RIZO MARTINEZ ANYELA CAROLINA C/ SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Hechos

Vistos y

Fundamentos

considerando: Primero: Que, el 4 de enero de 2024, comparece Irene Levy Valenzuela, abogada, en favor de Anyela Rizo Martínez, de nacionalidad colombiana, y deduce acción constitucional de amparo en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por el acto consistente en haber decretado su expulsión del país mediante la dictación de la Resolución Exenta Nº 44828 de 29 de septiembre de 2023, vulnerando sus garantías constitucionales, en virtud con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República. Expone que la amparada posee residencia definitiva en Chile. Sin embargo, el 7 de noviembre de 2023 fue notificada de la expulsión decretada en su contra por el Servicio Nacional de Migraciones, fundado en el hecho de haber sido condenada en causa RIT 377-2021, seguida ante el 3º Juzgado de Garantía de Santiago, a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, como autora del delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades, la que ya se encuentra cumplida. Reclama que se vulnera el principio de non bis in ídem, en cuanto el hecho que provocó la persecución penal y luego la condena de la cual fue objeto la amparada, ya fue examinado y sancionado por el ius puniendi estatal, por lo que la revocación de su residencia definitiva y la expulsión serían un doble castigo. Alega que el Servicio de Registro Civil e Identificación no ha dado cumplimiento a la orden de un Tribunal de la República que decretó borrar sus antecedentes penales, por estar cumplida su condena, lo que deviene en un abuso de la autoridad. Agrega que la amparada posee arraigo familiar, toda vez que tiene una hija de nacionalidad chilena y que reside en el país. Asimismo, detalla que la amparada trabaja en Chile y posee cotizaciones de salud y cotizaciones en la AFP PLAN VITAL, cuenta con carpeta tributaria al tener inicio de actividades como pyme de venta de prendas al por menor y accesorios de vestir desde el 9 de septiembre de 2021 y ha pagado al día sus impuestos a la renta. Asevera que la amparada no tiene antecedentes penales en su país de origen. Concluye que, conforme a lo expuesto, solicita se acoja el arbitrio y se ordene dejar sin efecto la orden de expulsión que pende sobre la amparada. Segundo: Que, el 5 de enero de 2024, informando el Servicio de Registro Civil e Identificación, a través del Subdirector Jurídico (S) Rodrigo Llambias Lascar, y solicita el rechazo del recurso con costas. Sostiene que el recurso de amparo tiene por objeto la intervención jurisdiccional frente a la existencia de detenciones o procesamientos ilegales o arbitrarios; o en aquellos casos en que alguna persona sufra ilegalmente cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual, vulneración que no consta de lo señalado por la recurrente. Luego, refiere que revisada la base de datos del Registro General de Condenas y el Registro Nacional de Conductores, se ha establecido que a la fecha la amparada reg

Fallo

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 21 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre tramitación de la presente acción cautelar, se rechaza el recurso de amparo interpuesto por Irene Levy Valenzuela en favor de Anyela Rizo Martínez, en contra del Servicio Nacional de Migraciones. Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad. Amparo N° 50-2024.- Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministro señora Marisol Andrea Rojas Moya, la Ministro (S) señora Isabel Margarita Zúñiga Alvayay y el Abogado Integrante señor Euclides Ortega Duclercq. En Santiago, dieciocho de enero de dos mil veinticuatro, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.

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C.A. de Santiago Santiago, dieciocho de enero de dos mil veinticuatro. A los folios 15 y 16: a todo, téngase presente. Vistos y considerando: Primero: Que, el 4 de enero de 2024, comparece Irene Levy Valenzuela, abogada, en favor de Anyela Rizo Martínez, de nacionalidad colombiana, y deduce acción constitucional de amparo en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por el acto consistente en