BANCO DE CHILE CON CARLOS GARCÍA CENTENO

Hechos

Vistos y teniendo, además, presente:           1°) Que recordando la versión de la Ley 20.009 vigente a la época de los hechos de esta litis –ya reformada a la sazón por la Ley 21.234, de 29 de mayo de 2020- que establece un Régimen de limitación de responsabilidad para titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude, en los incisos cuarto, quinto y sexto de su artículo 4 estatuye:           “(…) Tan pronto el usuario tome conocimiento de la existencia de operaciones no autorizadas, deberá dar aviso conforme a lo previsto en el artículo 2 de esta ley.           En los casos en que el usuario desconozca haber autorizado una operación, corresponderá al emisor probar que dicha operación fue autorizada por el usuario y que se encuentra registrada a su nombre.           El solo registro de las operaciones no bastará, necesariamente, para demostrar que esta fue autorizada por el usuario, ni que el usuario actuó con culpa o descuido que le sean imputables, sin perjuicio de la acción contra el autor del delito.”           A su turno, de acuerdo al artículo 5° del mismo ordenamiento: “El emisor deberá proceder a la cancelación de los cargos o a la restitución de los fondos correspondientes a las operaciones reclamadas en virtud del artículo 4, dentro de cinco días hábiles contados desde la fecha del reclamo, cuando el monto total reclamado sea igual o inferior a 35 unidades de fomento.           Si el monto reclamado fuere superior a 35 unidades de fomento, el emisor deberá proceder a la cancelación de los cargos o la restitución de los fondos, según corresponda, por un valor de 35 unidades de fomento en igual plazo que el inciso precedente. Respecto del monto superior a dicha cifra el emisor tendrá siete días adicionales para cancelarlos, restituirlos al usuario o ejercer las acciones del inciso siguiente, debiendo notificar al usuario la decisión que adopte de la manera indicada en el inciso tercero del artícu

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San Miguel, veintiséis de diciembre de dos mil veintitrés. Vistos y teniendo, además, presente:           1°) Que recordando la versión de la Ley 20.009 vigente a la época de los hechos de esta litis –ya reformada a la sazón por la Ley 21.234, de 29 de mayo de 2020- que establece un Régimen de limitación de responsabilidad para titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas