. Acompaña al recurso: 1. Comprobante de solicitud de nacionalización; 2. Cédula de identidad para extranjeros; 3. Certificado de residencia que acredita domicilio. A folio 6 se evacuó el informe por el Servicio Nacional de Migraciones, quien solicitó el rechazo de la acción de protección, pues estima no existe acto u omisión de su parte que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal y que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Expuso en lo pertinente que, con fecha 22 de septiembre de 2023 el recurrente solicitó el beneficio de Carta de Nacionalización, que se encuentra en etapa de análisis, y para efectos legales el Servicio actúa como mediador y receptor de documentación, pero la triangulación de corroboración de la información de ese tipo de solicitudes se reparten en el intersector para que el Presidente de la República resuelva, en ningún caso el servicio tiene competencias para resolver la solicitud de nacionalización. Encontrándose

Fundamentos

considerando: Primero: Que, el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio. Segundo: Que, de lo anteriormente reflexionado, se desprende como requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Tercero: Que, la presente acción se dirige contra el Servicio Nacional de Migraciones, arguyendo como acto u omisión vulneradora de los derechos del recurrente, el retraso evidente en la tramitación en la dilación injustificada en el otorgamiento de su carta de nacionalidad, solicitada en el mes de septiembre de 2023. Así, en el caso sublite, se concluye de los antecedentes que obran en autos que la recurrente solicitó en tiempo y forma su solicitud de carta de nacionalización en Chile a través de los canales destinados a tal efecto, sin obtener respuesta alguna de la recurrida en relación con la tramitación, más allá del hecho de encontrarse la solicitud de la recurrente en tramitación. Cuarto: Que, entonces, resultó acreditado que la recurrida ha dilatado la decisión de la solicitud presentada por el actor excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.880, no existiendo un acto administrativo formal expedido por la autoridad que contenga los motivos para acceder o denegar la solicitud del recurrente. Así, en el presente caso, se ha producido una excesiva demora en la tramitación de la solicitud, lo que ha afectado la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la igualdad respecto del plazo de resolución de solicitudes de otros casos, por lo que se acogerá el recurso a su respecto.

Fallo

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales; se acoge, sin costas, la acción interpuesta por el abogado Pablo Peñaloza Parra, a favor de Anderson Marcelo Rincon Vezga, en contra del Servicio Nacional de Migraciones. En consecuencia, se ordena a la recurrida resolver la solicitud de Carta de Nacionalización del recurrente en un plazo que no podrá exceder de noventa días contados desde que esta causa se encuentre firme. Redacción a cargo de la Abogada Integrante María Paz Olavarría Pérez. No firma el Fiscal Judicial (S) don Rodolfo Maldonado Mansilla, quien concurrió a la vista y acuerdo por encontrarse haber cesado su cometido funcionario. Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad. Rol Protección N° 1333-2024.

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Puerto Montt, nueve de mayo de dos mil veinticinco. Vistos: A folio 1, el día 23 de septiembre de 2024, compareció el abogado Pablo Peñaloza Parra, quien actuando en favor de Anderson Marcelo Rincon Vezga, de nacionalizada venezolana, interpuso acción cautelar de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por estimar que ha incurrido en una actuación que califica como ilegal o arb