MOLINA/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Hechos

VISTO Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que a folio 1, de 21 de noviembre de 2024, comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, cédula de identidad para extranjero N°26.322.938-K, abogado, por sí y a favor de Máximo Alberto Molina Gutiérrez, empleado, de nacionalidad peruana, cédula de identidad para extranjeros N°24.853.978-K, domiciliados para estos efectos en Diez Sur 1050, Comuna de Talca, Región del Maule, quien viene en interponer acción de protección de garantías constitucionales en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por don Luis Eduardo Thayer Correa, Sociólogo, con domicilio en San Antonio 580, comuna Santiago, Región Metropolitana de Santiago, por la omisión ilegal y arbitraria en emisión de resolución exenta que pone fin al procedimiento administrativo aprobando o rechazando la solicitud de residencia definitiva, esto, desde su solicitud el 25 de abril de 2022, por impedir dicha omisión el principio de igualdad ante la ley, conforme lo preceptuado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 24 y 27 de Ley 19.880 y asimismo con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 21.325 y el artículo 46 de su Reglamento contenido en el Decreto Supremo 296 de 2022. Refiere que el recurrente, en síntesis, es empleado, de nacionalidad peruana, ingresando al país en calidad de turista, estando dentro del país cambia su condición migratoria a residente por visa temporal, posteriormente, en virtud del vencimiento de su visado, solicita el beneficio de residencia definitiva, cumpliendo con los requisitos exigidos en la ley. Expresa que, el 25 de abril de 2022, el recurrente solicita el beneficio migratorio de residencia definitiva. Consigna que, a la fecha el recurrente no ha recibido ninguna respuesta por parte del servicio recurrido, lo que lo mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre ante un trámite por demás demorado. Sostiene que, las garantías

Fallo

fallo Rol 74521-2022, rechazó los argumentos del Servicio Nacional de Migraciones sobre la existencia de otras vías de impugnación distintas a la acción cautelar, señalando que el ejercicio de recursos constitucionales no puede considerarse una amenaza a la igualdad. El informe N°178/2022 de la Contraloría General de la República reveló demoras de hasta 990 días en la tramitación de solicitudes de residencia, evidenciando una vulneración al principio de celeridad establecido en la Ley 19.880. Además, se documentó la existencia de más de 196.000 solicitudes pendientes sin gestión alguna, lo que contraviene los principios de eficiencia y control de la administración pública. Por otro lado, la Corte Suprema ha determinado en diversos fallos la improcedencia del silencio administrativo y la justificación de demoras con base en el caso fortuito o la fuerza mayor, especialmente en lo relativo a la pandemia de COVID-19, argumentando que la administración pública debe redoblar esfuerzos en tiempos de crisis. En términos de regulación, la Constitución establece la obligación de que los actos administrativos se ajusten a procedimientos reglados, lo que refuerza la necesidad de cumplir con los plazos estipulados. En ese sentido, la Ley 19.880 establece que los procedimientos administrativos no pueden exceder los seis meses, salvo en casos excepcionales debidamente justificados. Finalmente, el informe de Contraloría también identificó pérdidas de información en el sistema B-3000 en 2

Texto Completo (Preview)

Talca, trece de marzo de dos mil veinticinco. VISTO Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que a folio 1, de 21 de noviembre de 2024, comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, cédula de identidad para extranjero N°26.322.938-K, abogado, por sí y a favor de Máximo Alberto Molina Gutiérrez, empleado, de nacionalidad peruana, cédula de identidad para extranjeros N°24.853.978-K, domiciliados para estos efectos e