RODRIGUEZ RODRÍGUEZ, CARELIS ANDREA/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Hechos

Visto y

Fundamentos

considerando: PRIMERO: Que Pablo Daniel Peñaloza Parra recurre de protección por sí y a favor de Carelis Andrea Rodríguez Rodríguez, de nacionalidad venezolana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión que estima ilegal y arbitraria en pronunciarse sobre su carta de nacionalización, alegando vulneración de su garantía constitucional de igualdad ante la ley. Expone que la recurrente, contando con residencia definitiva, presentó petición de carta de nacionalización el 7 de agosto de 2023, sin que a la fecha de interposición del recurso haya recibido respuesta, lo que la mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre ante un trámite que alega demorado. Junto con alegar infracción a los principios que informan el procedimiento administrativo y, previas citas jurisprudenciales, pide se ordene al servicio recurrido que se pronuncie sobre su petición dentro de un plazo razonable, conforme con los principios que le impone su reglamentación, o el que esta Corte estime conforme al mérito de autos, con costas. SEGUNDO: Que informa Roberto Ignacio Castillo Toro, abogado de la Dirección Regional de Coquimbo del Servicio Nacional de Migraciones, quien pide el rechazo de la acción. Expone que la recurrente ingresó al país el 26 de noviembre de 2017, en calidad de turista, por el paso fronterizo Carretera Chacalluta, otorgándosele el 3 de junio de 2020 la permanencia definitiva, e ingresando petición de carta de nacionalización el 7 de agosto de 2023, la que se encuentra en etapa de primer análisis. TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio. CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, cons

Fallo

por tanto, la dilación del recurrido en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente. Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de Carelis Andrea Rodríguez Rodríguez en contra del Servicio Nacional de Migraciones y, en consecuencia, se dispone que la recurrida deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de carta de nacionalización, dentro de plazo de sesenta (60) días corridos contados desde la notificación de esta sentencia. Decisión acordada con el voto en contra de la Fiscala Judicial señora Aravena, quien fue del parecer de rechazar el arbitrio intentado, teniendo en consideración para ello que al tratarse la carta de nacionalización de una concesión especial que produce importantes efectos al otor

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Rodríguez Rodríguez, Carelis Andrea Servicio Nacional de Migraciones Recurso de Protección Rol N°114-2025.- La Serena, siete de febrero de dos mil veinticinco. Visto y considerando: PRIMERO: Que Pablo Daniel Peñaloza Parra recurre de protección por sí y a favor de Carelis Andrea Rodríguez Rodríguez, de nacionalidad venezolana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión que est