PEÑALOZA / MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Hechos

VISTO: A folio 1, comparece Marcelo Andrés Morales Valdés, en favor de don Esteban Manuel Peñaloza Díaz, Asistente Policial grado 11° en situación de retiro de la PDI, y deduce recurso de protección en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y en contra de la Contraloría General de la República, por la tardanza en el pago de su pensión de retiro y desahucio, vulnerando con ello su derecho de propiedad contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, toda vez que dicha demora le estaría le estaría causando un perjuicio económico actual y que de prosperar continuará produciendo sus efectos en el tiempo, menoscabando su única fuente de ingresos. Señala que el actor fue funcionario activo de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), siendo llamado a retiro absoluto a contar del 01 de agosto de 2022. Vencido el plazo previsto en el artículo 124 del Estatuto del Personal de la PDI, y llegada la fecha en que debía pagársele su desahucio conjuntamente con su pensión de retiro, esto es el día 02 de noviembre de 2022, aquello no se concretó, por lo que el recurrente tomó contacto con la Unidad de Pensiones de la División de Gestión y Modernización de las Policías, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, no recibiendo ninguna respuesta concreta referente a la actual tramitación administrativa y estado de su carpeta, sin saber si su expediente de retiro ya está en condiciones de ser finiquitado, contando para ello con la respectiva toma de razón por parte de la Contraloría General de la República, órgano que también se limitó a entregar respuestas evasivas y poco concretas. Solicita se ordene a los recurridos dar curso progresivo al procedimiento administrativo destinado al pago del desahucio y de la pensión de retiro del recurrente a la brevedad, estableciendo una fecha cierta, con expresa condena en costas. A folio 4, rola informe del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señalando que la acción

Fundamentos

CONSIDERANDO: Primero: Que la presente acción de protección se funda en la demora o inactividad de los entes públicos recurridos en la tramitación del retiro funcionario del recurrente, lo que afecta de forma ilegítima su garantía constitucional de propiedad. Segundo: Que, teniendo únicamente presente que, de conformidad a los informes evacuados y documentos adjuntos a la carpeta digital, específicamente Resolución N° 477 de fecha 22 de septiembre de 2022 de la Subsecretaría del Interior, tomada de razón por la Contraloría General de la República con fecha 01 de diciembre de 2022, y Oficios Ordinarios N°s. 28.031 y 28.032 de la Unidad de Pensiones y Decretos dependiente de la División de Gestión y Modernización de las Policías de la Subsecretaría del Interior, se acreditó que el procedimiento que se reclamaba retrasado ha concluido, iniciándose el pago de la pensión del recurrente, razón por la cual no existe a la fecha acto que enmendar por la presente acción, motivo suficiente para rechazar el recurso, por haber perdido oportunidad.

Fallo

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza el recurso de protección deducido en favor de don Esteban Manuel Peñaloza Díaz, en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y en contra de la Contraloría General de la República. Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad. N°Protección-170687-2022. En Valparaíso, seis de enero de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.

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C.A. de Valparaíso Valparaíso, seis de enero de dos mil veintitrés. VISTO: A folio 1, comparece Marcelo Andrés Morales Valdés, en favor de don Esteban Manuel Peñaloza Díaz, Asistente Policial grado 11° en situación de retiro de la PDI, y deduce recurso de protección en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y en contra de la Contraloría General de la República, por la tardanza en