GARAY/CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Hechos

Vistos y teniendo presente: Primero: Que comparece el abogado don Sebastián Perelló Enrich, en representación de don Leonel Garay Burgos, funcionario público e ingeniero informático, interponiendo recurso de protección en contra de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y de la Contraloría General de la República. Alega que estas entidades han incurrido en actos ilegales y arbitrarios, vulnerando las garantías consagradas en los numerales 2°, 3° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. El primer acto impugnado corresponde a la Resolución Exenta RA N°118406/172/2021, emitida por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, el 8 de junio de 2021, mediante la cual el recurrente a partir de 1 de mayo de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, y mientras sean necesarios sus servicios, como profesional, fue asimilado al grado 9° Escala Única de Sueldos, de la planta de profesionales, con jornada de 44 horas semanales, lo que implicó una rebaja en su grado remuneratorio. El segundo acto reclamado es la Resolución Exenta N° 9721/2023, dictada por la Contraloría General de la República el 20 de octubre de 2023, que rechazó el recurso de reposición presentado por el recurrente contra la Resolución Exenta N° 5.148 de 2023. Esta última resolución declaró inadmisibles sus reclamos por estar fuera del plazo previsto en el artículo 160 de la Ley N° 18.834. El recurrente sostiene que ha sido funcionario público desde el año 2000, inicialmente en calidad de contrata, escalafón técnico y, desde el año 2018, como contrata grado 7º en calidad de experto, de acuerdo a lo señalado en el artículo 13 del Decreto Ley N° 1608 del año 1976. Argumenta que, tras obtener el título de ingeniero informático el 31 de diciembre de 2020, solicitó el beneficio de asignación profesional el 21 de enero de 2021, el que le fue otorgado mediante la Resolución Exenta RA N° 118406/153/2021 el 4 de mayo de 2021. Sin embargo, mediante la Resolución Exenta RA N° 118406/172/2021 del

Fundamentos

fundamentos de la Resolución Exenta RA N° 118406/172/2021, de 8 de junio de 2021. Esto implica que las reclamaciones debieron presentarse dentro de los diez días hábiles fijados por el artículo 160 de la ley N° 18.834, contados desde el conocimiento de dicho acto. Manifiesta que,

Fallo

por tanto, desde junio de 2021 debía empezar a correr el plazo para presentar el reclamo establecido en el artículo 160 de la ley N° 18.834, plazo que al momento de presentar la objeción ya estaba sobrepasado, no pudiendo considerarse que la Resolución Exenta N° 7037 del 21 de diciembre de 2021, que únicamente rechaza la procedencia del recurso extraordinario de revisión interpuesto por el actor, sea útil para generar un nuevo plazo para presentar el reclamo fucnionario. Tras ser notificado el 15 de junio de 2023 por correo electrónico de la Resolución Exenta N° 5.148 de 2023, el señor Garay Burgos procedió a interponer un recurso de reposición ante la Contraloría General dentro del término de 5 días hábiles que establece el artículo 59 de la ley N° 19.880. En este contexto y dado que el reclamante no suministró nuevos antecedentes ni aportó nuevos argumentos que justificaran variar lo concluido en la resolución impugnada, mediante la Resolución Exenta N° 9.791, de fecha 20 de octubre de 2023, la autoridad fiscalizadora rechazó el recurso de reposición interpuesto, toda vez que aquel acto se alineaba con la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General en relación con la materia, detallada en los dictámenes N°s. 85.700 de 2016, 6.400 de 2018, y E156.769 de 2021. De acuerdo con estos, puede presentarse un reclamo ante la autoridad fiscalizadora por la decisión de no renovar o prorrogar una designación a contrata en un grado o estamento de asimilación o con una asign

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Santiago, veintitrés de abril de dos mil veinticuatro. Vistos y teniendo presente: Primero: Que comparece el abogado don Sebastián Perelló Enrich, en representación de don Leonel Garay Burgos, funcionario público e ingeniero informático, interponiendo recurso de protección en contra de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y de la Contraloría General de la República. Alega que estas entidades