OLAYA/ELIZALDE

Hechos

VISTOS: La comparecencia de Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de don Gustavo Adolfo Olaya Ibarguen, cédula de identidad para extranjeros N°25.560.070-2, de nacionalidad colombiana, con domicilio en El Cobre N°3839 de Calama, quien interpuso recurso de protección en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la Subsecretaría del Interior y el Servicio Nacional de Migraciones, pidiendo pronunciamiento sobre la solicitud de carta de nacionalización del recurrente dentro de un plazo no mayor a sesenta días, conforme con los principios que le impone su reglamentación o el que se estime conforme al mérito de autos y en general se adopten las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, con costas. Se tuvo por interpuesto el recurso en contra de la Subsecretaría del Interior y el Servicio Nacional de Migraciones, instando ambas por el rechazo del recurso. Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia. CON LO RELACIONADO Y

Fundamentos

CONSIDERANDO: PRIMERO: Que se indica en el recurso que el recurrente, de nacionalidad colombiana, ingresó al país como turista y después cambió su condición migratoria a residente por visa otorgada, para establecerse y desarrollar su proyecto de vida en Chile y luego le fue otorgada la residencia definitiva. Añade que el recurrente solicitó el beneficio migratorio de nacionalización con fecha 23 de agosto de 2022, realizando posteriormente el pago del beneficio migratorio solicitado, pero a la fecha no ha recibido ninguna respuesta por parte del Servicio recurrido, lo que lo mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre ante un trámite por demás demorado. Seguidamente se alude a la admisibilidad del recurso de protección y tras ello a la omisión recurrida y el derecho constitucional vulnerado, indicando que las garantías y derechos constitucionales afectados lo son por la omisión arbitraria e ilegal por parte del recurrido en el excesivo tiempo de tramitación en dar respuesta a la solicitud de nacionalización, pues desde la petición de fecha 23 de agosto de 2022 hasta la fecha ha transcurrido un plazo de dos años, seis meses y dieciocho días, sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado sobre la solicitud formulada, citando jurisprudencia al efecto. Destaca lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, al consagrar, entre otros, los principios de celeridad y economía procedimental. Por otra parte, sostuvo la improcedencia del silencio administrativo y del caso fortuito o fuerza mayor, pues, el recurso de protección precisamente se establece en la Carta Fundamental como una garantía constitucional ante la violación, amenaza o perturbación por acciones u omisiones ilegales y arbitrarias a los derechos protegidos por el artículo 20 en relación con el artículo 19 de la constitución, por lo que no puede el recurrido predisponer el agotamiento de la vía administrativa frente la vía judicial, añadiendo que tampoco es procedente la causal de excepción prevista en el artículo 27 de la Ley 19.880, situación que en la especie no se configura, citando jurisprudencia al efecto. Seguidamente enfatizó que en los Estados democráticos en donde impera el Derecho no puede haber espacio para la arbitrariedad en el ejercicio del Poder Público, añadiendo que la doctrina sostiene que la exigencia de un procedimiento administrativo reglado para la producción de un acto administrativo terminal tiene una consagración constitucional, añadiendo que el procedimiento reglado tiende a asegurar que antes de la dictación de un acto administrativo final, la Administración cumpla con una serie de trámites y plazos impuestos por la propia Constitución y las leyes, destacando los principios de la ley 19.880, e indicando que los mismos se están desconociendo durante la tramitación de la petición administrativa del recurr

Fallo

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Pablo Peñaloza Parra, en favor de don Gustavo Adolfo Olaya Ibarguen, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, Subsecretaría del Interior y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sólo en cuanto se ordena que este último, dentro del plazo de noventa días corridos desde la dictación de la sentencia, deberá pronunciarse sobre la petición de la carta de nacionalización del actor. Regístrese y comuníquese. Rol 404-2025 (PROT.)

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Antofagasta, a dieciséis de abril de dos mil veinticinco. VISTOS: La comparecencia de Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de don Gustavo Adolfo Olaya Ibarguen, cédula de identidad para extranjeros N°25.560.070-2, de nacionalidad colombiana, con domicilio en El Cobre N°3839 de Calama, quien interpuso recurso de protección en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la Sub