ZUÑIGA/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACION

Hechos

VISTO: Comparece don Maximiliano Opazo Basáez, abogado, a favor de don Holman Hernando Zúñiga Córdoba, de nacionalidad colombiana, por quien deduce acción de protección constitucional en contra del Servicio Nacional de Migraciones por perturbar en forma ilegal y arbitraria los derechos garantizados en el artículo 19 numerales 2 y 3 de la Constitución Política de la República. Señala que, el 10 de octubre del 2023, solicitó el beneficio de residencia temporal en calidad de titular para extranjeros que cumplen funciones remuneradas en nuestro país. Explica que a través de un proceso internacional de postulación resultó elegido y contratado por la empresa Bureau Veritas S.A., para desempeñar el cargo de “gerente de operaciones oficina técnica”, por lo cual se debía trasladar desde su natal Colombia a las instalaciones de su empleador, ubicada en la ciudad de Santiago de Chile, Región Metropolitana. Manifiesta que el proceso migratorio no ha avanzado por lo que ha debido tramitar más de cuatro permisos sobre autorización de trabajo con permanencia transitoria, generando un verdadero perjuicio y menoscabo económico para el recurrente causado por el solo actuar arbitrario y negligente del órgano administrativo que, sin mediar razón alguna ni tampoco dar cuenta del avance del proceso del recurrente, ha demorado en el otorgamiento de un pronunciamiento respecto de la solicitud del beneficio migratorio anteriormente señalado. Alega que silencio por parte de la autoridad administrativa se configura en una omisión arbitraria e ilegal que vulnera la igualdad ante la ley que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas. Solicita el pronunciamiento y aprobación, sin mayor demora y en el más breve plazo posible, respecto de la solicitud sobre beneficio de Residencia para extranjeros que cumplen actividades licitas remuneradas en Chile del recurrente, con costas. Acompaña documentos. Evacúa informe el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el re

Fundamentos

CONSIDERANDO: PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir. SEGUNDO: Que, de autos se colige un reclamo en contra del recurrido, ya que habiendo solicitado el actor el 04 de agosto de 2023 el beneficio residencia temporal, hasta la fecha no ha recibido respuesta definitiva al respecto. TERCERO: Que, para resolver, se considerará que los órganos de la Administración del Estado deben sujetarse a las bases o pilares fundamentales que establece la Ley 19.880, en cuanto todo acto que de ellos emane debe expresarse por escrito, según lo dispone su artículo 5, y que, en virtud del principio conclusivo, todo procedimiento debe concluir por un acto decisorio de la Administración, en el cual se exprese su voluntad. Asimismo, su artículo 7 prevé el principio de celeridad, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa; prerrogativa que abona el principio conclusivo dispuesto en el artículo 8 y de economía procedimental contenido en el artículo 9, todos de la Ley 19.880 antes citada. CUARTO: Que, asentado lo anterior, y contrastado con la fecha en que se inició el trámite administrativo del recurrente, se evidencia que no han sido completamente observados los principios colacionados en el considerando precedente, en lo relativo a la celeridad y conclusión de los actos administrativos, lo que infringe de cierta forma lo dispuesto en el artículo 27 de la ley antedicha, apareciendo la omisión denunciada carente de razonabilidad y arbitraria. QUINTO: Que, así las cosas, y sin perjuicio que la demora no ha provocado un daño al recurrente, la omisión de la autoridad recurrida igualmente importaría una afectación y vulneración a la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, pues provocaría una discriminación en contra del actor en relación con el trato que eventualmente se dispense a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, hubieren podido tramitar sus solicitudes dentro de un plazo razonable, motivos todos por lo que la presente acción constitucional será acogida en la forma que

Fallo

Por estas consideraciones y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE la acción constitucional de protección presentada a favor de don Holman Hernando Zúñiga Córdoba, sólo en cuanto la institución recurrida deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de residencia presentada, dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la notificación de esta sentencia. Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese. Rol N° 622-2024 Protección.

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Iquique, seis de septiembre de dos mil veinticuatro. VISTO: Comparece don Maximiliano Opazo Basáez, abogado, a favor de don Holman Hernando Zúñiga Córdoba, de nacionalidad colombiana, por quien deduce acción de protección constitucional en contra del Servicio Nacional de Migraciones por perturbar en forma ilegal y arbitraria los derechos garantizados en el artículo 19 numerales 2 y 3 de la Consti