JARA/SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS

Hechos

Vistos y teniendo presente: 1°) Se ha deducido acción constitucional de protección con fecha 04 de julio de 2024 por don Carlos Christian Jara Riffo, ingeniero civil metalúrgico, cédula nacional de identidad 12.299.235-7, con domicilio en avenida del mar 2900, departamento 811, La Serena, en contra de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, RUT 61.221.000-4, con domicilio en Los Carrera 599, oficina 1, edificio Juan Godoy, Copiapó, representada legalmente por don francisco Roberto San Martín Osses, cédula de identidad 12.541.357-9, con el mismo domicilio anterior, y también en contra de Nueva Atacama S.A., RUT 76.850.128-9, domiciliada en Copayapu 2970, Copiapó, representada legalmente por don Sergio Fuentes Farías, cédula de identidad 10.709.557-8, con el mismo domicilio anterior. Señala ser propietario del departamento 34 ubicado en calle Rómulo J. Peña 170, edificio B, condominio Las Palmas, Copiapó. Señala que este departamento fue arrendado a la empresa minera Mirasol Chile Ltda., desde el 08 de marzo de 2019 hasta el 15 de julio de 2022, fecha en que fue desocupado. Desde esta data en adelante no ha vuelto a ser ocupado por nadie por lo que no ha tenido gastos de suministro de agua ni de ningún otro suministro de servicios básicos. Es del caso que mientras el departamento se encontraba desocupado, desde agosto del año 2022, se han originado cobros injustificados por suministro de agua de parte de la recurrida Nueva Atacama. Así, en diciembre de 2022 registra gastos por este concepto que alcanzan a $46.450, enero de 2023 por $352.300, febrero de 2023 por $56.500, abril de 2023 por 95.458, mayo de 2023 por $104.121 y junio de 2023 por $101.326. Dice que la deuda alcanzó a $856.800 cuando la empresa retira el niple de agua cortando la conexión para posteriormente mantener el cobro de intereses que en junio del 2024 totalizan $1.309.600, suma que le resulta imposible pagar. Dada esta situación reconoce haber realizado distintos reclamos (13) a la empresa N

Fallo

fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales señala en su disposición primera, que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones (…) dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”. En la especie, de considerarse que la afectación reclamada aconteció el día en que fue revisado el medidor en el domicilio del recurrente (4 de julio de 2023), sin las condiciones que éste estimaba pertinentes, hasta la data de presentación del recurso constitucional en cuestión (4 de julio de 2024), cabe concluir que el plazo para la interposición oportuna de la señalada medida cautelar fue superado con creces, desde que entre la verificación del medidor y la interposición de la tutela transcurrieron más de treinta días. Ahora bien, si el plazo es contado desde el pronunciamiento de la empresa sobre el estado del reclamo presentado por el recurrente (12 de abril de 2024) nuevamente el ejercicio de la acción de protección rebasa la oportunidad prevista en el auto acordado para su interposición. Igual conclusión se desprende de los antecedentes aportados por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, los cuales revelan que si el plazo es computado desde la Respuesta de Nueva Atacama a la solicitud de la citada Superintendencia de fecha 4 d

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C.A. Copiapó En Copiapó, a once de septiembre de dos mil veinticuatro. Vistos y teniendo presente: 1°) Se ha deducido acción constitucional de protección con fecha 04 de julio de 2024 por don Carlos Christian Jara Riffo, ingeniero civil metalúrgico, cédula nacional de identidad 12.299.235-7, con domicilio en avenida del mar 2900, departamento 811, La Serena, en contra de la Superintendencia de Se