EXUME/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Hechos

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 1°) A folio 1, con fecha 12 de febrero pasado, comparecen los abogados doña Carolina Hidalgo Fiol y don Juan Pablo Collao Arenas, actuando en favor de Matilde Elena Perdomo De Padron, cédula de identidad N°26.673.635-5, casada, vendedora; Maryurie Milian Romero, cédula de identidad N°27.017.155-9, casada, licenciada en administración de recursos humanos; Rosmery Joselyn Rodríguez Pineda, cédula de identidad N°26.545.254-K, casada, diseñador gráfico; Jesús Alberto Carruyo León, cédula de identidad N°26.497.904-8, casado, ingeniero civil; Jeremy Anthonell Escalona Lucena, cédula de identidad N°27.446.562-K, soltero, estudiante; Karen Lorena Sanches Acosta, cédula de identidad N°26.790.139-2, soltera, vendedora; Yessenia Aymara Escalona Lucena, cédula de identidad N°26.069.511-8, soltera, garzona; David José Quiñones Salas, cédula de identidad N°26.349.738-4, soltero, administrador, todos de nacionalidad venezolana; y, de Wadlet Exume, cédula de identidad N°25.999.683-K, soltero, empleado, de nacionalidad haitiana, domiciliados solo para los efectos de este recurso en Portal del Inca 5, Diego de Almagro, región de Atacama, interponiendo acción de protección de garantías constitucionales en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por privar y/o perturbar, en forma ilegal y arbitraria, los derechos de los recurrentes, garantizados en el artículo 19 en su número 2 de la Constitución Política de la República, es decir, la Igualdad ante la ley, de manera de restablecer el imperio del derecho y asegurar su protección como afectados, todo conforme a los argumentos de hecho y de derecho que pasan a exponer. Exponen que las personas a cuyo favor accionan, tras ingresar al país y obtener visas temporarias o de responsabilidad democrática, en su caso, solicitaron la residencia definitiva, a través de la plataforma on line dispuesta por el Servicio recurrido, entre junio de 2019 y junio de 2021, sin que hasta le fecha se haya concluido la tramitaci

Fallo

fallo de fecha 20 de junio de 2022. Asimismo, desestimando esta vía como idónea, sostiene que en la especie es aplicable el mecanismo de silencio administrativo, específicamente el negativo, establecido en el artículo 65 de la Ley N° 19.880, debiendo entenderse rechazada la solicitud planteada por la parte recurrente, dado que la misma tiene por objeto la concesión de un permiso de residencia, el cual por regla general e imperativa se encuentra sujeto al pago de derechos, cuyo monto es determinado a través de los mecanismos establecidos por el artículo 40 de la Ley N° 21.325, estimando que la solicitud de la contraparte afecta el patrimonio público, en concreto, el patrimonio de la autoridad migratoria. Cita al efecto el voto disidente del ministro de la Excma. Corte Suprema don Jean Pierre Matus, en sentencia de 7 de julio de 2022, causa rol N° 22.684-2022. Sin perjuicio de lo anterior, indica que tampoco se ha solicitado la debida certificación ante ese Servicio en orden a que la solicitud respectiva no ha sido resuelta dentro del plazo establecido por la Ley N° 19.880, pudiendo hacerlo, siendo ésta la vía adecuada para hacer efectivo el principio de celeridad establecido en dicho cuerpo legal. De otro lado, destaca los perjudiciales efectos que ha producido el sostenido aumento en la interposición de acciones constitucionales, tanto de protección como amparos, con el objeto de acelerar la tramitación de una solicitud ante esa autoridad migratoria, siendo la consecuencia

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C.A. de Copiapó Copiapó, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 1°) A folio 1, con fecha 12 de febrero pasado, comparecen los abogados doña Carolina Hidalgo Fiol y don Juan Pablo Collao Arenas, actuando en favor de Matilde Elena Perdomo De Padron, cédula de identidad N°26.673.635-5, casada, vendedora; Maryurie Milian Romero, cédula de identidad N°27.017.155-9, casa