C/CONTRERAS SEPULVEDA JUAN MANUEL, CESAR MANRIQUEZ BRAVO, PEDRO ESPINOZA BRAVO Y OTROS.QTE. VILLAROEL ROJAS MARIA ANGELICA.ES PARTE: EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTROS(D)

Hechos

VISTOS: El 20 de mayo de 2015, el Ministro en Visita Sr. Hernán Crisosto Greisse dictó sentencia en estos autos -que rolaban con el Nº 2.182-98-, de la denominada “Operación Colombo, Episodio Enrique Toro Romero y otros”, que se consigna a fojas 8.611 y siguientes del Tomo XXI. En ella, se condena a Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Marcelo Luis Manuel Moren Brito, Miguel Krassnoff Martchenko, y a Raúl Eduardo Iturriaga Neumann; a la pena de veinte años de presidio mayor en su grado máximo, accesorias inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y de inhabilitación absoluta para profesiones titulares por el tiempo de la condena, y al pago de las costas, como autores de los delitos de secuestro calificado de Enrique Segundo Toro Romero, José Caupolicán Villagra Astudillo, y Eduardo Enrique Lara Petrovich, ilícitos previstos y sancionados en el inciso tercero del artículo 141 del Código Penal, en relación con el inciso primero del mismo artículo; ocurridos en esta ciudad a partir del 10 de Julio de 1974 en el caso de Toro Romero, y del 15 de Julio de 1974 en el caso de Villagra Astudillo y Lara Petrovich. Del mismo modo, la sentencia condenó como autores de los mismos ilícitos a la pena de trece años de presidio mayor en su grado medio, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, e inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el tiempo de la condena, además del pago de las costas, a los siguientes acusados: Gerardo Ernesto Godoy García, Ricardo Víctor Lawrence Mires, Gerardo Ernesto Urrich González, Ciro Torré Sáez, Sergio Hernán Castillo González, Manuel Andrés Carevic Cubillos, Hermón Helec Alfaro Mundaca, Basclay Humberto Zapata Reyes, José Enrique Fuentes Torres, José Mario Friz Esparza, Julio José Hoyos Zegarra, Nelson Alberto Paz Bustamante, Rudeslindo Urrutia Jorquera, Claudio Orlando Orellana de la Pinta, Hiro Álvarez Vega, José Alfonso Ojeda Obando, Gustavo Galvarino Carumán Soto, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Luis Salvador Villarroel Gutiérrez, Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar, Hugo Del Tránsito Hernández Valle, Juan Ángel Urbina Cáceres, Manuel Rivas Díaz, Risiere del Prado Altez España, Raúl Juan Rodríguez Ponte, Juan Evaristo Duarte Gallegos, Víctor Manuel Molina Astete, Fernando Enrique Guerra Guajardo, José Nelson Fuentealba Saldías, Olegario Enrique González Moreno, Hugo Rubén Delgado Carrasco, Lautaro Eugenio Díaz Espinoza, Pedro Ariel Araneda Araneda, Carlos Alfonso Sáez Sanhueza, Juan Alfredo Villanueva Alvear, Alfredo Orlando Moya Tejeda, Rafael de Jesús Riveros Frost, Leonidas Emiliano Méndez Moreno, Demóstenes Eugenio Cárdenas Saavedra, y Hernán Patricio Valenzuela Salas. A su turno, Luis Eduardo Mora Cerda, José Jaime Mora Diocares, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Héctor Raúl Valdebenito Araya, Héctor Manuel Lira Aravena, Jaime Humberto París Ramos, Jorge Laureano Sagardía Monje, José Stalin Muñoz Leal, Nelson Aquiles Ortiz Vignolo, Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo, Víctor San Martín Jiménez, Máximo Ramón Aliaga Soto, Juvenal Alfonso Piña Garrido, Camilo Torres Negrier, Manuel Antonio Montre Méndez, Sergio Hernán Castro Andrade, Nelson Eduardo Iturriaga Cortes, Carlos Justo Bermúdez Méndez, José Manuel Sarmiento Sotelo, Fernando Adrián Roa Montaña, Gerardo Meza Acuña, Luis René Torres Méndez, Reinaldo Alfonso Concha Orellana, Gustavo Humberto Apablaza Meneses, Víctor Manuel Álvarez Droguett, Moisés Paulino Campos Figueroa, Juan Miguel Troncoso Soto, José Dorohi Hormazabal Rodríguez, Jorge Antonio Lepileo Barrios, Oscar Belarmino la