RECURRENTE:ALVARO EDUARDO BARAHONA ANRIQUE:TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Hechos

Vistos y teniendo presente: 1º Que, es la propia ley relativa al cobro de obligaciones tributarias, la que reiteradamente asigna la calidad de juez sustanciador al Tesorero Comunal y le entrega la resolución de materias propias de dicha condición y ajenas al ámbito administrativo, como es el juicio ejecutivo, todo lo cual hace aplicable de manera supletoria las disposiciones comunes a todo procedimiento, por lo cual es procedente el abandono del procedimiento de darse los requisitos establecidos en el artículo 152 y 153 del Código de Procedimiento Civil. 2º Que, en este mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema, agregando que “el proceso de cobranza tramitado en el expediente administrativo seguido ante el Tesorero Comunal respectivo y luego ante la Abogado Provincial pertinente, es de naturaleza jurisdiccional, y está sometido al tribunal competente llamado por ley a conocer de tal asunto” (SCS Rol N° 12.362-11 de 28 de enero de 2013. v.t. SCS Rol Nº 4356-10 de 13 de diciembre de 2012). 3º Que, del examen del procedimiento que nos convoca, se constata que la fecha de la última resolución recaída en alguna gestión útil para dar curso al apremio en los cuadernos administrativos Roles N°505-2005 de Palmilla se efectuó con fecha 29 de junio de 2005, mediante la cual Tesorería General de la República procede a notificar y requerir de pago al contribuyente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 inciso 1° del Código Tributario. Luego de ello, no existió gestión alguna destinada al cobro de la obligación tributaria, inactividad que se extendió por un lapso superior a los quince años, por lo que en la especie se configuran a cabalidad los requisitos del abandono del procedimiento incoado con fecha 27 de octubre de 2022, lo que lleva a revocar la resolución en alzada. Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 152, 153 y 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se resuelve que se revoca la resolución apelada, dictada con fecha

Fallo

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 152, 153 y 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se resuelve que se revoca la resolución apelada, dictada con fecha 10 de noviembre de dos mil veintidós, en los autos Rol N° N°505-2005, por la Tesorería Provincial de Colchagua-San Fernando, escrita a fojas 15 y siguientes, en cuanto rechazó el incidente y en su lugar se decide, que se declara el abandono del procedimiento solicitado por el abogado Manuel Lisboa Cordero, en representación del contribuyente Alvaro Eduardo Barahona Anrique, RUT 7.928.043-7. Se previene que la Ministra Sra. Marcela de Orúe Ríos, concurre a la decisión de revocar teniendo presente el excesivo tiempo que ha transcurrido desde la última gestión útil realizada en la causa, que implica un decaimiento del procedimiento administrativo y una falta al deber de diligencia que los órganos de la Administración deben tener en la realización de sus funciones, más si ello conlleva una grave afectación patrimonial del ejecutado, que únicamente puede solucionarse mediante el instituto del abandono del procedimiento. Agréguese copia de la presente resolución en el expediente administrativo. Regístrese, comuníquese y devuélvase. Rol I. Corte 36-2023-Civil. Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.

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C.A. de Rancagua Rancagua, veintiuno de marzo de dos mil veintitrés. Vistos y teniendo presente: 1º Que, es la propia ley relativa al cobro de obligaciones tributarias, la que reiteradamente asigna la calidad de juez sustanciador al Tesorero Comunal y le entrega la resolución de materias propias de dicha condición y ajenas al ámbito administrativo, como es el juicio ejecutivo, todo lo cual hace a