INMOBILIARIA E INVERSIONES JARDIN SUR LIMITADA/VEL

Hechos

hechos con los que la decisión del órgano jurisdiccional debe guardar absoluta conformidad. Cuarto: Que, sobre lo anterior, habrá de dejar asentado que en la especie, se dedujo acción de nulidad de derecho público en contra de la Ilustre Municipalidad de Ancud, y de Nancy Yenny Velasquez Parra, en virtud de haber operado en favor de esta última la adjudicación en remate del inmueble de marras -que anteriormente correspondía al actor- por parte del Juzgado de Letras de Ancud, en los autos rol C-314-2015, producto y como consecuencia de lo cual se celebraron diversos actos posteriores, lo que al parecer del actor, carecerían de validez, incluyendo la inscripción de dominio del inmueble que obra en favor de la Ilustre Municipalidad de Ancud. Quinto: Que, como se aprecia del análisis de la sentencia en alzada, específicamente a partir del motivo décimo, el juzgador desarrolla sus argumentaciones sujetándose a los antecedentes fácticos y elementos probatorios aportados por las partes, principalmente en lo que se refiere a los actos procesales pretéritos ejercidos por los litigantes en otras causas judiciales, y concretamente, en los autos rol C-314-2015 del Juzgado de Letras de Ancud, en que –según consta en el mismo relato del libelo- la demandante fue objeto de un juicio ejecutivo, producto de lo cual se subastó el inmueble originalmente de su propiedad -cuya enajenación sería nula- y a partir de la cual se generarían diversos actos posteriores revestidos igualmente del vicio que reclama. Pues bien, dicha actividad de análisis y ponderación se observa -de la lectura del fallo- que ha sido realizada enmarcándose a las argumentaciones esgrimidas por ambas demandadas en la presente causa, quienes esgrimieron en su oportunidad la improcedencia de la acción de nulidad de derecho público debido a que a través de aquella se procuraría dejar sin efecto resoluciones judiciales firmes y ejecutoriadas emanadas de un juicio legalmente tramitado, en el que la recurrente habría ten

Fallo

por tanto, el ejercicio de la presente acción de nulidad. Duodécimo: Que, como corolario de lo que se viene afirmando, según la doctrina la nulidad de derecho público sólo puede originarse por el actuar de un órgano de la Administración del estado o por una autoridad o funcionario público (Otero Lathrop, Miguel. La nulidad procesal civil, penal y de derecho público. 2009. Santiago, Editorial Jurídica. págs. 283-284), y por su parte, la Excma. Corte Suprema en autos rol 15.073-2019, ha definido la acción de nulidad de derecho público, como “toda acción contenciosa administrativa encaminada a obtener por parte de un tribunal de la República la anulación de un acto administrativo”. Lo anterior debe necesariamente vincularse con el ámbito de competencia establecido en el artículo 2 de la ley 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, en cuento reza: “las disposiciones de la presente ley serán aplicables a los ministerios, las intendencias, las gobernaciones y los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. También se aplicarán a la Contraloría General de la República, a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, a los gobiernos regionales y a las municipalidades (…) Las referencias que esta ley haga a la Administración o a la Administración del Estado, se entenderán efectuadas a los órganos y organismos señalados en el inciso precedent

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Puerto Montt, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Visto. En este procedimiento ordinario Rol C-57-2021, del Juzgado de Letras de Ancud, se dictó con fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, sentencia definitiva, en virtud de la cual se rechazó, con costas, la demanda de nulidad de derecho público interpuesta por Sociedad Inmobiliaria d Inversiones Jardín del Sur Limitada en co