LEMOS/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Hechos

Vistos: 1° Que el artículo 1° del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales dispone que “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”. 2° Que, de acuerdo a los antecedentes que obran en la causa, específicamente de la documentación allegada por el propio recurrente en el primer otrosí, consta que este tiene su domicilio en la región de Coquimbo; 3° Que, habida cuenta de lo anterior, teniendo presente que tanto la ocurrencia del acto que se califica como ilegal y arbitrario como los efectos que se derivan de él se sitúan en la región de Coquimbo, de manera tal que el conocimiento del presente arbitrio constitucional ha sido atribuido por la ley a la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de La Serena, conforme lo establece además el numeral 2° letra b) del artículo 63 del Código Orgánico de Tribunales. Por estas consideraciones y conforme a las disposiciones citadas, se declara la incompetencia de esta Corte. Habida cuenta de lo anterior, remítase por la vía más rápida los antecedentes a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, por estimarse que le corresponde el conocimiento y resolución de este asunto, sirviendo la presente resolución de atento oficio remisor. N°Protección-23341-2023.

Fallo

fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales dispone que “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”. 2° Que, de acuerdo a los antecedentes que obran en la causa, específicamente de la documentación allegada por el propio recurrente en el primer otrosí, consta que este tiene su domicilio en la región de Coquimbo; 3° Que, habida cuenta de lo anterior, teniendo presente que tanto la ocurrencia del acto que se califica como ilegal y arbitrario como los efectos que se derivan de él se sitúan en la región de Coquimbo, de manera tal que el conocimiento del presente arbitrio constitucional ha sido atribuido por la ley a la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de La Serena, conforme lo establece además el numeral 2° letra b) del artículo 63 del Código Orgánico de Tribunales. Por estas consideraciones y conforme a las disposiciones citadas, se declara la incompetencia de esta Corte. Habida cuen

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C.A. de Valparaíso rrn Valparaíso, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Proveyendo a folio N°1, Ingreso Recurso: Estese a lo que se resolverá: Vistos: 1° Que el artículo 1° del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales dispone que “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hub