Flor Flores, Rufino Espinoza Espinoza, Sergio Iván Díaz Lara, Roberto Hernán Rodríguez Manquel, y Héctor Carlos Díaz Cabezas, fueron condenados a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el tiempo de la condena, y al pago de las costas, como cómplices en los delitos de secuestro calificado de Enrique Segundo Toro Romero, José Caupolicán Villagra Astudillo, y Eduardo Enrique Lara Petrovich, previstos y sancionados en el inciso tercero del artículo 141 del Código Penal, en relación con el inciso primero del mismo artículo, que tuvieron lugar en esta ciudad a partir del 10 de Julio de 1974 -en el caso de Toro Romero-, y del 15 de Julio de 1974 en el caso de Villagra Astudillo y Lara Petrovich. Por su parte, Manuel Heriberto Avendaño González, fue condenado a la pena de diez años de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, e inhabilitación absoluta para profesiones titulares por el tiempo de la condena, y al pago de las costas, como autor del delito de secuestro calificado de Enrique Segundo Toro Romero, previsto y sancionado en el inciso tercero del artículo 141 del Código Penal, en relación con el inciso primero del mismo artículo, ocurrido en esta ciudad a partir del 10 de julio de 1974; en tanto que Armando Segundo Cofré Correa, y Orlando José Manzo Durán, fueron condenados a la pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, y pago de las costas, en calidad de cómplices del delito de secuestro calificado de Enrique Segundo Toro Romero, previsto y sancionado en el inciso tercero del artículo 141 del Código Penal, en relación con el inciso primero del mismo artículo, ocurrido en esta ciudad a partir del 10 de Julio de 1974. Por último, en la citada sentencia se absolvió a Rodolfo Valentino Concha Rodríguez de la acusación dictada en su contra como autor de los delitos de secuestro calificado de Enrique Toro Romero, José Caupolicán Villagra Astudillo, y Eduardo Enrique Lara Petrovich. Finalmente -ahora en la arista civil-, se condena al Fisco de Chile a pagar a don Rodrigo Andrés Toro Villarroel una indemnización de $ 70.000.000 (setenta millones de pesos); a doña María Angélica Villarroel una indemnización de $ 100.000.000 (cien millones de pesos); a don Marcelo Enrique Toro Villarroel una de $ 70.000.000 (setenta millones de pesos). Todas las indemnizaciones tienen por fundamento el daño moral causado con los ilícitos. Además, se condena a Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Marcelo Luis Moren Brito, Miguel Krassnoff Marchenko, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Gerardo Ernesto Godoy García, César Manrique Bravo, Ricardo Víctor Lawrence Mires, Gerardo Ernesto Urrich González, Ciro Ernesto Torré Saez, Sergio Hernán Castillo González, Manuel Andrés Carevic Cubillos, Luis Eduardo Mora Cerda, Hermon Helec Alfaro Mundaca, Basclay Humberto Zapata Reyes, José Enrique Fuentes Torres, José Jaime Mora Diocares, José Mario Fritz Esparza, Julio José Hoyos Zegarra, Héctor Raül Valdebenito Araya, Héctor Manuel Lira Aravena, Jaime Humberto Paris Ramos, Jorge Laureano Sagardia Monje, José Stalin Muñoz Leal, Nelson Alberto Paz Bustamante, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo, Rudeslindo Urrutia Jorquera, Víctor San Martin Jiménez, Máximo Ramón Aliaga Soto, Juvenal Alfonso Piña Garrido, Camilo Torres Negrier, Manuel Antonio Montré Méndez, Sergio Hernán Castro Andrade, Claudio Orlando Orellana, Hiro Álvarez Vega, Nelson Eduardo Iturriaga Cortés, José Alfonso Ojeda Obando, Carlos Justo Bermúdez Méndez, Gustavo Galvarino Carumán Soto, Orlando Jesús Torrejón Gatica, José Manuel Sarmiento Sotelo, Fernando Adrián Roa Montaña, Gerardo Meza Acuña, Luis Rene Torres Méndez, Orlando Guillermo Inostroza Lagos, Reinaldo Alfonso Concha Orellana, Luis Salvador Villarroel Gutiérrez, Enrique Transito Gutiérrez Rubilar, José Nelson Fuentea

