GUTIERREZ/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBL

Hechos

Vistos: 1°.- Comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, Abogado, y don Joaquín Andrés Contreras Roa, abogados, por sí y a favor de doña STEFANY LISETH GUTIERREZ QUINTERO, empleada, de nacionalidad venezolana, domiciliada para estos efectos en Avenida Los Dominicos 1748, Comuna Chillán, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado legalmente por su Director Nacional, don Luis Eduardo Thayer Correa. Indica que la recurrida no se ha pronunciado sobre su solicitud de Nacionalización, pese a haber transcurrido un excesivo lapso desde la presentación de la misma. Dicha omisión arbitraria e ilegal conculca los principios de celeridad, conclusivo y de inexcusabilidad al infringir el artículo 27 de la ley 19.880, y, al mismo tiempo, vulnera el derecho fundamental de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República. Hace presente que el actor solicitó con fecha 09 de agosto de 2022, la permanencia definitiva, sin embargo, según la información recabada, su petición actualmente se encuentra pendiente. Así las cosas, la solicitud de nacionalización no ha sido resuelta por la administración, ni se ha liberado a la recurrente de la orden de giro correspondiente al beneficio solicitado, lo que la mantendría en una situación de preocupación e incertidumbre. Estima vulnerada la garantía constitucional de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución y los principios establecidos en los artículos 4, 7, 8 y 14 de la Ley N° 19.880, por los

Fundamentos

motivos que indica. Solicita a esta Corte, ordenar a la recurrida que se pronuncie sobre la solicitud de nacionalización en un plazo no superior a 30 días corridos, o el se estime conforme al mérito de autos, y en general se adopten las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho, todo lo anterior con expresa condena en costas. 2°.- Que, al informar don Nicolás Cornejo Montenegro, abogado de la Dirección Regional de Ñuble del Servicio Nacional de Migraciones, señala que el recurrente solicitó la solicitud de nacionalización con fecha 09 de agosto de 2022, la cual, se encuentra a la fecha en etapa de Recepción de antecedentes adicionales por clave única. Sostiene que el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 entra en la categoría de “no fatales”, debido a que la ley no declara expresamente que tenga dicha naturaleza, como tampoco existe alguna sanción de caducidad asociada a éste. En consecuencia, se impone como un plazo no fatal, esto es, un plazo referencial para la administración, no perentorio y posible de ser prorrogado. Solicita el rechazo de la acción cautelar estimando que no se ha incurrido en ninguna conducta ilegal o arbitraria. 3º.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo. 4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que ésta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 6°.- Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N° 19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior resulta congruente

Fallo

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas el recurso de protección interpuesto en favor de STEFANY LISETH GUTIERREZ QUINTERO, en contra del Departamento de Extranjería y Migración, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile. Notifíquese. En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese. R.I.C. 400-2023-PROTECCIÓN.- 3

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Chillán, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Vistos: 1°.- Comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, Abogado, y don Joaquín Andrés Contreras Roa, abogados, por sí y a favor de doña STEFANY LISETH GUTIERREZ QUINTERO, empleada, de nacionalidad venezolana, domiciliada para estos efectos en Avenida Los Dominicos 1748, Comuna Chillán, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Na