ZAPATA/SECCIÓN REMUNERACIONES DE PDI

Hechos

Vistos: 1°. Que, comparece don Eduardo Alejandro Zapata Montero, ex funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile, interponiendo recurso de protección en contra de la Sección de Remuneraciones de dicha institución, por estimar que se ha vulnerado su derecho de propiedad y su derecho a la igualdad ante la ley, al haberse omitido el pago íntegro de la asignación de zona que alega le corresponde, desde el inicio de sus funciones en diversas regiones del país hasta su retiro, al no haberse considerado la asignación de especialidad al grado efectivo en la base de cálculo de dicho estipendio. 2°. Que, de los antecedentes acompañados por el propio recurrente aparece que la omisión cuya ilegalidad se denuncia fue objeto de revisión por parte de la Contraloría General de la República mediante Dictamen N° E98928/2021, de fecha 26 de abril del año 2021, en el que se estableció el criterio conforme al cual debía calcularse la gratificación de zona, incluyendo la mencionada asignación de especialidad. 3°. Que, asimismo, el recurrente reconoce en el recurso que la institución recurrida, en cumplimiento de dicho dictamen, regularizó parcialmente los pagos en el año 2022, aunque limitándolos a un periodo acotado que considera insuficiente. 4°. Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el N° 1 del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, el recurso debe interponerse dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto u omisión arbitraria o ilegal o, en su caso, desde que se haya tenido conocimiento cierto de los mismos. 5°. Que, en la especie, la omisión denunciada –esto es, la exclusión de la asignación de especialidad en el cálculo de la gratificación de zona– habría tenido lugar a lo menos desde junio del año 2019, con efectos que se habrían mantenido al menos hasta el año 2022, fecha en que se regularizó parcialmente el pago conforme

Fallo

Por tanto, los hechos constitutivos del acto impugnado y sus consecuencias ya se encontraban plenamente determinados y consumados al menos desde el año 2021, como se constata del dictamen antes citado. 6°. Que, si bien el actor señala haber conocido la supuesta ilegalidad de la actuación institucional recién el 18 de marzo de 2025, a raíz de la lectura de una sentencia dictada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Punta Arenas, ello no constituye una circunstancia que renueve el plazo para accionar, por cuanto los hechos y la afectación denunciada derivan de una omisión determinada y objetiva, acaecida con anterioridad y conocida por el actor, quien fue directamente afectado por ella desde el momento de la regularización parcial de sus pagos, verificada en el año 2022. 7°. Que, en consecuencia, al haberse deducido el presente recurso con fecha 15 de abril de 2025, esto es, transcurridos con creces los treinta días desde que el actor pudo y debió tener conocimiento cierto de los hechos que estima lesivos a sus derechos fundamentales, no puede sino concluirse que ha sido presentado fuera de plazo. Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de 28 de agosto de 2015, sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara inadmisible, por extemporáneo, el recurso de protección deducido por don Eduardo Alejandro Zapata Montero en contra de la Sección

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CH (mis) San Miguel, diecisiete de abril de dos mil veinticinco Vistos: 1°. Que, comparece don Eduardo Alejandro Zapata Montero, ex funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile, interponiendo recurso de protección en contra de la Sección de Remuneraciones de dicha institución, por estimar que se ha vulnerado su derecho de propiedad y su derecho a la igualdad ante la ley, al haberse omitid