VELIZ UAUY JUAN CARLOS/ COMPIN-SUSESO

Hechos

VISTO: En estos autos Ingreso Corte 8225-2024, compareció mediante formulario manuscrito, Juan Carlos Veliz Uauy y dedujo recurso de protección en contra de Superintendencia de Seguridad Social y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Subcomisión (COMPIN), señalando que de acuerdo a la Resolución Exenta N° R-01-UME-47532-2024, emitida por la Superintendencia de Seguridad Social se rechazó el pago del subsidio correspondiente a la licencia médica N° 94320952-9, a pesar de que la licencia extendida con posterioridad fue autorizada por la COMPIN, agregando que si la SUSESO no autoriza la penúltima licencia no le pagarán la posterior autorizada. En consecuencia, señala, se ha vulnerado el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, razón por la cual solicita el pago de la licencia médica aludida. Informó Benjamín Soto Brandt, en su calidad de Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana y a su vez en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana (COMPIN R.M), señalando que la licencia médica N° 94320952-9 que se reclama por el recurrente, fue rechazada en atención de que este no aportó antecedentes que justifiquen seguir manteniendo el reposo. Señala que, además, la reposición interpuesta se desestimó debido a que el actor adjuntó antecedentes del programa terapéutico residencial del año 2019, solicitando la revisión de prótesis, sin adjuntar la evaluación realizada especificando exploración física, por lo que se ignora las limitaciones funcionales que le produce la patología enunciadas en la licencia médica, sin acredita fecha probable de alta, recuperabilidad, copia de carnet de kinesiterapia, epicrisis, por lo que fue imposible que la contraloría médica determinar el rol terapéutico del reposo. Destaca que la decisión de aprobar o rechazar una licencia médica se enmarca dentro de los parámetros objetivos que se han dispuesto por la ley y la normativa vigente, agregando

Fundamentos

CONSIDERANDO: 1°.- Que como reiteradamente se ha sostenido, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio. Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección. 2°.- Que la clave para elucidar de qué trata esta acción de protección está en precisar si la actuación denunciada es "ilegal" o "arbitraria". En este sentido, debe apuntarse que la afectación del derecho a través del acto u omisión arbitrario o ilegal debe ser directa, grave y manifiesta, pues ello es lo que justifica la naturaleza de este procedimiento breve y sumario que persigue el restablecimiento inmediato del derecho fundamental afectado. Por lo mismo, se requiere la efectiva existencia de un acto ilegal, vale decir, que no se atenga a la normativa por la que debe regirse, lo que también se verifica cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley. Por su parte, tal actuación es arbitraria cuando carece de razonabilidad en el actuar u omitir o bien cuando existe falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar o ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o cuando no se verifican los hechos que fundamentan un actuar. 3°.- Que en lo tocante a la extemporaneidad de la acción de protección, cabe recordar que la Resolución recurrida, Exenta N° R-01-UME-47532-2024, que rechazó el reclamo contra resolución de la Compin que a su vez desestimó el pago de la licencia médica N° 94320952-9, data del 22 de marzo de 2024, y el presente recurso, se dedujo el 9 de abril último, de lo que se sigue que este último fue interpuesto dentro del plazo de 30 días que establece el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección, por lo que la excepción de extemporaneidad alegada por la recurrida será desestimada. 4°.- Que asimismo, debe descartarse la improcedencia de conocerse por la vía de la acción de protección este asunto, por tratarse de uno que atañe al derecho a la seguridad social -no tutelado por el artículo 20 de la Carta Política- pu

Fallo

Por lo expuesto, ha actuado dentro del ámbito de sus competencias, sin que exista vulneración o amenaza de las garantías constitucionales que señala como amagadas. Se ordenó traer los autos en relación. CONSIDERANDO: 1°.- Que como reiteradamente se ha sostenido, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio. Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección. 2°.- Que la clave para elucidar de qué trata esta acción de protección está en precisar si la actuación denunciada es "ilegal" o "arbitraria

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C.A. de Santiago Santiago, ocho de agosto de dos mil veinticuatro. VISTO: En estos autos Ingreso Corte 8225-2024, compareció mediante formulario manuscrito, Juan Carlos Veliz Uauy y dedujo recurso de protección en contra de Superintendencia de Seguridad Social y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Subcomisión (COMPIN), señalando que de acuerdo a la Resolución Exenta N° R-01-UME-47532-2