Fundamentos

CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, a fojas 9.890, el abogado Nelson Carvallo Andrade, abogado, en representación de Manuel Rivas Diaz y de Hugo Del Tránsito Hernández Valle, dedujo recurso de casación en el fondo fundado en el artículo 546 N° 1 del Código de Procedimiento Penal, por la falta de aplicación del artículo 103 del Código Penal, en relación con los artículos 65, 66, 67 y 68 del mismo cuerpo legal. Según planteó, tanto en la sentencia de primera como en la de segunda instancia, se desechó la alegación de fondo de rebaja legal, muy calificada y obligatoria de la pena, preceptuada en el artículo 103 del Código Penal, no obstante, tal artículo, resulta imperativo por tratarse de una regla de orden público. Enseguida, ahonda en consideraciones en torno a la naturaleza jurídica de la institución reclamada y su procedencia aun en delitos como el de la especie, afirmando que los Tratados Internacionales ratificados por Chile, y aquellos que forman parte del Ius Cogens no impiden su aplicación en el caso de delitos de lesa humanidad; que muy por el contrario, la misma ha sido aplicada por Jurisprudencia de esta Corte, que cita; y reconocida por la Doctrina penal chilena a la que hace referencia. Asimismo, y como consecuencia de lo anterior estima infringido el artículo 68 del mismo código, por cuanto concurriendo dos o más circunstancias atenuantes muy calificadas y ninguna agravante, se debió rebajar la pena en al menos uno, dos o tres grados bajo el mínimo señalado por la ley y aplicar una pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo. Termina por solicitar que se acoja el recurso, “absolviendo por una parte o por la otra condenando a don MANUEL DE LA CRUZ RIVAS DIAZ y a don HUGO DEL TRANSITO HERNANDEZ VALLE, a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, más accesorias legales y, por cumplirse a sus respectos los requisitos del artículo 4º, de la ley 18.216, modificada por la ley 20.603, concederles el beneficio de la remisión condicional de la pena por igual lapso de tiempo”. SEGUNDO: Que a fs. 9.910, el letrado Enrique Ibarra Chamorro, en representación de Hernán Valenzuela Salas, formaliza recurso de casación en el fondo, invocando la causal del artículo 546 N°1 y N°7 Código de Procedimiento Penal, en relación a los artículos 456 bis, 457, 464, 481, 488 N°1 y 2 y 15 N°3 y 141 del Código Penal. Afirma que hubo una falsa aplicación de las leyes reguladoras de la prueba, omitiendo que el procedimiento aplicable a estos autos, era uno de prueba tasada. Lo anterior derivó, a su entender, no sólo en la infracción de las normas internas referidas, sino además en la del artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República; del artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos, y del artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En efecto, indica que de haberse efectuado una ponderación de la prueba conforme a la ley, su representado debió ser absuelto, pues erróneamente, en la sentencia

