VILORIA/COMPIN R.M.

Hechos

Vistos y teniendo presente: Primero: Que comparece Juan Carlos Bello Pizarro, abogado, en representación de Víctor Antonio Viloria González, médico general, interponiendo recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana, en adelante “COMPIN”, representada legalmente por su presidenta doña Silvana Díaz Vera, por las consideraciones de hecho y derecho que expone. Señala que su representado es médico y que en ese contexto emite determinadas licencias médicas. El día lunes 14 de septiembre del año 2022, por medio de correo electrónico, se le notificaron 1.950 resoluciones administrativas que van desde el ORD. N°830612 al ORD. N° 832560, por medio de las cuales la Presidente de la COMPIN exige a su representado que en cada una de ellas se emita un informe y se acompañen los antecedentes médicos complementarios que justifiquen la licencia médica de referencia, individualizada con el nombre del paciente, el R.U.T. y el número de la licencia, otorgando para este fin el término de tres días hábiles. Señala que para la elaboración de cada uno de los informes se requiere una labor compleja de búsqueda de antecedentes, organización y análisis del material para terminar con la redacción concientizada del mismo. Además, hace presente que se están solicitando antecedentes que, en ocasiones, están protegidos por la Ley N° 19.628, tratándose datos sensibles del paciente, siendo necesaria su autorización. Agrega que la gran mayoría de las licencias que la recurrida cuestiona, no fueron objetadas en su momento, sino autorizadas y normalmente cursadas, pagándose los subsidios correspondientes. Por otro lado, indica que otras que fueron primeramente rechazadas, se entregaron a tiempo a los informes correspondientes, por lo que estos ya se encuentran en poder y disposición de la COMPIN, resultando innecesario, contraproducente e ilógico que nuevamente se requiera dicha información. Explica que los requerimientos se efectúan e

Fallo

En mérito de lo expuesto, solicita el rechazo del recurso de protección, con costas. Tercero: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo, que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal, que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, debiendo ésta Corte adoptar frente a tal contingencia alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión. Asimismo, se ha sostenido, que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino, que su real objeto, está constituido, precisamente, por la cautela de un derecho indubitado. Cuarto: Que efectivamente la recurrida goza de potestades fiscalizadoras y así también lo reconoce el recurrente. Tal prorrogativa se regula expresamente en la Ley N°20.585, sobre oto

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C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Vistos y teniendo presente: Primero: Que comparece Juan Carlos Bello Pizarro, abogado, en representación de Víctor Antonio Viloria González, médico general, interponiendo recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana, en adelante “COMPIN”, representada legalmente por