MUJICA/THAYER

Hechos

VISTOS: Comparece la abogada Javiera Quelín Montaña, domiciliada en Croacia Nº 1442 de esta ciudad, interponiendo recurso de protección en favor de Eduard Alexander Mujica Cristancho, extranjero, empleado, domiciliado en Francisco Javier Reina Nº 0663, Punta Arenas, en contra del Servicio Nacional De Migraciones, representada legalmente por don Luis Eduardo Thayer Correa, ambos domiciliados en San Antonio Nº 580, Santiago, por su omisión ilegal y arbitraria en cuanto a pronunciarse sobre la solicitud de permanencia definitiva, efectuada por su representado el día 8 de febrero de 2022. Expone que la recurrida no se ha pronunciado sobre dicha solicitud pese a haber transcurrido más de un año desde que la pidió, lo que cataloga como una omisión arbitraria e ilegal que infringe los artículos 19 número 2 de la Constitución Política de la República. Alega que la falta de pronunciamiento, donde le sea aprobada la Residencia Definitiva, no solo implica la carencia de un visado como corresponde, sino que también deja de contar con una cédula de identidad visiblemente vigente; situación que complica severamente el diario vivir y lo ubica en una posición jurídica ilegítimamente desigual, manifestándose de esta manera la vulneración ya expresada. Luego de citar jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, solicita en definitiva, acoger este recurso y se ordene a la recurrida, el avance, pronunciamiento y conclusión, a la brevedad posible, con respecto a la solicitud de Residencia Definitiva, peticionada, con costas. Evacua informe Carolina Fernandoy Catalán, en representación de la recurrida. Solicita que se rechace en todas sus partes el recurso, ya que el 8 de febrero de 2022, el recurrente solicitó ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el beneficio de la permanencia definitiva, mediante la solicitud N° ID 39180580. Dicha solicitud del recurrente se encuentra actualmente en trámite, en etapa de Análisis I. la soli

Fundamentos

CONSIDERANDO: PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente. Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados. SEGUNDO: Que, el acto estimado ilegal y arbitrario alegado por la recurrente consiste en que a pesar de haber transcurrido más de un año desde la petición formal de residencia o permanencia definitiva, la recurrida no se ha pronunciado al respecto. TERCERO: Que, al evacuar su informe la recurrida insta por el rechazo del recurso en virtud de lo expuesto en la parte expositiva. CUARTO: Que, si bien esta Corte ha tenido la oportunidad de conocer múltiples acciones constitucionales en las que se plantea la discusión traída a estrados en esta oportunidad, adoptándose en la mayoría de los casos la decisión de acogerlas para el solo efecto que la institución recurrida emita el pronunciamiento que en derecho corresponde respecto de las solicitudes migratorias presentadas y que sirven de basamento al recurso, este tribunal no puede desconocer el precedente generado por las sentencias dictadas por la Excma. Corte Suprema, entre otros la del Rol N°115.368-2022, decisión en la que el máximo tribunal, con un nuevo estudio de los antecedentes y normativa migratoria aplicable, ha llegado a la conclusión que las solicitudes migratorias en análisis se encuentran sometidas a un procedimiento uniforme y previamente establecido por el órgano competente para el conocimiento, tramitación y resolución del mismo, regulado en la Circular N°12, de 24 de noviembre de 2021, que establece las etapas del trámite del beneficio migratorio de permanencia definitiva, sumado a que la nueva normativa migratoria contenida en la Ley N°21.325 y el Decreto Supremo N°296 del Ministerio de Interior y Seguridad Pública que contiene el Reglamento de la misma, se ocupó de una de las grandes problemáticas que afecta a los extranjeros que se encuentran tramitando los beneficios migratorios como el de autos, relacionada con la pérdida de vigencia de la

Fallo

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto en favor de Eduard Alexander Mujica Cristancho, en contra del Servicio de Migraciones, todos ya individualizados. Sin perjuicio de lo resuelto, se hace presente al recurrido que en atención a la fecha de la solicitud no resuelta y que motivó el presente arbitrio, debe emitir pronunciamiento a su respecto dentro de un plazo razonable. Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado. Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad. ROL N°197-2023 PROTECCIÓN

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Punta Arenas, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. VISTOS: Comparece la abogada Javiera Quelín Montaña, domiciliada en Croacia Nº 1442 de esta ciudad, interponiendo recurso de protección en favor de Eduard Alexander Mujica Cristancho, extranjero, empleado, domiciliado en Francisco Javier Reina Nº 0663, Punta Arenas, en contra del Servicio Nacional De Migraciones, representada legalmente por