IRDE ALFONSO PIMENTEL SEQUERA Y OTROS/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Hechos

VISTO: Comparece don PABLO DANIEL PEÑALOZA PARRA, abogado, y don JOAQUÍN ANDRÉS CONTRERAS ROA, abogado, cédula de identidad para extranjeros N°25.899.707-7, por sí y a favor de don IRDE ALFONSO PIMENTEL SEQUERA, empleado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°27.168.006-6, don ODERSON ROMELUS, empleado, de nacionalidad haitiana, cédula de identidad para extranjeros N°26.846.431-K y don ELISAUL ERNESTO RIVERA SANDIA, empleado, de nacionalidad venezolana, cedula de identidad para extranjeros N°26.971.455-7, domiciliados para estos efectos en el Pasaje Purén N°397, Comuna Coronel, Región del Biobío, deduciendo recurso de Protección en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representado por el señor Luis Thayer Correa, Sociólogo, con domicilio en San Antonio 580, comuna Santiago, Región Metropolitana de Santiago por la omisión ilegal y arbitraria en emisión de resolución exenta que pone fin al procedimiento administrativo aprobando o rechazando sus respectivas solicitudes de residencia definitiva.— En relación a los antecedentes de los recurrentes, señalan que los recurrentes ingresaron al país en calidad de turista, y que estando dentro del territorio cambian su condición migratoria a residentes temporarios por visas otorgadas con el propósito de establecerse y desarrollar sus proyectos de vida en Chile. En particular, señalan que ODERSON ROMELUS, solicita el beneficio migratorio de permanencia definitiva con fecha 18 de diciembre de 2020; y que con fechas 08 de enero de 2022, 18 de diciembre de 2020 y 01 de julio de 2020, los recurrentes IRDE ALFONSO PIMENTEL SEQUERA Y ELISAUL ERNESTO RIVERA SANDIA, solicitan el beneficio migratorio de permanencia definitiva. Destacan que sólo respecto el recurrente RIVERA se produce avance de análisis el 20 de octubre de 2021.— Este actuar se constituye en ilegal y arbitrario por parte la recurrida, desde que supone un trato discriminatorio

Fundamentos

CONSIDERANDO: 1°.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.— Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.— 2°.- Que, acorde a lo anotado en la parte expositiva precedente, los recurrentes tildan de ilegal y arbitraria la omisión de la recurrida de pronunciarse acerca de sus respectivas solicitudes de otorgamiento de residencia definitiva, presentadas hace larga data, y excededidos con creces los plazos legales sin que hasta la fecha la autoridad administrativa se haya pronunciado sobre éstas mediante un acto terminal que se pronuncie, sea aceptando o rechazándolas.— 3°.- Que de los antecedentes fluye que son hechos incontrovertidos los siguientes: a) El recurrente IRDE ALFONSO PIMENTEL SEQUERA, con fecha 08 de enero de 2022, presentó solicitud de permanencia definitiva, la que se encuentra actualmente en trámite, en etapa de “ANÁLISIS I, Estado Pendiente”; b) El recurrente ODERSON ROMELUS, con fecha 18 de diciembre de 2020, presentó solicitud de permanencia definitiva, la que se encuentra actualmente en trámite, en etapa de “ANÁLISIS I, Estado Pendiente”; c) El recurrente ELISAUL ERNESTO RIVERA SANDIA, con fecha 01 de julio de 2020, presentó solicitud de permanencia definitiva, la que se encuentra actualmente en trámite, en etapa de “ANÁLISIS I, Estado Pendiente”; 4°.- Que, ahora bien, lo primero que cabe advertir es la aplicación al presente caso de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 19.880, conforme al cual: “Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de seis meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”.— En este entendido, se evidencia desde luego la efectividad de lo afirmado en el recurso, comoquiera que no se ha emitido acto administrativo terminal alguno que se pronuncie sobre las solicitudes de permiso de permanencia definitiva de los recurrentes, habiendo transcurrido, desde la data de presentación de las respectivas solicitudes hasta la fecha más de un año en un caso, más de dos años en los otros, lo que no sólo desde una mirada normativa

Fallo

Por estas consideraciones, normas citadas y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de IRDE ALFONSO PIMENTEL SEQUERA , de don ODERSON ROMELUS , y de don ELISAUL ERNESTO RIVERA SANDIA , ya individualizados, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, en cuanto se ordena que dicho servicio, deberá pronunciarse, mediante un acto administrativo terminal, respecto de su solicitud de permanencia definitiva presentada, dentro del plazo de sesenta días hábiles administrativos de ejecutoriada que sea la presente sentencia y previo pago de los derechos que, en su caso, fueren procedentes.— Dicho órgano administrativo deberá informar oportunamente a esta Corte, acerca de la decisión que se adopte. Ofíciese al efecto una vez que este fallo quede firme.— Acordada con el voto en contra del Ministro titular, don Camilo Álvarez Órdenes, quien estuvo por rechazar la acción fundado en que su solicitud se encuentra en trámite, junto a “más de 500.000 solicitudes de residencia que tramita la autoridad migratoria en la actualidad”, como argumenta el servicio público recurrido, de modo que no se advierte un acto u omisión arbitrario específico y de la entidad suficiente que vulnere las garantías constitucionales de aquél, salvo la demora ostensible en obtener una decisión admi

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Concepción, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. VISTO: Comparece don PABLO DANIEL PEÑALOZA PARRA, abogado, y don JOAQUÍN ANDRÉS CONTRERAS ROA, abogado, cédula de identidad para extranjeros N°25.899.707-7, por sí y a favor de don IRDE ALFONSO PIMENTEL SEQUERA, empleado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°27.168.006-6, don ODERSON ROMELUS, empleado, de nacio