URQUIAGA/GALLI

Hechos

Vistos: Se confirma la sentencia apelada con declaración que la recurrida, deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de regularización presentada ante ella por la parte recurrente dentro del plazo de sesenta días corridos contados desde la notificación de esta sentencia. Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Matus quien estuvo por rechazar el recurso de protección interpuesto, teniendo presente: 1. Que la recurrente alega como fundamento de su acción sería la supuesta falta de tramitación u omisión de respuesta de su solicitud de regularización. Sin embargo, del tenor de los documentos allegados a la tramitación de este recurso se desprende que contra la presentación de su solicitud se emitió certificado de solicitud de regularización migratoria en trámite, el que conforme al artículo 38 la Ley N° 21.325, acredita la residencia regular de la recurrente durante todo el período de tramitación de su solicitud y le permite ejercer actividades laborales, no existiendo, por tanto, un acto terminal que constituya una eventual privación, perturbación o amenaza a alguno de los derechos constitucionales que ampara la acción constitucional del artículo 20 de la Carta Magna, recurrible por esta vía. 2. Que, por otra parte, en esta causa en particular, cabe hacer notar que la solicitud de regularización  se presentó el día 20 de abril 2021, misma fecha en que se emitió el certificado antes señalado y que daba cuenta de la iniciación del procedimiento y permite la permanencia legal del recurrente en Chile; mientras el recurso que se resuelve, se presentó el día 5 de noviembre del corriente, esto es, apenas un mes después de transcurridos los seis de plazo que la recurrente estima debió  dictarse el acto terminal en el procedimiento que se trata, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, y mismo día en que el Servicio de Migraciones le requirió mayores antecedentes para continuar la tramitación de

Fallo

por tanto, un acto terminal que constituya una eventual privación, perturbación o amenaza a alguno de los derechos constitucionales que ampara la acción constitucional del artículo 20 de la Carta Magna, recurrible por esta vía. 2. Que, por otra parte, en esta causa en particular, cabe hacer notar que la solicitud de regularización  se presentó el día 20 de abril 2021, misma fecha en que se emitió el certificado antes señalado y que daba cuenta de la iniciación del procedimiento y permite la permanencia legal del recurrente en Chile; mientras el recurso que se resuelve, se presentó el día 5 de noviembre del corriente, esto es, apenas un mes después de transcurridos los seis de plazo que la recurrente estima debió  dictarse el acto terminal en el procedimiento que se trata, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, y mismo día en que el Servicio de Migraciones le requirió mayores antecedentes para continuar la tramitación de su causa. 3. Que, sin embargo, como se ha dicho reiteradamente por esta Corte, el plazo de seis meses establecido por el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no constituye uno de carácter fatal, existiendo la posibilidad de su ampliación por razones de fuerza mayor o caso fortuito, como pueden serlo la epidemia del COVID 19 y la pública y notoria masificación  de presentaciones de diversa índole que realizan los extranjeros ante la autoridad recurrida. Este es, además, el criterio que la Contraloría General de la República ha soste

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1 Santiago, nueve de agosto de dos mil veintidós. Vistos: Se confirma la sentencia apelada con declaración que la recurrida, deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de regularización presentada ante ella por la parte recurrente dentro del plazo de sesenta días corridos contados desde la notificación de esta sentencia. Acordada con el voto en contra del