Fallo

fallo penal, con declaración de que se reducía la cuantía de las penas privativas de libertad, quedando condenados a quince años y un día de presidio mayor en su grado medio, César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko, y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann. A su turno, Gerardo Ernesto Godoy García, Gerardo Ernesto Urrich González, Ciro Torré Sáez, Manuel Andrés Carevic Cubillos, Hermon Helec Alfaro Mundaca, Basclay Humberto Zapata Reyes, José Enrique Fuentes Torres, Julio José Hoyos Zegarra, Nelson Alberto Paz Bustamante, Rudeslindo Urrutia Jorquera, Hiro Álvarez Vega, José Alfonso Ojeda Obando, Gustavo Galvarino Carumán Soto, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar, Hugo del Tránsito Hernández Valle, Juan Angel Urbina Cáceres, Manuel Rivas Díaz, Risiere del Prado Altez España, Raúl Juan Rodríguez Ponte, Juan Evaristo Duarte Gallegos, Víctor Manuel Molina Astete, Fernando Enrique Guerra Guajardo, Olegario Enrique González Moreno, Lautaro Eugenio Díaz Espinoza, Pedro Ariel Araneda Araneda, Carlos Alfonso Sáez Sanhueza, Juan Alfredo Villanueva Alvear, Alfredo Orlando Moya Tejeda, Rafael de Jesús Riveros Frost, Leonidas Emiliano Méndez Moreno, Demóstenes Eugenio Cárdenas Saavedra, y Hernán Patricio Valenzuela Salas, fueron condenados a sufrir cada uno la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio. Finalmente, en la arista penal, se aprobaron los sobreseimientos definitivos de fojas 6.001 y 6.207 del Tomo XV, de fojas 6.521 y 6.522 del Tomo XVII, de fojas 6.249 del Tomo XVI, de fojas 8.147 del Tomo XX, de fojas 8.862 del Tomo XXI, de fojas 9.210, 9.303, 9.362, 9.390 y 9.734 del Tomo XXII, dictados en razón del fallecimiento de Osvaldo Romo Mena, Luis Arturo Urrutia Acuña, José Germán Gutiérrez Uribe, Carlos Ramón Rialdi Suárez, José Germán Ampuero Ulloa, Orlando Guillermo Inostroza Lagos, Luis Salvador Villarroel Gutiérrez, Juan Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Luis Moren Brito, Hugo Rubén Delgado Contreras, Héctor Manuel Lira Aravena y Claudio Orellana de la Pinta, por haberse extinguido a su respecto la responsabilidad penal, de conformidad con el N 5 del artículo 408 del Código de Procedimiento Penal, en relación con el artículo 93 Nº 1 del Código Penal. Por último, ahora en lo civil, se confirmó en todas sus partes la sentencia de primer grado. En contra de este segundo fallo, se dedujeron sendos recursos de casación en el fondo por las defensas Manuel Rivas Díaz y Hugo Hernández Valle; de Hernán Valenzuela salas; de Alfredo Moya Tejeda y Carlos Sáez Sanhueza; de Pedro Araneda Araneda; de José Ojeda Obando, Leonidas Méndez Moreno, Ciro Torré Sáez y Galvarino Carumán Soto; de Miguel Krassnoff Martchenko; de César Manríquez Bravo; de Raúl Rodríguez Ponte; de Víctor San Martín Jiménez; de Manuel Carevic Cubillos; de Olegario Enrique González Moreno; de Pedro Espinoza Bravo; de José Fuentes Torres; de Hiro Álvarez Vega; de Raúl Iturriaga Neumann; de Manuel Avendaño G

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124 Santiago, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. VISTOS: El 20 de mayo de 2015, el Ministro en Visita Sr. Hernán Crisosto Greisse dictó sentencia en estos autos -que rolaban con el Nº 2.182-98-, de la denominada “Operación Colombo, Episodio Enrique Toro Romero y otros”, que se consigna a fojas 8.611 y siguientes del Tomo XXI. En ella, se condena a Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Marcelo Luis Manuel Moren Brito, Miguel Krassnoff Martchenko, y a Raúl Eduardo Iturriaga Neumann; a la pena de veinte años de presidio mayor en