BRAVO/SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Hechos

VISTO: Primero: Que, el 6 de marzo de 2023 compareció doña Erika Nancy Bravo Reyes, trabajadora social, interponiendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representada legalmente por don Claudio Reyes Barrientos, por la resolución que confirma el rechazo del pago de licencias médicas emitidas por Médico Psiquiatra tratante, lo que vulnera las garantías contempladas en el artículo 19 N° 1 y 24 de la Constitución Política de la República. Refiere la recurrente, en síntesis, que se recurre respecto del rechazo de licencias médicas por un total de 72 días, a contar del 15 de septiembre de 2022, concluyendo que el reposo prescrito por las licencias no estaba justificado, agregándose que los antecedentes evaluados no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado, el cual alcanza a 63 días por la misma patología. No acredita evaluación por psiquiatra, asistencia regular a terapia psicológica ni derivación a programa de salud mental para manejo por equipo multidisciplinario. Sin perjuicio de lo anterior, asevera que por cada licencia médica emitida existe un informe de su médico tratante, del cual se colige la existencia de un tratamiento, una evaluación continua en el tiempo y sus condiciones de salud durante el año 2022. Adiciona que se emitió un certificado por cada licencia rechazada, consignándose como diagnostico “Trastorno de adaptación con ánimo deprimido”, como también el tratamiento farmacológico. Posteriormente da cuenta del contenido del informe de 14 de febrero de 2023 evacuado por doña Verena Anadrea Furst Portus que, en síntesis, explica el tratamiento, los cambios de medicamentos, sus reacciones ante éstos y algunos episodios relacionados con la muerte de su padre. Explica que los rechazos se fundan en no estar justificado el reposo, afirmando que lo decidido carece de fundamento, limitándose a indicar lo ya señalado. El acto recurrido, por su parte, hace referencia a que los antecedent

Fallo

por tanto, excede de la norma técnica y debe ser derivada a médico especialista y, por esta razón, es también el rechazo de la contraloría médica de COMPIN regional. Menciona que su parte ha obrado conforme la Constitución, lo referido en el DS N°3 de 1984 del Ministerio de Salud; Ley N°19.880 y lo establecido en el reglamento orgánico del MINSAL. Cuarto: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales, frente a los menoscabos que puedan experimentar las personas como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República; y d) posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea, de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado. Quinto: Que, los hechos que la recurrente ha fundado su acción no dicen relación con la garantía constitucional que se dice amagada, ya que el subsidio por incapacidad laboral es una materia de seguridad social, del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que de acuerdo al claro tenor del artículo 20 de la mis

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Talca, catorce de junio de dos mil veintitrés. VISTO: Primero: Que, el 6 de marzo de 2023 compareció doña Erika Nancy Bravo Reyes, trabajadora social, interponiendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representada legalmente por don Claudio Reyes Barrientos, por la resolución que confirma el rechazo del pago de licencias médicas emitidas por Médico Psiquiat