GONZALO HERNAN LLANOS BERROCAL CONTRA SECCION DE REMUNERACIONES POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Hechos

VISTOS: Comparece doña NATALIA ANDREA AGUILAR RODRIGUEZ, RUT N° 17.942.726-5, Abogado, en representación del funcionario de la PDI, GONZALO HERNAN LLANOS BERROCAL, Rut N°17.060.997-2, domiciliado en María Asunción Requena nº 01280, Punta Arenas, quien interpone recurso de protección en favor de su representado, recién individualizado, en contra de la SECCIÓN DE REMUNERACIONES de la Policía de Investigaciones de Chile, en adelante PDI, RUT N° 60.506.000-5, departamento que se encuentra bajo la jerarquía administrativa del Prefecto Inspector don Ricardo Virgilio Porcile Cerda, RUT N° 12.841.093-7, Jefe de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas de la PDI, en adelante JENAPERS con domicilio en calle General Mackenna N° 1314 de la ciudad de Santiago. Funda su recurso en que con la omisión de pago de los saldos remuneratorios adeudados de la "asignación de grado efectivo", código H0050 que es una remuneración adeudada desde el período de ingreso a la institución al 26 de abril de 2021, que corresponde a una época no regularizada por la recurrida, cuyo incumplimiento de pago afecta el derecho indubitado contenido en el art. 19 N°24 de nuestra constitución, esto es el "derecho de propiedad" sobre las remuneraciones de los recurrentes quienes recibieron el pago incompletamente. Agrega que otro aspecto dice relación con la conducta pasiva del recurrido en regular sus deberes como empleador público conculcando el derecho y garantía constitucional del art. 19 N° 2, debido a que la PDI hace distinción arbitraria en perjuicio de los recurrentes quienes son discriminados respecto de otros exfuncionarios a los que sí ha pagado de forma íntegra aquellos montos insolutos por el mismo período alegado en autos. Sostiene que el incumplimiento de las obligaciones correlativas de la prestación de pagar los saldos adeudados a los recurrentes de sus remuneraciones constituye un acto ilegal y arbitrario, por el vínculo jurídico que unió a los funcionarios afectad

Fundamentos

considerando precedente, pues dicha fecha de pronunciamiento no representa el nacimiento de los derechos de los recurrentes, sino que corresponde a una resolución consultiva sobre la materia. OCTAVO: Que, en este estado, estos sentenciadores estiman que la recurrida Policía de Investigaciones de Chile, actuó de forma arbitraria, desde que, a través de una interpretación errada de lo señalado por Contraloría, ha configurado una excusa artificiosa con la que se ha valido para no disponer el pago de una asignación que forma parte integrante de las remuneraciones a que tiene derecho el recurrente de autos y respecto de las cuales ostenta un derecho de carácter indubitado y preexistente, por lo que no resulta procedente que el actor no reciban durante todo este tiempo, parte de sus remuneraciones por hechos u omisiones de la administración, que no le son atribuibles, verificándose así, la afectación a su garantía constitucional consagrada en el artículo 19, en su numeral 24, de la Constitución Política de la República, esto es, su derecho de propiedad, desde que se le ha privado de que los emolumentos correspondientes a la asignación discutida y a los cuales tenían derecho, ingresen a sus patrimonios. Asimismo, el actuar arbitrario de la recurrida ha significado la afectación del derecho a la igualdad ante la ley que tienen los recurrentes, reconocido en el artículo 19, número 2, de la Constitución Política de la República, pues de los hechos asentados se desprende que se le ha discriminado de forma arbitraria, en relación a los demás funcionarios, que en semejantes circunstancias han podido gozar de la asignación de la señalada asignación de especialidad del grado efectivo. NOVENO: Que, así las cosas, y habiendo incurrido la Policía de Investigaciones, en un actuar arbitrario e ilegal que priva al recurrente de las garantías constitucionales referidas, cabe a esta Corte acoger el presente recurso de protección de la manera en que se dirá.

Fallo

fallo reciente de SCS Protección ROL N° 147.027 - 2023 caratulado "Cortes y otro contra Policía de Investigaciones de Chile (Sección Remuneraciones) que recae sobre el mismo objeto litigioso del pago de la "asignación de grado efectivo" donde el Máximo Tribunal del País, resuelve definitivamente la interpretación ambigua del Dictamen N° E98928 / 2021 de la C.G.R y fallando que debe pagarse igualmente desde el ingreso a la Institución hasta el 26 de abril de 2021, que es el período reclamado en autos. Considera que se produce una discriminación arbitraria por parte de la PDI, debido a que teniendo el deber de regularizar sus obligaciones incumplidas de sus empleados activos y en retiro de la institución por la precisión que hizo el fallo emanado de la Excma. Corte Suprema de Justicia en autos Rol N° 147.027-2023, esta ha hecho pago de aquellos montos adeudados por el período del ingreso a la institución al 26 de abril de 2021, sólo respecto de algunos con lo cual ha hecho diferencias arbitrarias respecto de otros ex funcionarios que sí han recibido el pago en su totalidad, como lo son Cristian Méndez Muñoz y Sergio Cortés Peña. Añade que la asignación del grado efectivo, es remuneración, el recurrente tiene sobre estas un derecho de propiedad, el cual es un derecho de carácter ABSOLUTO, EXCLUSIVO y PERPÉTUO, y por su calidad está protegido por el art. 19 N° 24 de la CPR., esto es el Derecho de Propiedad, siendo un derecho indubitado; que para aclarar como regula la normativa

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Punta Arenas, veinticuatro de marzo de dos mil veinticinco. VISTOS: Comparece doña NATALIA ANDREA AGUILAR RODRIGUEZ, RUT N° 17.942.726-5, Abogado, en representación del funcionario de la PDI, GONZALO HERNAN LLANOS BERROCAL, Rut N°17.060.997-2, domiciliado en María Asunción Requena nº 01280, Punta Arenas, quien interpone recurso de protección en favor de su representado, recién individualizado, en