MP C/ PAOLA ANDREA GUAJARDO ARAVENA

Hechos

VISTO:  En estos autos RIT 102-2024, RUC N° 1901256583-9, del Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, por sentencia de dieciocho de octubre de dos mil veinticuatro, se condenó a la acusada Paola Andrea Guajardo Aravena, al cumplimiento efectivo de la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, oficios públicos y derechos políticos y a la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure su condena, como autora de un delito consumado de homicidio, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 2 del Código Penal, perpetrado el 19 de noviembre de 2019, en la comuna de Cerro Navia. En contra del referido fallo, el Defensor Penal Privado, don Jairo Casanova Hernández, dedujo recurso de nulidad.  Concedido el recurso y elevados los autos para el conocimiento de esta Corte, con fecha siete de enero de este año se procedió a la vista de la causa, escuchándose los alegatos de un abogado Defensor Penal Privado, de una abogada del Ministerio Público, fijándose la audiencia del día de hoy para la lectura de esta sentencia.

Fundamentos

CONSIDERANDO: PRIMERO: Que en su recurso, el recurrente funda su primera impugnación en la causal de la letra a) del artículo 373, esto es, cuando en cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia, se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantía asegurados por la Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, alegando genéricamente que ““toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado” y conforme a “las garantías de un procedimiento y una investigación racional y justo””, aduciendo, en síntesis, que tales principios habrían sido transgredidos en el

Fallo

fallo impugnado “…al otorgar pleno valor probatorio a la declaración de un testigo reservado -el TESTIGO RESERVADO M-, cuyo testimonio es el único antecedente para establecer la proposición fáctica inculpatoria en contra de mi defendida, que los jueces recurridos estimaron creíble, pero cuya versión no sólo no fue corroborada sino que fue contradicha por la propia prueba de cargo”; motivo por el cual, por resolución de veinte de noviembre de dos mil veinticuatro, rectificada el cuatro de diciembre del mismo año, de conformidad a lo previsto en el artículo 383 del Código Procesal Penal, la Excma. Corte Suprema recondujo a la causal del artículo 374 letras e) del aludido texto legal, reflexionando al efecto que “…se ha invocado como causal principal la prevista en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, haciendo alusión a una presunta infracción al derecho de defensa pero cuyo eje se circunscribe en cuestionar el proceso de valoración y extracción inferencial empleado por el tribunal para justificar la decisión de condena”, concluyendo que “…compartiendo en esta oportunidad la opinión del Ministerio Público, es dable señalar que las argumentaciones en que se sustenta la causal que otorga competencia a esta Corte Suprema, llevan naturalmente a concluir su conexión con la causal establecida en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal”; SEGUNDO: Que en subsidio de la anterior, el recurrente denuncia también, la causal de la letra e) del artículo 374, en relac

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C.A. de Santiago Santiago, catorce de enero de dos mil veinticinco. VISTO:  En estos autos RIT 102-2024, RUC N° 1901256583-9, del Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, por sentencia de dieciocho de octubre de dos mil veinticuatro, se condenó a la acusada Paola Andrea Guajardo Aravena, al cumplimiento efectivo de la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio y