FERNANDEZ/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Hechos

VISTO: Comparece don Pablo Peñaloza Parra, abogado, a favor de doña Miceli Josefina Fernández Rivero, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N° 27.943.362-9, por quien deduce acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones. Expone que el 2 de septiembre de 2023 solicitó el beneficio migratorio de residencia definitiva, sin embargo, a la fecha no ha recibido ninguna respuesta del recurrido, lo que le mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre ante un trámite por demás demorado. Manifiesta que la omisión ilegal y arbitraria en cuanto a no emitir resolución exenta que ponga fin al procedimiento aprobando o rechazando la solicitud presentada implica una serie de limitaciones en cuanto a trámites esenciales de la vida cotidiana, con lo infringe el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de República. Cita jurisprudencia. Finalmente, pide se ordene al recurrido emitir pronunciamiento respecto de la solicitud de residencia definitiva dentro del plazo de 30 días, conforme con los principios que le impone su reglamentación en el artículo 37 de la Ley N°21.325 y en el artículo 46 de su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°296 de 2022 y en general adoptar las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, con costas. Acompaña documentos. Evacúa informe el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción constitucional ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de las garantías constitucionales incoadas. Indica que, consta en sus registros que la recurrente con fecha 2 de septiembre de 2023 ingresa solicitud de beneficio de residencia definitiva registrada bajo el N°67406845, si

Fundamentos

CONSIDERANDO: PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir. SEGUNDO: Que, de autos se colige un reclamo en contra del recurrido, ya que habiendo solicitado la actora el 2 de septiembre de 2023 el beneficio de permanencia definitiva, hasta la fecha no ha recibido respuesta definitiva al respecto. A su vez, el recurrido expone que el sí ha dado respuesta a la referida solicitud, respecto de la que se ha solicitado al extranjero que acompañe la documentación requerida, con fecha 6 de septiembre de 2024. TERCERO: Que en dicho sentido, conforme al mérito de los antecedentes aportados por el recurrido, surge con claridad que el avance de la tramitación de la solicitud de la recurrente se encuentra precisamente en la esfera de su responsabilidad, acompañar los antecedentes que le fueran requeridos por la autoridad migratoria. De este modo, no existe acto arbitrario o ilegal que pueda ser enmendado mediante la adopción de medida alguna, por lo que al no concurrir los presupuestos necesarios para que la acción cautelar prospere, esto es, que se haya incurrido en un acto u omisión ilegal o arbitrario y que se hayan conculcado derechos garantidos por la Constitución, sólo cabe disponer el rechazo de la acción constitucional deducida. Y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada en favor de Miceli Josefina Fernández Rivero. Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese. Rol N° Protección-895-2024.

Texto Completo (Preview)

Iquique, veinticuatro de octubre de dos mil veinticuatro. VISTO: Comparece don Pablo Peñaloza Parra, abogado, a favor de doña Miceli Josefina Fernández Rivero, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N° 27.943.362-9, por quien deduce acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones. Expone que el 2 de septiembre de 2023 solicitó el benefi