RUTH ESTER SANDOVAL TOLOZA/ISAPRE CONSALUD

Hechos

VISTO: Que se presenta la abogada Valentina Antonia Novoa Inostroza en beneficio de Ruth Ester Sandoval Toloza, interponiendo recurso de protección en contra de ISAPRE CONSALUD S.A., por la acción ilegal y arbitraria consistente en continuar dando una cobertura limitada a las prestaciones psicológicas y psíquicas por el sólo hecho de tener un plan de salud antiguo, lo cual considera es discriminatorio y atenta contra garantías constitucionales. Refiere que la recurrente esta contractualmente vinculada con la ISAPRE CONSALUD y desde que se dictó la Ley 21.331 en el año 2021, ésta no ha equiparado las prestaciones de salud mental a las prestaciones de salud física; efectuando un análisis de la indicada Ley y de la Circular 396 de la Superintendencia de salud. Pide dejar sin efecto la cobertura restringida y equiparar las prestaciones físicas y psíquicas, sin excepción y sin limitación, con costas. Informa la ISAPRE CONSALUD S.A. alegando, en primer lugar, la inadmisibilidad del recuro por extemporáneo; indica que fue presentada fuera del plazo fatal de 30 días, en relación a la fecha de publicación de la Ley 21.331 de mayo de 2021, o en octubre de 2021 cuando empezó a regir, habiéndose interpuesto el recurso el 19 de agosto de 2024. En cuanto al fondo, sostiene que la Ley 21.331 no tiene efecto retroactivo y, por ende, no puede afectar a los contratos celebrados antes de su vigencia, como lo sostiene la Circular 396 de noviembre de 2021. Concluyendo que no ha existido de su parte privación, perturbación o amenaza alguna de garantías constitucionales. Se trajeron los autos en relación.

Fundamentos

Considerando: Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías o derechos -preexistentes- protegidos; consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto. Segundo: Que, en primer lugar, la recurrida ha alegado la extemporaneidad de esta acción constitucional fundada en que ha sido interpuesta fuera del plazo que establece el numeral 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y

Fallo

Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, alegación que debe ser desestimada, teniendo presente para ello que los efectos del contrato, el plan de salud y sus consecuencias, se producen mes a mes, a medida que las partes cumplen sus obligaciones periódicas, por lo que se trata de efectos permanentes en el tiempo, situación esta última que habilita a recurrir de la forma que lo hizo la recurrente, por lo cual se estima que el recurso fue interpuesto dentro de plazo. Tercero: Que, ahora bien, de acuerdo a la cuestión propuesta por la recurrente, lo primero que cabe traer a colación, es que, tal como lo ha sostenido el Excmo. Tribunal Constitucional, resulta imprescindible indicar que el contrato que celebra un afiliado con una determinada ISAPRE no equivale a un mero seguro individual de salud, regido por el principio de autonomía de la voluntad, pues opera en relación con un derecho garantizado constitucionalmente a las personas en el marco de la seguridad social y en que la entidad privada que otorga el seguro, tiene asegurada, por ley, una cotización, o sea, un ingreso garantizado. Así, las normas que regulan esta relación jurídica son de orden público (Sentencia Rol 1710-10); criterio que ha sido compartido por el Excma. Corte Suprema, al señalar: “En el sentido expresado, se comparte lo razonado por dicho Tribunal, especialmente considerando la naturaleza de servicio público que importan las prestaciones de salud que satisfacen los Institutos de Salud

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Concepción, once de septiembre de dos mil veinticuatro. VISTO: Que se presenta la abogada Valentina Antonia Novoa Inostroza en beneficio de Ruth Ester Sandoval Toloza, interponiendo recurso de protección en contra de ISAPRE CONSALUD S.A., por la acción ilegal y arbitraria consistente en continuar dando una cobertura limitada a las prestaciones psicológicas y psíquicas por el sólo hecho de tener u