CEBALLOS/MIINISTERIO DE SALUD

Hechos

Vistos: Primero: Que, con fecha 1 de junio de 2023, comparecen Esteban Barra Olivares, y María Victoria Miranda Polanco, ambos abogados, en representación del niño de iniciales B.A.C.Y., e interponen acción de protección en contra del Fondo Nacional de Salud, representada por Camilo Cid Pedraza, y en contra del Ministerio de Salud, representado por Ximena Aguilera Sanhueza, por el acto arbitrario consistente en la denegación por parte de las autoridades recurridas de financiar el tratamiento de Burosumab, lo que importaría la afectación de las garantías previstas en los N° 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitan se acoja el recurso y se les ordene, otorgar, sin más trámite, el financiamiento de la hospitalización y suministro del medicamento Burosumab conforme a la prescripción de su médico tratante y se decreten las medidas conducentes a evitar que estas conductas se repitan en lo sucesivo, así como la adopción de cualquier otra tendiente a proteger o cautelar las garantías constitucionales de su representado. Expone que, el recurrente es un niño de 10 años diagnosticado con la enfermedad rara “raquitismo hipofosfatémico ligado al gen X” y que solo puede ser tratada mediante el medicamento Burosumab o Crysvita (nombre comercial), terapia que ha sido prescrita por su médico tratante. Agrega que dicha enfermedad produce debilidad ósea, retardo en el crecimiento corporal, debilidad muscular, crisis convulsivas, adicionalmente, pueden desarrollar deformaciones en la zona maxilofacial, con retardo en el desarrollo dental, fracturas, abscesos y pérdidas de piezas dentales. La enfermedad es un tipo de hipofosfatemia hereditaria. Estos padecimientos son de tipo genético y se caracterizan por la pérdida renal de fosfatos. En términos simples, las hipofosfatemias significan que el cuerpo es incapaz de tener suficiente fósforo, siendo este un mineral esencial para la salud y función de los huesos, músculos y dientes. La falta de fósforo

Fallo

Por tanto, cada vez que una Corte de Apelaciones y/o la Corte Suprema condenan al Estado a financiar un medicamento de alto costo fuera de las coberturas legales previstas, obligan al Fisco a adquirirlo para garantizar una prestación y otorgan a los laboratorios la facultad de venderlo a un precio que solo queda a su arbitrio, puesto que para el fisco ya no existe margen de negociación alguna toda vez que se debe dar cumplimiento en el más breve tiempo. Con ello, se favorece la estrategia de los laboratorios puesto que a través de la judicialización pueden obtener un financiamiento mayor por la venta de sus productos. No existe una acción u omisión ilegal o arbitraria imputable a las recurridas. Hace mención al marco normativo de las coberturas del sistema de salud público chileno, a saber D.F.L N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, el Sistema de Garantías Explícitas de Salud regulado en la Ley Nº 19.966 y el Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo regulado en la Ley Nº 20.850; y respecto a la situación del recurrente, afirma que al considerarse solo el criterio de un médico tratante que no es capaz de fundar en una categoría de evidencia que tenga mayor calidad se está adoptando, en definitiva, una decisión judicial en contra la evidencia científica y de la planificación sanitaria. A continuación cuestiona la efectividad del tratamiento, ello en consideración a la evidencia científica disponible. Enfatiza en que no puede sostenerse qu

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C.A. de Santiago Santiago, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. A los folios 34, 36 y 37: a todo, téngase presente. Al folio 35: a lo principal, téngase presente. Al otrosí, a sus antecedentes. Al folio 38, a sus antecedentes. Vistos: Primero: Que, con fecha 1 de junio de 2023, comparecen Esteban Barra Olivares, y María Victoria Miranda Polanco, ambos abogados, en representación del niñ