RODRIGUEZ TORREALBA, RAIZA CAROLINA/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Hechos

VISTO Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que a folio 1 comparece Junior Armando Daza Vargas, abogado, en representación de doña RAIZA CAROLINA RODRÍGUEZ TORREALBA, empleada, de nacionalidad venezolana, y deduce recurso de protección de garantías constitucionales en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por don Luis Eduardo Tayer Correa, por la omisión ilegal y arbitraria en la emisión de resolución exenta que pone fin al procedimiento administrativo aprobando o rechazando la solicitud de visa Sujeta a contrato, solicitada por la recurrente con fecha 22 de junio de 2019, por impedir dicha omisión el principio de igualdad ante la ley, conforme lo preceptuado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 24 y 27 de Ley 19.880 y asimismo con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 21.325 y el artículo 46 de su Reglamento contenido en el Decreto Supremo 296 de 2022. Señala que la recurrente, empleada, de nacionalidad venezolana, ingresó al país el día 18 de diciembre del año 2018, en calidad de turista estando dentro del territorio nacional realizó la solicitud para el cambio de su condición migratoria a residente temporal el 22 de febrero del año 2019. Indica que la parte recurrente hizo en un oportunidad cambio de empleador, entregándole el permiso de trabajo a nombre del nuevo empleador el 25 de septiembre de 2019, pagando los respectivos derechos, sin que le haya llegado notificación para activar el estampado electrónico, sin haber obtenido respuesta de su solicitud de residencia. Agrega que el 19 de julio de 2023 la parte recurrente envió una carta al Servicio Nacional de Migraciones, solicitando la revisión de su caso; siendo esta la fecha sin tener respuesta aun por parte de la recurrida. Indica que desde la solicitud a la residencia temporal realizada por la recurrente han transcurrido más de 48 meses, cuadruplicando este el plazo fijado por Ley 19.880,

Fundamentos

motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso. CUARTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de residencia temporaria que la recurrente solicitó el 22 de febrero de 2019, pidiendo que se ordene a la recurrida “resolver la solicitud de Residencia Temporal de la recurrente, así como ordenar a la recurrida, que cumplidos como han sido todos los extremos de la Ley de Extranjería y su Reglamento, se le otorgue sin más demora a la recurrente, el permiso de residencia definitivo solicitada, dentro de un plazo razonable…” QUINTO: Que a folio 4, la recurrida evacuando su informe, solicitó que se desestime la presente acción, en atención a que la residencia temporaria fue otorgada Resolución Exenta N°1807, de 02 de julio de 2021. SEXTO: Que, en consecuencia, del mérito de los antecedentes se aprecia que a la fecha se encuentra subsanado el requerimiento presentado por la recurrente, otorgando la respuesta respecto a la solicitud de residencia temporaria pedida por la actora y sin que se advierta la existencia de alguna medida urgente que pueda ser adoptada por este tribunal a través de esta vía cautelar, el presente recurso de protección no se encuentra en condiciones de prosperar, y necesariamente debe ser declarado sin lugar por no existir un acto ilegal o arbitrario del Servicio Nacional de Migraciones.

Fallo

Por lo expuesto, solicita el rechazo del recurso. TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio. Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, considera

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Raiza Carolina Rodríguez Torrealba Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol N°1558-2024 La Serena, ocho de octubre de dos mil veinticuatro. VISTO Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que a folio 1 comparece Junior Armando Daza Vargas, abogado, en representación de doña RAIZA CAROLINA RODRÍGUEZ TORREALBA, empleada, de nacionalidad venezolana, y deduce recurso de protección de garantías